Para la Justicia, los hechos están probados. La causa en la que se investiga el montaje del vacunatorio VIP en el segundo piso del Ministerio de Salud, a cargo de la
jueza María Eugenia Capuchetti -que concentró en los últimos días todas las denuncias vinculadas al escándalo-, avanza a paso firme. “Está todo acreditado. Lo que hay que interpretar es si podían o no podían hacer lo que se está investigando”, explicaron a este diario fuentes judiciales al tanto del expediente.
Tanto Alberto Maceica, el director del hospital Posadas, como los tres especialistas y administrativos que atestiguaron ante la jueza y el fiscal Eduardo Taiano confirmaron en detalle el operativo secreto revelado por Clarín desde fines de la semana pasada y adelantado por el periodista Horacio Verbistky, uno de los privilegiados por el vacunatorio montado en Salud.
En los últimos días, Ginés González García, uno de los dos imputados junto a su sobrino Lisandro Bonelli, ex jefe de Gabinete del ministerio, presentó abogados, encabezados por Martín Arias Duval, ex funcionario nacional, del estudio de León Arslanián.
Recluido en San Nicolás, la ciudad de la que es oriundo al igual que el echado ministro, Bonelli aún no hizo lo propio: en medios locales, incluso deslindó responsabilidades por el operativo de vacunación VIP del hospital de San Nicolás. La investigación apunta a La Cámpora. Por disposición de Carla Vizzotti, el sobrino de González García fue reemplazado por Sonia Tarragona, ex directora de la fundación Mundo Sano, vinculada al empresario farmacéutico Hugo Sigman, de vínculo estrecho con el ministerio.
En el juzgado de Capuchetti están abocados desde hace varios días al análisis de los alrededor de seis mil nombres que figuran en el registro de vacunados del hospital Posadas -Nomivac-. Por ahora no hay sorpresas. El listado de 70 funcionarios, dirigentes, empresarios y amigos del poder revelados por la prensa y por la Casa Rosada, que buscó con esa filtración cortar el escándalo, y en especial la nómina con los diez vacunados en el Ministerio de Salud, no necesita mayores pruebas.
La investigación está centrada en las dosis que viajaron del hospital al Ministerio de Salud y las que se aplicaron por fuera del plan de vacunación. Una diligencia al Posadas no está todavía en los planes de los investigadores. “Lo más urgente ya se hizo”, explicaron fuentes judiciales.
De todos modos, la Justicia deberá definir en los próximos días una serie de medidas de prueba para ahondar la investigación. A pesar de los testimonios de los empleados del Posadas, no descartan un entrecruce de llamadas entre los principales involucrados. Entre ellos, Marcelo Guille, ex funcionario y director suplente de Carpor SA, la sociedad fundada hace más de una década por González García y su sobrino Bonelli.
Lisandro Bonelli el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Salud que renunció tras el escándalo del vacunatorio VIP.
Tras el allanamiento de la noche del martes pasado en las oficinas del Ministerio de Salud, la Justicia tiene además en su poder los registros fílmicos con los movimientos de esos días en dicha cartera. Se probó, en tanto, cómo y quién cargaba en el sistema digital a los vacunados. A pesar de la bronca que, según las fuentes, se desprende de las testimoniales, los especialistas y empleados del Posadas contaron cómo y por qué se inmunizó a los diez beneficiados en el ministerio sobre la avenida 9 de Julio. Entre ellos, Verbitsky, los legisladores Jorge Taiana y Eduardo Valdés y el empresario Florencio Aldrey Iglesias y parte de su familia.
Ahora falta que los investigadores decidan si convocan o no a atestiguar a algunos de los privilegiados que se saltearon el cronograma de vacunación en connivencia con las autoridades políticas y sanitarias. Por ejemplo, el ex presidente Eduardo Duhalde, que fue inoculado en su casa junto a su familia a través de un delivery de dosis.
Capuchetti avanza en ese sentido en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, su principal hipótesis de delito. Busca dilucidar si tanto González García como los funcionarios investigados violaron el procedimiento del plan de vacunación trazado por el Gobierno. Lo relató por radio el propio Verbitsky.
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