La condena contra Lázaro Báez le dio el punto final al intento de salvar a Austral Construcciones

por facturación apócrifa, evasión fiscal, defraudación al Estado y esta semana, un Tribunal sostuvo que fue utilizada para lavar 60 millones de dólares. El ex socio comercial de Cristina Kirchner busca rescatar de la quiebra definitiva a la compañía que tuvo como único cliente al Estado, pero las multas aplicadas en la condena son millonarias y frustran sus planes.

Cuando el presidente Alberto Fernández envió una nueva ley de moratoria fiscal al Congreso, los abogados de Báez, vieron que se abría una posibilidad para salvar a la compañía cuya quiebra se decretó en junio de 2018 por la jueza civil y comercial, María José Gigy Traynor. La empresa entró en cesación de pagos en diciembre de 2015 cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada y desde entonces, sólo acumuló deudas, que según la verificación en el expediente, son más de una veintena de acreedores.

Lejos del poderío que Austral Construcciones supo tener, al ser receptora de 51 licitaciones viales por 46.000 millones de pesos, durante el gobierno kirchnerista, la firma está cerrada. Afrontó un despido masivo de más de 3.000 trabajadores directos e indirectos, y por un tiempo lejos de sus funciones originales, se dedicó a la explotación de alquileres de un conjunto de propiedades inscriptas a su nombre.

Esta semana, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), condenó a doce años de prisión a Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero, más específicamente, por haber blanqueado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Para todas esas operaciones, utilizó a la constructora. En simultáneo Austral se convertía en la principal contratista de obra pública vial de la provincia de Santa Cruz: recibió el 86% de las licitaciones.

Con la disidencia de una de las integrantes del Tribunal, los jueces Néstor Costabel y la magistrada Adriana Pallioti, determinaron que el delito precedente de las operaciones de lavado de activos, eran los fondos provenientes de la obra pública, los sobreprecios promedio del 65% que se aplicaron sobre las mismas y que, junto a los delitos tributarios (una usina de facturas apócrifas radicadas en Bahía Blanca), Lázaro Báez tuvo flujo de dinero para el blanqueo de 60 millones de dólares.

Nada habría sido posible sin Austral Construcciones. La firma está hoy en medio de una debacle económica. Acumuló una deuda millonaria con el fisco cuando después de 2015, dejó de recibir fondos del Estado. Con la cesación de pagos a una veintena de acreedores, Austral SA entró en proceso de quiebra, la cual se decretó en junio de 2018. El pasivo reconocido es de 962.400.463 pesos.

El mayor porcentaje de ese crédito es una deuda con la AFIP que ahora dirige Mercedes Marcó del Pont. En total le debe al organismo recaudador $562.488.839. Con la quiebra en marcha, la jueza María José Gigy Traynor, avanzó en el remate de los bienes inscriptos a nombre de Austral: 52 departamentos (en Buenos Aires y Santa Cruz), 2 locales (en el sur), 26 cocheras en los diferentes inmuebles que cuentan con unidades funcionales, 25 propiedades identificadas como edificios, 3 estancias, 12 terrenos y cientos de automotores y maquinarias.

El próximo paso es avanzar en el remate de más bienes y así comenzar con la liquidación final de la constructora cuyo único cliente fue el Estado. En esa instancia la jueza distribuye entre los acreedores el dinero obtenido de la venta de los principales activos.

Durante la administración macrista de la AFIP a cargo de Leandro Cuccioli, también se inició un reclamo judicial en el marco de la quiebra. Según la resolución del organismo ese reclamo es por 2.880.124.946 pesos. Hace dos meses, la actual gestión, dirigida por Mercedes Marcó del Pont, ratificó que quería cobrar esa deuda que la firma de Báez mantiene con el Estado.

Pese a estar inactiva, a acumular deudas millonarias y a la quiebra ya decretada, los abogados de Báez pidieron entrar a la nueva moratoria fiscal. Además, pidieron que se suspendan los remates para obtener el avenimiento, un acuerdo de todos sus acreedores para evitar que se distribuyan los fondos entre ellos y así liquidar a Austral.

La jueza Gigy Traynor le puso fecha al remate de un conjunto de estancias emblemáticas de Lázaro Báez, las cuales dijo la justicia como parte de sus 1.412 bienes, fueron adquiridos con dinero ilícito. Pero Austral ahora enfrenta otro problema, el Tribunal que condenó a Báez, le exige pagar a él 480 millones de dólares de multa y a la constructora, 120 millones de dólares en igual concepto.

Con esas cifras comprometidas, y los plazos ya casi vencidos impuestos por la jueza de la quiebra, Austral se encamina hacia su liquidación final sin posibilidad de salvataje. Un fin de ciclo, para la firma que se activó doce días antes de que Néstor Kirchner juró como presidente de la Nación y que dejó de funcionar cuando Cristina Kirchner, dejó la presidencia.