Prisión preventiva para dos policías y dos patovicas acusados por la muerte de un joven en Rosario

Aunque aún no se conoce la causa del fallecimiento, la Fiscalía planteó por primera vez la acusación por homicidio en relación al caso registrado hace casi un año, cuando hallaron el cuerpo de la víctima flotando en el rio Paraná frente al local al que había ido a bailar dos días antes.

La audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal originalmente había sido solicitada para revisar la medida cautelar que ya estaba cumpliendo Gabriel Nicolossi, el único de los involucrados que ya estaba tras las rejas. En base a evidencia científica recibida en los últimos días, los investigadores ahora lo señalaron como coautor de un “apriete o amedrentamiento” después de que una empleada de seguridad echara al joven de las instalaciones de Ming River House.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) afirman que a “Bocacha” lo acorralaron contra la baranda de la costanera entre las 4.30 y las 5 de la mañana. Junto al subinspector de 38 años estaba su pareja Karina Gómez, de 41, detenida el último sábado en su casa de Ibarlucea. Ambos prestaron servicios adicionales esa noche y ya habían sido imputados por incumplimiento de sus deberes al denunciar que el muchacho había caído al agua esa madrugada. A partir de varios testimonios, aseguran que en ese momento también intervino Fabián Maidana (53), el encargado de seguridad del boliche, y Emiliano López (30), uno de los patovicas.

Los primeros informes del Cuerpo Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación arrojaron que el cuerpo de la víctima tenía seis golpes, pero no se pudo determinar si los mismos son la causa de la muerte. Varios testigos afirman que a Carlos le pegaron cuando lo echaron del boliche por un altercado con una empleada a cargo de vigilar el VIP. A partir del análisis de diatomeas del cadáver y el agua extraída en la zona, el fiscal Patricio Saldutti aseveró sobre el momento de la caída al agua: “Sabemos que ingresó al río Paraná con vitalidad”.

“No hay constancia de que le hayan quitado la vida sobe el muelle”, aclaró el funcionario judicial a la hora de repasar las declaraciones y otras pruebas. Sin embargo, consideró que el hecho ocurrido en Ming fue un homicidio simple con dolo eventual, cuya pena mínima es de 8 años de prisión. Desde el punto de vista legal, argumentó que las cuatro personas detenidas “determinaron a Orellano a caer hacia su muerte“. En este sentido, enfatizó: “Incluso cuando no haya sido su última intención, lo continuaron rodeando y agrediendo, le dieron como única via de escape la baranda del río”.

Las defensas de los policías y los patovicas rechazaron la hipótesis del MPA en base a la evidencia presentada y consideraron que se trató de un accidente. Además esgrimieron que “Bocacha” estaba borracho, aunque los exámenes sólo arrojaron que tenía 0,2 gramos por litro de sangre, apenas por encima del mínimo detectable. “Lo único que intentaron fue traer al muchacho de la baranda ante el peligro que implicaba para su vida. No podían representanrse el resultado de la muerte”, manifestó el abogado de López y Maidana.

Luego de escuchar a las partes, el juez Gustavo Pérez de Urrechu rechazó la liberación de los acusados y dispuso que continúen bajo arresto por el plazo de ley. Así prosperó el pedido del MPA para garantizar el avance de la investigación a la espera del informe final de la autopsia y el análisis genético de muestras de sangre recogidas en un baño de Ming, algo que consideran “clave” para modificar la imputación actual.

Rosario. Corresponsalía.

SC

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