Un fiscal pidió que Alejandra Gils Carbó vaya a juicio por la compra irregular de un edificio

oral. El fiscal Eduardo Taiano pidió la elevación del caso donde fue procesada por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas de la Procuración.

Por primera vez una ex Procuradora General de la Nación estará sentada en el banquillo de los acusados. Alejandra Gils Carbó, que renunció a su cargo en noviembre de 2016, fue procesada un año después por el juez Julián Ercolini. 

Con la confirmación por parte de la Sala I de la Cámara Federal porteña del procesamiento -aunque modificaron el delito original que era el de administración en perjuicio del Estado-, el fiscal Taiano solicitó al juez Ercolini que la ex Procuradora sea enviada a juicio oral.

Alejandra Gils Carbó fue la última jefa de los fiscales en carácter de titular. Desde que dejó el cargo, Eduardo Casal ocupa el puesto de forma interina. Pese a que el presidente Alberto Fernández eligió al juez federal Daniel Rafecas para que sea el próximo Procurador General, el Kirchnerismo no acompaña la propuesta y busca avanzar en el Congreso con la modificación de la ley que rige al Ministerio Público Fiscal, que incluye bajar las exigencias para la selección del Procurador.

Ahora, tras el pedido de Taiano, será el juez Ercolini quien defina si Gils Carbó ira a juicio. Todo indica que lo resolvería en las próximas semanas. 

La acusación por la que irá a juicio oral Gils Carbó es la de negociaciones incompatibles con la función pública por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas de la Procuración. Por el inmueble se pagaron -en su momento- 43 millones de pesos y se abonaron comisiones que rondaron los 10,7 millones de pesos.

El objetivo de la operación, según la Justicia, fue dar “apariencia de legitimidad” a un proceso administrativo, “con personas insertadas con calidad simulada, con otras interpuestas para apariencia de empresa o negociación”, señaló el juez Ercolini cuando la procesó. En consecuencia, todo el proceso administrativo fue considerado como “una farsa”.

En este contexto, los imputados -entre ellos Gils Carbó- se valieron de “formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble”, pero que para la Justicia estuvo decidido de “antemano” para favorecer a quienes intervinieron en el millonario proceso, sostuvo el fiscal Taiano.

Por ello, Ercolini procesó como principales responsables a la Procuradora y al subdirector Guillermo Bellingi. La Sala I de la Cámara, cuando en 2018 confirmó el caso, indicó que el comportamiento responde a una práctica que choca con sus funciones públicas.

Para la Justicia, las principales autoridades de la Procuración “idearon y ejecutaron un complejo plan” orientado a “adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública”.

Sobre dichos aspectos, se indicó que no solo se trataba de adquirir un inmueble con bóveda, cochera y auditorio, sino que “debía ser un edificio señorial; de época… En ese marco, a los pocos competidores que las primeras exigencias imponían, las últimas terminaban por eclipsar. Así, se eliminaban los rivales que podían disputar la licitación al inmueble de Juan Domingo Perón 667”.

La compra del inmueble habría estado “decidida de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA”, cuya cara visible fue Adrián Fischer.

Esta empresa ofertó en el marco de la licitación lanzada por el Ministerio Público Fiscal, a través de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA (constituida por Bárbara Jaureguiberry e Ignacio Costa Urquiza).

El inmueble tuvo un costo de $43.850.000​ y contó con la intervención “dolosa y fundamental” de Bárbara Jaureguiberry y Juan Carlos Thill (productor de seguros que participó como intermediario y medio hermano de Bellingi).

Durante la operación se pagó una comisión de $7,7 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry que a su vez pagó otra comisión de $3 millones por asesoramiento a Thill, el medio hermano de Bellingi.

La Justicia sostuvo que la compra fue por un “monto significativamente mayor a los $27 millones que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto”.

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