Privatizaciones y reforma del Estado: qué cambios se hicieron y qué queda en pie hoy en día

reformas puesta en marcha por el Gobierno fue redituable no sólo desde lo financiero sino también que resultaría el mantra de una década: las privatizaciones. El Estado argentino había cerrado la era del hiperinflación con el déficit fiscal más elevado desde el retorno de la democracia (8 puntos del PIB).

El debate sobre las privatizaciones tiene varias aristas.

Primero, una cuestión de escala.

Procesos de privatizaciones hubo y habrá muchos en el mundo. Argentina no hizo punta en la materia. Ni siquiera Menem. Raúl Alfonsín le había buscado un socio a Aerolíneas con SAS en los 80.

Sí puede decirse que la venta de compañías estatales iniciada en 1989 fue un proceso único en el mundo por su intensidad y rapidez.

El Gobierno obtuvo resultados favorables.

Ganó reputación en el mundo de los negocios. Gran carta de presentación de Menem que venía de un partido que se jactaba de haber combatido el capital.

Además el impacto sobre las cuentas públicas fue positivo desde lo económico. Las ventas de los activos significó una entrada generosa de dólares que ayudó a mejorar las cuentas fiscales. Y las empresas se transformaron en contribuyentes impositivos.

Hubo una tercer razón, que cambiaría la vida de los argentinos en el mediano plazo, pero que sería clave para algo que los economistas estudian en detalle y se traduce con una palabra difícil de entender: productividad (producir más con menos trabajadores gracias a la incorporación de maquinaria). Argentina comenzó a acercarse a la frontera tecnológica luego de décadas de desinversión lo que impactó positivamente en la productividad de la economía.

¿Qué fue lo malo?

Las privatizaciones y las ventajas que dejaron las inversiones privadas no fueron uniforme en todos los mercados. Además del aumento del desempleo, las ventas de compañías motivadas primordialmente por urgencias fiscales como Aerolíneas Argentinas o las rutas nacionales o YPF, no generaron ese aumento de la productividad como en el caso de los puertos.

También hubo problemas de falta transparencia en los procesos y episodios de corrupción. Además, muchas no tuvieron el resultado esperado por cuestiones de competencia.

Clarín consultó a tres expertos.

El especialista y autor de un libro sobre la Historia del Petróleo, Nicolás Gadano, tuiteó hace unos días que “en materia petrolera hay dos decisiones de Menem que considero erróneas, con efectos muy negativos que se prologan hasta hoy: la venta de YPF a Repsol, y el traspaso del dominio de los hidrocarburos a las provincias”.

La estructura actual de YPF fue diseñada con Menem: 51% estatal y 49% privada. ¿Qué consecuencias tiene ello? El propio Gadano contó la semana pasada a este diario que “Para un accionista privado tener como accionista controlante el Estado es un formato letal porque es muy habitual que por momentos el gobierno priorice intereses sectoriales generales y no los particulares del sector, en este caso, hablamos de los combustibles. YPF, atrás en el pasado, había puesto una claúsula de protección a los accionistas minoritarios que dice si alguien quiere hacerse del control de la empresa con más del 15% tiene que hacer una oferta a todos los accionistas. Y es una oferta que puede no ser una precio inferior de un nivel. Cuando YPF fue estatizada en 2012 no se respetó ese estatuto y es el juicio de YPF ahora en Estados Unidos”.

Oscar Cetrángolo, especialista en finanzas públicas, profesor de la UBA, investigador del Conicet y autor de numeros trabajos sobre estos sectores durante los noventa, deja una mirada crítica sobre tres áreas que sufrieron cambios importantes bajo el menemismo:

– Salud: “Se culminó la transferencia de hospitales a las provincias, iniciada por la Dictadura, con el único propósito de mejorar las cuentas de la Nación y sin ninguna política que mejore la coordinación el sistema en su conjunto y compense las diferencias regionales. Luego con la seguridad social, la modalidad adoptada por la desregulación de obras sociales a partir del Decreto 9 de 1993 involucró un profundo descremen del servicio donde se pasó de un sistema de solidaridad fragmentado por gremio a otro donde cada uno es dueño de su aporte, con una pérdida de equidad que sería profundizada con reformas posteriores”.

– Jubilados“La reforma de las AFJP generó una gran caída en la cobertura y un déficit fiscal que no puede dejar asociarse a la crisis del 2001. Además, se perdió la oportunidad de hacer una reforma paramétrica que resolviera la sostenibilidad de largo plazo del sistema, lo que tampoco se logró con reformas posteriores. Adicionalmente, dejó un fondo de activos acumulados que hasta el momento no ha logrado tener un uso razonable”.

– Provincias“Fue el inicio de un largo ciclo de un exceso en el uso discrecional de las transferencias (en esa época a través de los ATN) y acuerdos bilaterales no siempre claros y muchas veces incumplidos. Las demandas de la fallida reforma previsional, adicionalmente, obligó a la presión sobre las cuentas provinciales para el financiamiento de un déficit no previsto. Tal vez lo más grave fue la permisividad en el otorgamiento de garantías de coparticipación para el financiamiento de las provincias con la banca comercial, lo que derivó en una situación de extrema crisis de la mitad de las jurisdicciones. Los conflictos por el reparto de recursos, el financiamiento del sistema previsional y la discrecionalidad en las transferencias continúan hasta el presente, aunque, obviamente, son responsabilidad de la totalidad de los gobiernos”.

Por su parte, Carlos Winograd, ex secretario de Comercio y ahora profesor de Paris School of Economics, explica que “en telecomunicaciones, la privatización y el cambio del marco regulatorio implicó una muy significativa mejora y expansión del servicio. ENTEL la empresa estatal ofrecía un servicio muy deficiente, claramente evidenciado en la demora de 12 a 15 años en la instalación del servicio, llevando a que las propiedades con teléfono fijo tuviesen entonces un precio superior a las casas sin teléfono. En retrosperspectiva la regulación podría haber sido más procompetitiva. La industria de las telecomunicaciones mostró a partir de allí un desarrollo explosivo a través de un proceso de incesante innovación, masivas inversiones y una constante ampliación de los servicios disponibles”.

Winograd señala que “el resultado de muchas de estas transformaciones fue una significativa restructuración de los sectores involucrados, una fuerte acumulación de capital y una significativa ampliación de servicios. Pero la falta transparencia en los procesos de licitación y adjudicación de las empresas han comprometido en su tiempo la legitimidad del cambio de régimen encarado en aquel periodo de gobierno. Debe resaltarse, que las políticas de defensa de la competencia y las acciones antimonopolio no fueron importantes en la agenda de los 90”.

Finalmente, señala que “Energía fue otro sector que fue radicalmente modificado durante los años 90. Se reorganizo la industria en tres niveles, la generación, el transporte y la distribución. La clave de las reformas fue introducir competencia allí donde se podía (producción de petróleo y gas, generación de electricidad), y regular, garantizando los derechos de los consumidores en los tramos monopólicos (distribución). Se creó un nuevo marco normativo para todo el sector, con organismos regulatorios independientes y profesionales, potenciando la inversión y la mejora del servicio. Las reformas realizadas fueron entonces pioneras en los procesos de restructuración de la industria de energía y constituyeron en su tiempo una operación de gran complejidad tanto en su concepción como en su implementación. Como fue antes mencionado, también en este sector la política antimonopólica y de defensa de la competencia fue inexistente”.