Se cumplió un mes de
Promulgación e implementación de la ley del aborto
Con un acto en el Museo del Bicentenario, a mitad de enero el presidente Alberto Fernández promulgó la ley que permite la entrada en vigencia de IVE. Al día siguiente, el Gobierno formalizó la promulgación del aborto a través de la publicación en el Boletín Oficial de los respectivos decretos firmados por el mandatario.
Y para garantizar el acceso a la norma, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva difundió el 0800 222 3444, contacto al que cualquier persona del país puede llamar para denunciar obstáculos en la atención o pedir información. Según fuentes oficiales, en las últimas semanas las consultas y llamados al número de teléfono crecieron más del doble.
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A estas medidas, se les sumó, además, la habilitación de parte del Gobierno de un formulario para denunciar obstaculizaciones al acceso a la IVE. Se trata de una vía de reclamo dentro del área de Defensa del Consumidor, que está en la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo.
“Si la farmacia, obra social o prepaga te negó o restringió el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, completá este formulario de reclamo. Todos tus datos son confidenciales. Una persona de nuestro equipo se contactará con vos a la mayor brevedad”, señala el aplicativo.
La aplicación de la ley del aborto en las provincias
Tras la sanción de la norma, cada provincia evalúa sus estrategias de implementación en coordinación con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.
Para llevar a cabo la ley, esta Dirección compró 35.000 tratamientos de misoprostol durante 2020 y el gobierno nacional previó la compra de más del doble de misoprostol que el año pasado. Las dosis se distribuyen a través del programa Remediar a las direcciones provinciales de Salud Sexual y Reproductiva y a centros de salud.
Sin embargo, en San Juan y Mendoza la venta de misoprostol está prohibida en las farmacias, lo que dificulta el acceso a la ILE, según consigna el diario Página 12.
A contramano, en provincia de Buenos Aires ya se oficializó la aprobación de la “Guía de Implementación de la Interrupción del Embarazo” para la aplicación de la ley en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención de la provincia.
Tras el caso de Chaco, exigen que el “aborto legal sea aplicado en todo el país”
Y en la Ciudad de Buenos Aires, ya se cuenta con el nuevo formulario de consentimiento informado. Por su cuenta, en Salta el juez federal Julio Leonardo Bavio rechazó una medida cautelar que pretendía suspender la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El freno en Chaco
Las complicaciones se profundizaron dos semanas después cuando, el 28 de enero, la jueza de feria Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial número 19 de Resistencia, hizo lugar a una medida cautelar y suspendió la aplicación de la ley de aborto en Chaco.
En la medida, los demandantes, encabezados por Hilda Beatriz Dellamea, entre otros referentes de Fasta (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), pidieron que se declare la inconstitucionalidad de la ley promulgada. En su presentación, este grupo de personas argumentaron que el Art.15 Inc.1 de la Constitución Provincial garantiza el derecho “a la vida y a la libertad, desde la concepción” a todas las personas.
En este marco, organizaciones de derechos humanos exigieron que “se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo” en todo el país. “Se trata de un derecho conquistado en un proceso democrático, tras un largo debate en el Congreso”, resaltaron en un comunicado Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Mujeres x Mujeres y Fundeps
“El fallo de la jueza chaqueña Marta Beatriz Aucar de Trotti, que hizo lugar a una medida cautelar y suspendió la aplicación de la ley de aborto en Chaco, me pareció una barrabasada. La ley que aprobó el Congreso es de carácter nacional y, por ende, de aplicación obligatoria en toda la nación”, expresó León Arslanián, abogado constitucionalista, ex juez, ex ministro de Seguridad bonaerense y ex ministro de Justicia y DD.HH. de la Nación, según consignó la agencia NA.
