El fiscal Guillermo Marijuan fue una pieza clave en la investigación que derivó en la condena a 12 años de cárcel para Lázaro Báez, quien fue
acusado de lavado de dinero en el caso conocido como la Ruta del Dinero K. El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) acusó al contratista de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, por lo que deberá pagar una multa de 480 millones de dólares.
Tras el fallo, Marijuan advirtió este jueves que ahora “hay pena y multa, hay que devolver el dinero que se robó”.
“Me puse contento porque mucha gente hizo un esfuerzo grandísimo”. También comentó que se trató de “un trabajo que llevó varios años, con muchas dificultades, porque es un tipo de delito muy complejo para acreditarlo”, agregó el fiscal en declaraciones a radio La Red.
El funcionario del Ministerio Público destacó que, además de la sentencia de prisión, el tribunal oral que dictó el fallo podría aplicar multas sobre el patrimonio del contratista patagónico: “Acá hay pena y multa, hay que devolver el dinero que se robó”, explicó.
“A lo largo del proceso pudimos embargar e incautar una gran cantidad de bienes, mas de 200 inmuebles y varios centenares de vehículos que eventualmente el juez podría dirigir sus acciones para hacerse de esos bienes”, añadió.
La imputación sostiene que el dinero volcado a las maniobras de blanqueo provino de la obra pública vial y los delitos tributarios, como delito precedente.
La causa, que con un voto mayoritario quedó vinculada a la obra pública vial donde se juzga a Cristina Kirchner -ya que se lo consideró el delito precedente-,llevó a los jueces a ordenar el decomiso por 61 millones de dólares y de 4,7 millones de pesos.
El miércoles por la noche, horas después del fallo, Marijuan en diálogo con A24, elogió la actuación del juez Sebastián Casanello, del fiscal del juicio y de los jueces del Tribunal Oral Federal Federal 4 que dictó la condena a Báez y a otros 20 procesados: “Creo que se hizo un trabajo muy serio y muy responsable. No se puede expresar satisfacción cuando una persona es condenada, pero tengo la tranquilidad de haber hecho un buen trabajo y de haber llevado adelante mi función”.
Báez seguirá con prisión domiciliaria.
“Este caso tiene la particularidad de que las maniobras investigadas, rastros probatorios y en parte se habían desplegado en el exterior, tuvimos que viajar a Suiza con el doctor Casanello”, relató Marijuán.
Además, recordó: “La imagen en el sur (en Santa Cruz) con las excavadoras fue una diligencia probatoria que no tuvo un resultado positivo pero tras las condenas vemos que se han recogido importantes pruebas que fueron valoradas”. Y reconoció que le permitieron “acceder a datos de importancia para acceder a estas maniobras”.
Y agregó: “Debe ser durísimo para Báez lo que sucedió ayer. Acá la fiscalía no festeja en lo absoluto, ha cumplido un rol. Estamos hablando de un proceso, pero detrás de ellos hay personas”.
Los condenados
Además de la pena máxima a Lázaro Báez (12 años) como solicitó el fiscal del juicio Abel Córdoba, el TOF 4 también condenó a los hijos del empresario: a Martín Báez a nueve años de prisión; a Leandro, como parte de la organización que se dedicó a las maniobras de blanqueo, le recayó una pena de cinco años, y la acusación más leve y en suspenso, fue para las hijas del empresario, Melina y Luciana, que fueron sentenciadas a tres años de prisión en suspenso.
Respecto al único imputado colaborador del caso, Leonardo Fariña, el Tribunal lo condenó a cinco años, con una reducción de tres años por su colaboración como arrepentido y considerando que sus aportes fueron necesarios para el esclarecimiento del caso.
Del entorno de Báez se condenó a su ex contador Daniel Pérez Gadín como organizador de las maniobras de blanqueo a la pena de ocho años. Igual pena recibió el abogado Jorge Chueco. En tanto a Fabián Rossi, señalado como partícipe necesario, se le dictó una condena de cinco años.
En cuanto al financista Federico Elaskar, le dictaron una sentencia de cuatro años y medio. Las penas aplicadas, en todos los casos, responde a la mayor en la escala del delito de lavado de activos.
La fortuna de Báez, que asciende a 205 millones de dólares, fue un eje central en el caso, ya que se consideró que la compra compulsiva de 1.420 bienes fue producto de un ilícito.
Sobre esa riqueza también dictaminó el Tribunal: ordenó el decomiso de una suma global de 61 millones de dólares, como también 4,7 millones de pesos. Pero además, tiene que pagar una multa de 480 millones de dólares, que supera ampliamente su fortuna.
En lo que concierne a su firma insignia, Austral Construcciones, se le aplicó una multa correspondiente a dos veces el monto de las operaciones en que intervino.
La empresa, en proceso de quiebra desde que no recibió más contratos cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada, fue la piedra angular de las maniobras donde se lavaron 60 millones de dólares.
La principal acusación contra el dueño del Grupo Austral fue la de organizar una “banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”.
JPE
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