El paro por tiempo indeterminado lanzado por los Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), que provocó cortes en rutas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos y genera problemas para
el abastecimiento de insumos y materias primas, fue ratificado aun cuando algunos piquetes fueron desalojados por la policía.
El jueves a la tarde los caminos en Santa Fe estaban completamente liberados tras una intervención del ministerio de Seguridad provincial, que ordenó distintos operativos para retirar a los manifestantes de las rutas. Entre otras medidas se identificó a quienes desarrollaban las protestas y se notificó a la Justicia.
“Esta es la línea de acción que seguiremos ante cortes de ruta de grupos sin representación gremial”, advirtió el ministro del área, Marcelo Sain. La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), entre otras, respaldaron las acciones encabezadas por el Gobierno santafesino para liberar los caminos.
Los últimos dos puntos que se mantenían con restricciones para el tránsito de carga, en las localidades de Rufino y Josefina, fueron liberados este jueves.
Santiago Carlucci, referente de la TUDA y uno de los impulsores del paro, aseguró a Clarín que en distintas rutas de Santa Fe y Córdoba fueron “reprimidos” y que los desalojaron sin orden judicial.
Sin embargo, aclaró que en Buenos Aires, Entre Ríos y Chaco, incluso en algunos puntos de Córdoba, mantienen la protesta que impide la circulación de camiones. “La medida sigue por tiempo indeterminado. Estamos estudiando nuevas estrategias”, indicó Carlucci, quien no descartó volver con cortes en lugares donde fueron obligados a retirarse.
El ministro de Gobierno de Santa Fe, Roberto Sukerman, adelantó que en caso de ser necesario la policía volverá a intervenir y que no se permitirán más cortes de rutas y autopistas.
“Tenemos que ser contundentes. Hay una decisión firme del Gobierno de la provincia de que estos cortes no se lleven adelante. Son transportistas o cuentapropistas que deben llevar adelante sus reclamos donde corresponda, pero no cortando las rutas”, planteó el funcionario.
La Unión Industrial Argentina y las Bolsas de Cereales de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, entre otras entidades, expresaron en los últimos días su preocupación porque el paro “genera daños económicos que afectan a todos los eslabones de la cadena agroindustrial y ponen en riesgo el abastecimiento para consumo interno y procesamiento, así como el ingreso de miles de camiones que no pueden acceder a los puertos de exportación”.
“Es por ello que solicitamos a las autoridades nacionales, a la Justicia y a los gobiernos provinciales que tengan a bien arbitrar las medidas necesarias tendientes a permitir recuperar rápidamente la libre circulación del transporte de cargas, de manera urgente”, indicaron en un comunicado conjunto, lanzado el miércoles, las Bolsas de Cereales y de Comercio.
La industria automotriz fue una de las afectadas. Las fábricas de Fiat y Renault pararon la producción por la falta de insumos provocada, según denunciaron, por el paro de TUDA. El mismo panorama describieron desde la Cámara del Acero.
La modalidad del paro impedía el paso de camiones con hacienda y granos, pero no de vehículos particulares, ambulancias, transporte de insumos perecederos o médicos.
“Este es un grupo de autoconvocados. Nadie sabe quiénes son. El problema es que hay un grupo de personas que tomó las rutas por su cuenta y deciden quiénes son los que transitan y quiénes no”, se quejó en diálogo con Radio Dos el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El Gobierno nacional y los provinciales sostienen que TUDA no es una entidad con representación gremial, por lo que se niegan a escuchar sus demandas. “Nación no nos reconoce, pero después de dos o tres días de protesta ya dicen que generamos desabastecimiento y que las plantas están paradas por el paro. No nos reciben. Y cuando protestamos, nos reprimen”, se quejó Carlucci.
Los empresarios del transporte de carga, donde se nuclean unos dos mil autoconvocados, señalan que el alza en los costos logísticos —entre otros incluyen combustible, peajes, inspecciones técnicas y permisos para circular— se convirtieron en un combo que llevará a la quiebra a parte del sector.
Desde TUDA indican que los aumentos en los últimos meses se duplicaron y que ese costo debería trasladarse a la tarifa y, por consiguiente, al consumidor. Por eso reclaman que el Gobierno habilite un canal de diálogo que permita encontrar alternativas. La tarifa mínima, precisan, debería ser de 85 pesos por kilómetro.
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