El presidente Alberto Fernández firmaría este viernes el DNU para extender el distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) que rige desde el 21 de diciembre y vence este domingo.
La medida, que se publicaría en las próximas horas en el Boletín Oficial, se extenderá hasta el 28 de febrero. Sin grandes cambios, en el Ejecutivo temen que el reinicio de clases presenciales acelere la llegada de la segunda ola de coronavirus.
La demora ya oficializada de la entrega de vacunas Sputnik V no empujó al Gobierno, por ahora, a tomar medidas más restrictivas. Por el contrario, en el Ejecutivo trabajan con una premisa más optimista: en las últimas semanas se registró un amesetamiento del número de contagios que se disparó en los primeros días del año.
Con ese diagnóstico, el gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió esta semana que podría extender el horario de cierre de los establecimientos de las localidades turísticas que lo restringieron tras el alza de casos.
Sin embargo y si bien el Presidente aseguró que las clases presenciales comenzarían en marzo, en la Casa Rosada hay preocupación por un posible rebrote de la epidemia ante la circulación de miles de chicos y el uso del transporte público. El infectólogo Pedro Cahn, integrante del comité de médicos que asesora al jefe de Estado, exteriorizó días atrás esa misma encrucijada. “No es cierto que los chicos no son transmisores del virus. Los chicos se contagian y contagian. La escuela no tiene por qué ser un foco de contagio, pero depende cómo se maneje. Vos abrís las escuelas, que me parece perfecto, pero ¿cómo viaja la gente?”, planteó en una entrevista reciente con FM Millenium.
Por ese motivo, el Gobierno barajó la opción de extender el DISPO por tan solo 2 semanas en lugar de 4. Finalmente el DNU no traería grandes cambios. El Presidente, sin embargo podría plasmar nuevos cambios durante el transcurso del mes.
En su artículo 24, el DNU que vence el domingo faculta a las provincias a reanudar los ciclos presenciales -según los criterios epidemiológicos definidos por le Consejo Federal de Educación fijados en julio y en octubre- y otorga al ministerio de Educación nacional que conduce Nicolás Trotta la autoridad para avalar o rechazar los planes de los distritos. El Consejo Federal volvería a reunirse de manera presencial el 12 de febrero y podría plasmar un nuevo “semáforo” para regular el reinicio de clases.
Mientras negocia con los gremios docentes, la Ciudad ya marcó en el calendario el inicio de clases presenciales: el 17 de febrero. En la misma fecha comenzarían en Santa Fe. Córdoba hará lo propio el 19 de febrero para los alumnos de los últimos años del primario y el secundario. La Provincia, en tanto, iniciaría el año lectivo el 1 de marzo como la mayoría de los distritos. En todos los casos la presencialidad será paulatina.
Mientras tanto, como adelantó Clarín, 150 mil militantes de movimientos sociales nucleados en la UTEP (ex CTEP) comenzaban este fin de semana tareas de concientización en las 4.400 villas y asentamientos de todo el país. Una red de educadores populares brindará apoyo escolar. Las organizaciones pretenden registrar el grado de deserción en los barrios más postergados del país. El ministerio de Educación se guía por ahora con los números del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE) que registró que en 2020 un millón de chicos (el 10 por ciento de la matrícula nacional) perdió vinculo con la escuela. Buscan rastrearlos y recuperarlos con el programa Acompañar que incluye actividades culturales y recreativas. En la oposición plantean que cerca de 1,5 millones de alumnos abandonaron la escuela durante la pandemia.
Para tomar la decisión de extender el DISPO, el Presidente no convocó a los 24 gobernadores para mantener una videoconferencia y debatir la situación epidemiológica en las jurisdicciones. La última había sido el 6 de enero, cuando Fernández sondeó la posibilidad de tomar medidas más restrictivas en acuerdo con los mandatarios provinciales. Finalmente el supuesto consenso “unánime” del que hablaron en Casa Rosada derivó en un nuevo decreto del 8 de diciembre que recomienda nuevas variables para medir la situación sanitaria en las jurisdicciones.
Esta vez, el Presidente terminó de ultimar los detalles del nuevo DNU con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra el jueves por la noche. Estamparía la firma este vienes, luego de participar de una reunión con el Grupo de Puebla desde su despacho en Balcarce 50.
El Gobierno busca optimizar la aplicación de vacunas. Como informó Clarín hasta el momento solo 51 mil personas recibieron las dos dosis de la Sputnik V, del grupo original de 300 mil. De todos modos, tal como precisan en el Ejecutivo la segunda dosis debe aplicarse 20 días después y antes de los 60 días de la primera.
El Presidente ya hizo públicas las negociaciones con otros laboratorios como Sinopharm, Sinovac y Jenssin para adquirir más vacunas. Felipe Solá se refirió al reparto de vacunas y a su impacto en la economía. “Estamos ante una crisis sin precedentes para la economía mundial, debido al fuerte impacto económico y social de la pandemia, que esperamos pueda ir resolviéndose en la medida en que se avance en la vacunación en todos los países de un modo equitativo y accesible”, sostuvo durante su participación en la reunión interministerial de la OMC.
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