La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles el recurso de casación presentado por la representante de Helicopter Corporation S.A. –integrada por el “Corcho” Rodríguez- contra la confirmación del embargo
dispuesto a dos helicópteros de esa sociedad en la causa Odebrecht.
En la causa en la cual se dictó la medida cautelar al vincularse a Helicopter Corporation S.A. con el entramado de personas jurídicas y físicas analizadas en el expediente denominado “Odebrecht-Aysa”.
La decisión la tomó la sala III integrada por la doctora Liliana Catucci, como presidenta, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky.
En la causa están procesados por administración fraudulenta y cohecho miembros de las sociedades involucradas y funcionarios de AYSA y del por entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, entre ellos, Julio De Vido.
La causa busca determinar la existencia de acuerdos entre funcionarios públicos y empresarios particulares para direccionar la licitación de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui. Fue durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner.
Las empresas que resultaron beneficiadas por la licitación fueron, por un lado, la UTE integrada por “Norberto Odebrecht S.A.” , “Benito Roggio e Hijos S.A.”, “Supercemento S.A.I.C.” y “José Cartellone Construcciones Civiles S.A.” y, por otro, la UTE conformada por “Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A.” y “Esuco S.A.”
Como contrapartida, éstas habrían erogado dádivas a las autoridades con el fin de asegurarse las adjudicaciones y lograr la reanudación de los pagos estatales interrumpidos por la paralización de las obras, según el juez federal Sebastián Casanello.
En virtud de una denuncia presentada por la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), se comenzó a examinar las transferencias de Helicopter Corporation SA con sociedades que habrían sido vehículo de los pagos indebidos, lo que derivó en el embargo sobre las aeronaves, medida confirmada por la cámara de federal porteña.
Ahora La Cámara Federal de Casación Penal consideró que el recurso interpuesto no debía prosperar, por cuanto “no se dirigía contra una sentencia definitiva y toda vez que la impugnante no había logrado fundar debidamente la cuestión federal que invocaba”.
En diversos pronunciamientos dictados a fines del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal propició el progreso del expediente hacia el juicio oral.
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