Tras la imputación del fiscal Stornelli, se llevaron documentación del Ministerio de Salud de la Ciudad

privatización de la vacunación en la Ciudad, se llevaron documentos del edificio del Ministerio de Salud porteño.

El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas en las que se apuntó a “las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, según surge del dictamen al que accedió Télam.

Tras recibir el requerimiento de instrucción presentado por la fiscalía, el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un procedimiento en la sede de la cartera de Salud porteña para obtener información sobre cómo se distribuyeron las dosis de la vacuna contra el coronavirus que recibió el distrito de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes de la investigación explicaron que no se trató técnicamente de un allanamiento, sino que fue a una orden de requerimiento de información, una requisitoria.

Del edificio se llevaron información sobre los convenios con las clínicas, obras sociales, clubes y postas de vacunación. También un listado de los vacunados, remitos de recepción y entrega de vacunas.

​El operativo comenzó minutos antes de las 17, finalizó tres horas más tarde y fue Gendarmería quien lo llevó a cabo. Al ser una orden de presentación, toda la información solicitada se brindó de manera voluntaria.

“La Ciudad cumplió con lo requerido por el Juzgado y el intercambio se desarrolló con total normalidad“, contaron a Clarín fuentes del gobierno porteño.

Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo. La denunciante señaló una supuesta firma de convenios entre el gobierno porteño e instituciones privadas, “otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.

El fiscal también buscará establecer la totalidad de los lotes de vacunas recibidos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál fue el destino que le dio el gobierno porteño.

La segunda denuncia contra las autoridades del GCBA fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi y refiere al presunto armado de un centro de vacunación paralelo en la CABA llevado adelante por la Asociación Civil ‘Encuentro Vecinal Sur’ en el barrio de Parque Chacabuco -con dirección en Picheuta 1517-, donde se estaría “vacunando a militantes de Juntos por el Cambio y amigos”.

Más temprano, en una conferencia de prensa, Fernán Quirós negó que hayan existido irregularidades y dijo que se trata de una cuestión operativa.

“Una de las exigencias que pedimos es que seamos capaces de mantener la equidad en la oferta de la vacuna. Cada obra social y prepaga nos entregaron la lista de personas asociadas con más de 80 años. Se tienen que hacer cargo de vacunar a todos ellos y nosotros le daremos la proporción de vacunas de acuerdo a la cantidad de vacunas que recibimos”, explicó Quirós.

AFG

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