Los motines en las cárceles y los pedidos de prisiones domiciliarias por la pandemia del coronavirus, generaron preocupación en distintas asociaciones de familiares de víctimas. Piden que no los liberen y que acondicionen un sector para alojar a la población de riesgo.
La organización Familiares Atravesados por el Femicidio mostró su descontento con el pedido de excarcelaciones y planteó que “las medidas a tomar deberían ser otras”.
Por eso, para los presos dentro de la población de riesgo propusieron que el Estado “disponga el traslado de quienes estén en esas condiciones a pabellones donde tengan un cuidado diferencial“, y de “los que estén cumpliendo condenas por delitos leves a dependencias que se encuentren desocupadas”.
En este sentido remarcaron: “No estamos de acuerdo con la especulación utilizando la pandemia para lograr la liberación de aquellas personas que ya han demostrado ser un peligro para la sociedad, y de muchos que han violado, torturado y matado a nuestros seres queridos”, sostuvo este colectivo en un comunicado difundido hoy. De esta manera se sumaron a otras asociaciones que expresaron su malestar ante la posibilidad de que sean liberados.
“Nosotros no pretendemos que estén en condiciones de hacinamiento ni mal alimentados ni en lugares sucios. Los penales deberían ser otra cosa, acá hay una desidia de parte del Estado, desde hace muchas décadas”, dice a Perfil Marcela Morera miembro de la organización que reúne a 85 familias de víctimas de femicidio. Su hija fue asesinada por su novio en 2015. Julieta Mena estaba embarazada y su femicida, Marcos Mansilla, fue condenado a prisión perpetua.
“No pretendemos que estén en un country o en un spa, sí en un penal, cumpliendo una condena y haciendo algo. Y ahora con el coronavirus si son enfermos de riesgo o por ser mayores de 65 años los tienen que liberar, quién nos garantiza que con la cuarentena se van a quedar adentro. Entonces proponemos que haya pabellones especiales para ellos, pero que estén adentro. No pretendemos que estén en las condiciones que están hoy, porque no es humano, pero ellos no respetaron nuestro derechos y de sus víctimas”, sostiene Marcela.
La asociación opinó, además, que la liberación o el arresto domiciliario de personas privadas de su libertad como medida para descomprimir la superpoblación de cárceles “muy probablemente lleve a generar más caos, más riesgo de homicidios y delitos de género, robos y tráfico de drogas“.
Más quejas. Los familiares de víctimas de diferentes delitos alzaron la voz el domingo pasado, luego que se llegara a un acuerdo en la mesa de negociación entre los representantes de los distintos pabellones del penal de Villa Devoto y autoridades judiciales, políticas y del Servicio Penitenciario Federal para revisar la situación de los internos.
“Nos indigna que los distintos poderes del Estado accedan a una negociación fruto de actos delictivos y violentos y se comprometen con los detenidos, en el marco de un motín, a aplicar las acordadas que dispusieron las Cámaras de Casación”, sostuvieron en un comunicado firmado por distintas asociaciones y encabezada por Madres del Dolor.
Y resaltaron: “Reclamamos que cada decisión vinculada a la libertad o prisión domiciliaria debe contar con la intervención previa de las víctimas de acuerdo a lo establecido por la Ley de víctimas”.
