Los cambios en las regulaciones relacionadas con la ley de Defensa de la Competencia venían siendo objetadas, hasta ahora, desde algunos sectores políticos. Pero las entidades empresarias también comenzaron a manifestarse.
El Senado modificó la ley a principios de mes y ahora los cambios deberán ser refrendados por Diputados.
“Son un obstáculo a la inversión, a la competencia y al empleo”; manifestó la Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE) en un comunicado. Se refiere a modificaciones hechas por el Senado en su sesión del 4 de febrero. “Las modificaciones aprobadas por el Senado de la Nación no contribuyen a avanzar hacia una mayor competencia, ni a generar inversiones productivas y mejor empleo, e incorporan criterios de dudosa legitimidad y riesgos de discrecionalidad”, agregan.
El Senado modificó aspectos para la conformación de la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, un cuerpo que está en la ley, pero que nunca terminó de armarse. “Se reduce la transparencia y se aumentan los riesgos de discrecionalidad al ubicarse a la Autoridad Nacional de la Competencia como dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, en lugar del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se imponen requisitos de dudosa legitimidad a quienes integren el Tribunal de Defensa de la Competencia; se reemplaza su selección por concurso público por la designación a propuesta del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y se reduce de 5 a 4 años su mandato, exigiéndose su renovación total y no parcial y escalonada”, explican.
Entre las modificaciones, también se admite que otros organismos -aparte de CNDC- puedan presentar objeciones a las operaciones. Además, se habilita a entes provinciales reguladores a mostrar objeciones y también se exige una participación de la AFIP.
“Específicamente, ACDE considera que la eliminación de la aprobación tácita ante el silencio de la Autoridad y la suspensión de los plazos ante requerimiento de informes, se contradicen con la celeridad en los plazos de puesta en vigencia del criterio de aprobación previo”, plantean.
“Se introducen cambios regulatorios que lejos de estar orientados a mejorar el control de la competencia y el cese de conductas inadmisibles, operan en sentido inverso”, agregan.
“Estamos convencidos de que una adecuada Ley de Defensa de la Competencia y un funcionamiento transparente, profesionalmente idóneo y eficiente de dicha Autoridad y del Tribunal de Defensa de la Competencia, constituyen aspectos de suma trascendencia al decidirse inversiones productivas, incluso más que cualquier política de incentivos industriales”, indican. Esperan que la Cámara de Diputados se haga eco de estas observaciones.
“Apoyamos también, como algo natural a la actividad empresarial, el operar con riesgos y en contextos de incertidumbre; sin embargo no podemos apoyar normas que a las naturales dudas que genera cualquier decisión de inversión, le introducen dudas imposibles de resolver, como son si esa inversión finalmente será aprobada o, peor aún, cuándo se conocerá una decisión”, manifiestan.
En las modificaciones del Senado, también se introdujeron nuevos aspectos en relación a las multas que no resultan claros para los especialistas en la materia.
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