Las denuncias por corrupción contra Gildo Insfrán se acumulan en la Justicia Federal de Formosa

como responsable de delitos vinculados a operaciones de lavado de dinero y sobreprecios en la obra pública.

Se suman a otras acusaciones en las últimas semanas por los centros de aislamiento utilizados en Formosa medio de la pandemia de Covid-19. Por ese mismo motivo, hay cuatro denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante los 25 años que Gildo Insfrán lleva gobernando Formosa de forma ininterrumpida, las denuncias en su contra -en su mayoría realizadas por la UCR-, son cuantiosas. En sede provincial los diputados y concejales opositores ya perdieron la cuenta, “imaginate tantos años frente a la administración provincial, con su estilo tan particular”, dijo uno de los asesores del diputado radical Martín Hernández.

La atención está colocada, sin embargo, en un fuero en particular: la Justicia Federal de Formosa. Allí se radicaron al menos 6 denuncias por lavado de dinero y corrupción en la obra pública, como también una por presunto espionaje ilegal. Ninguno de los expedientes avanzó de manera sustancial; algunos ya acumulan más de 7 años desde que se iniciaron. 

En cuanto al delito de blanqueo, se realizó una denuncia inicial por los dichos de Juan Martínez Rojas realizados en una entrevista con el canal Todo Noticias (TN). Luego, el diputado formoseño Martín Hernández (UCR) sostuvo que la posible existencia de “datos y elementos probatorios sobre una operación de lavado de activos que se habría cometido reiteradamente con la complicidad de otros funcionarios, con la finalidad de beneficiarse con dinero de origen ilícito –cohecho o “retornos”- de “refacturaciones” (redeterminación de precios) de contratos de obra pública en la provincia de Formosa”.

Tiempo después, una denuncia de similares características fue radicada en Justicia Federal con asiento en la provincia, planteado maniobras similares. Fue formulada por la Unión Cívica Radical.

A partir de 2016 las denuncias por corrupción se fueron acumulando. A ese mismo ritmo otros expedientes se abrieron vinculados a Lázaro Báez. El diputado Hernández denunció sobreprecios en la adjudicación de rutas a Lázaro Báez.

Para las licitaciones ganadas en suelo formoseño, el ex socio comercial de Cristina Kirchner utilizó la firma “Sucesión Adelmo Biancalani”. La denuncia sostiene que la empresa quedó a cargo de una obra organizada en tres licitaciones por un monto inicial de $ 500.264.450. Báez cobró por trabajos que no realizó.

En la denuncia se consignó que Báez recibió “importantes sobreprecios”. Recibió otra obra de 24 kilómetros de pavimento que se licitó por $ 70 millones y la terminó cobrando $ 109 millones. La entregó cuatro años más tarde.

Hubo más. Los referentes radicales de la provincia se enfocaron en un expediente en la adquisición de propiedades por parte del gobernador kirchnerista. Se le pidió a la Justicia que investigue la presunta compra de 25.000 hectáreas en Posadas. En las operaciones inmobiliarias aparecía como testaferro un ex asesor de Insfrán cuando éste era presidente de la Legislatura de la Provincia de Formosa.

“A estas propiedades rurales, que solicito investigue V.S. para determinar el origen de los recursos utilizados para comprarlas, deben sumarse las urbanas, como el lujoso departamento en la Torre Le Parc Figueroa Alcorta, ubicado en Av. Presidente Figueroa Alcorta 3535, en el barrio de Palermo”, dice la denuncia a la que accedió Clarín.

Gildo Insfrán, se remarcó en el expediente bajo investigación, es dueño de “numerosos departamentos en el barrio cerrado “Quartier Las Marías” de Avenida Mariscal López y Coronel Machuca, Fernando de la Mora, departamento Central, República del Paraguay. En su denuncia la oposición pidió que se determine el origen de los fondos utilizados por Insfrán, que “claramente provienen de operaciones de lavado de dinero”, recalcaron.

El presunto espionaje ilegal, es otra denuncia que recae sobre el gobernador. Fue en 2015 cuando salió a la luz el “Insfránleaks”, un conjunto de mails que serían parte de un “sistema de informes sobre la actividad política de miembros de la oposición, líderes de la comunidad wichí, incluso periodistas”, según sostiene la denuncia presentada. Nada progresó demasiado.

El Fuero Federal cuenta en Formosa con dos juzgados. En uno fue nombrada recientemente la magistrada María Belén López Macé, designada por el presidente Alberto Fernández.

Será quien tenga que intervenir en los dos hábeas corpus presentados por el senador Luis Naidenoff y el concejal Miguel Alfredo Montoya. Denunciaron que en los centros gubernamentales de aislamiento que funcionan en la provincia de Formosa “se están produciendo violaciones a derechos humanos de índole constitucional y convencional”.

Este planteo llegó ante la CIDH y allí ya se realizaron cuatro presentaciones en contra de Gildo Insfrán, mientras la Casa Rosada sostuvo que no existe violación a los derechos humanos en Formosa.

Esa jurisdicción también tendrá que resolver sobre el caso por un pago millonario a la firma The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, señalado testaferro de Amado Boudou. Insfrán imputado en el expediente ya fue indagado y ahora será la Justicia Federal de su provincia la que defina si lo procesa, o no, por esa maniobra vinculada al caso Ciccone.

Mirá también

Amnistía advirtió que si el Estado no da una respuesta por la situación en Formosa, acudirán a “la instancia internacional”

Graciela Fernández Meijide, sobre la visita de Horacio Pietragalla a Formosa: “¿No sabe lo que es un crimen de lesa humanidad?”