
Cuando el oficial de la Bonaerense Matías Ezequiel Martínez (25) mató a Úrsula Bahillo (18), la impotencia fue tanta que despertó la bronca colectiva de todo Rojas primero, y
del resto de la sociedad un instante después. Protestas, reclamos de amigos y familiares, derivaron en una brutal represión horas despues del crimen, cuando los vecinos fueron contra la comisaría local tras conocerse que la víctima, incluso su madre, habían denunciado al femicida en reiteradas ocasiones. El paso del agente por la fuerza de seguridad provincial delata un perfil impactante. Violencia, abusos y amenazas.
Martínez era policía desde abril de 2015, estaba de licencia psiquiátrica desde el 8 de septiembre del 2020, algo que -denuncian- había surgido como una estrategia para evadir las sanciones ante las reiteradas denuncias por violencia de género y continuar cobrando un proporcional del salario. En el medio, en tan solo cinco años, su accionar fue siempre cuestionado.
“Una personalidad difícil”, le detallaron a Clarín allegados a Martínez y con conocimiento de su paso por la Policía. Fueron cinco años muy particulares, que incluyó denuncias, violencia y hasta una violación, además de una amenaza impactante. Una conducta que le valió la apertura de varios sumarios.
“Si me trasladan, tiro una bomba”, le dijo por teléfono a una superior tras ser notificado de un cambio de destino para seguir con sus funciones. Esto le valió un sumario en mayo de 2019. Esa violenta respuesta fue partir de la decisión de la Policía de trasladarlo a Nueve de Julio, luego de un largo peregrinar de otra de las víctimas de Martínez. Belén M. ex pareja del femicida, lo había denunciado por violencia de género en junio de 2017.
“A él lo trasladaron a Nueve de Julio para cuidarlo, ahí fue cuando cometió la violación… me lo contó su mamá, que se comunicó conmigo”, añadió. Ya en esa ciudad, y con su nueva pareja, siguieron los maltratos que culminaron con el abuso sexual a una menor de edad, discapacitada. La víctima era su cuñada y fue su propia novia el que lo denunció.
Allí se inició una causa en fiscalía de Dolores y en una Cámara Gesell, realizada en diciembre 2020, la menor corroboró los detalles de la denuncia.
Todo ese encadenamiento de hechos lo tenía a Martínez en una situación “límite”, al borde de la desafectación. Tras cada incidente, se le hicieron exámenes de sanidad, pero recién en el caso de la menor violada le aplicaron suspensión, restricción a tareas administrativas y le sacaron el arma reglamentaria. Pero seguía libre y eso terminó con la vida de Úrsula.
De acuerdo a lo informado, el 28 de enero pasado la madre de Bahillo había denunciado a Martínez por los delitos de amenaza y desobediencia, cuyo expediente era seguido por el fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, el mismo que ahora tiene a su cargo la causa por el femicidio.
Asimismo, el 5 de febrero se reiteraron las denuncias hacia Martínez por amenazas y desobediencia, y en esa oportunidad la UFI 3 de Junín instruyó la causa. En tanto, el femicida de Úrsula debía presentarse el próximo 18 de febrero a una audiencia ante el Juzgado en lo Correccional 1 departamental, en el marco de un juicio por el delito de “amenazas calificadas” contra una expareja (Belén M.)
En medio de la indignación colectiva por la ausencia de medidas de protección a la víctima, a pesar de las reiteradas denuncias por violencia, la bronca también alcanzó a la familia de Martínez. A través de redes sociales acusaron a sus hermanas de encubrirlo y de negar las denuncias previas por otros hechos de violencia contra ex parejas. Tanto fue así que amenazaron incendiar su casa y, según advirtieron, tuvieron que escapar por miedo a las represalias.
El femicida tiene dos hermanas mellizas de 19 años, casi la misma edad que tenía Úrsula, con quien tuvo una relación durante siete meses. Están al cuidado de su mamá, que tiene una enfermedad. Loana Martínez dijo a C5N que su hermano “va a tener pagar por lo que hizo” y agregó que su familia “no tiene nada que ver con eso”.
“Estamos muy mal. Todavía no hemos caído de todo lo que está pasando. La familia está mal porque lo que pasó fue algo muy feo con Úrsula. Tuvimos que irnos de mi casa por amenazas. Somos víctimas y lo sentimos. Lo que hizo mi hermano, nadie lo defiende y lo va tener que pagar”, insistió.
También reconoció que sabía que su hermano tenía una restricción de acercamiento y denuncias previas, aunque negó haber visto situaciones de violencia entre ellos. “Yo en mi casa nunca vi algo violento, verbal o físico. Nunca vi nada”, expresó.
Preocupadas por la violencia que generó el femicidio, contó que se tuvieron que mudar por las amenazas. “Yo estoy igual que todos. Estamos en shock. Mi hermano no mataba una mosca, aunque sabíamos que tenía denuncia”, reconoció. Como en la mayoría de los casos de violencia de género, las agresiones ocurren en el ámbito privado para que el agresor pueda asegurarse impunidad.
GL
TEMAS QUE APARECEN EN ESTA NOTA
COMENTARIOS CERRADOS POR PROBLEMAS TÉCNICOS.ESTAMOS TRABAJANDO PARA REACTIVARLOS EN BREVE.
Comentar las notas de Clarín es exclusivo para suscriptores.
Clarín
Para comentar debés activar tu cuenta haciendo clic en el e-mail que te enviamos a la casilla ¿No encontraste el e-mail? Hace clic acá y te lo volvemos a enviar.
Clarín
Para comentar nuestras notas por favor completá los siguientes datos.





