La oposición advierte que la bicameral debe crearse por ley

bicameral para analizar su funcionamiento y citar a jueces y fiscales encontró el rechazo mayoritario de los referentes opositores, incluso después de que la ministra del área Marcela Losardo descartara que la comisión pudiera tomar atribuciones de sanción. Con ese escenario, ante la dificultad para el oficialismo de conseguir los votos, en Juntos por el Cambio se encendieron las alarmas por la posible constitución por decreto o resolución, sin el pronunciamiento de los diputados y senadores.

Legisladores opositores revisaron los antecedentes sobre bicamerales, y prácticamente no encontraron casos de que se hayan conformado sin el voto de ambas Cámaras. Aunque esperararán a conocer la iniciativa y el modo de ponerla en marcha para confirmar una posición, en la previa adelantaron que en caso de que la comisión avance la decisión más probable sería que no la integren e impugnarla.

Como con la reforma judicial y del Ministerio Público Fiscal, la mayor dificultad para el Frente de Todos tanto para la conformación de la bicameral como para cualquier proyecto sin apoyo de la oposición o los aliados estará en la Cámara de Diputados, por los números ajustados y sin mayoría propia, a diferencia del Senado. Apenas Oscar Parrilli tomó el discurso del Presidente para plantear la creación de la comisión, desde Juntos por el Cambio salieron a rechazarla.

En paralelo se pusieron en alerta sobre la posibilidad de que el oficialismo tome el atajo de avanzar con un DNU o una resolución administrativa, sin pasar por la votación de los legisladores. Después de revisar los antecedentes ratificaron que la mayoría de las bicamerales se crearon por ley, salvo algunos casos por proyectos de resolución como la de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial, aunque en ese caso refrendada por los diputados y senadores.

“Más allá de no compartir la idea de esta comisión bicameral, que pretende ejercer atribuciones y competencias de otro Poder, no hay que perder de vista que deben ser creadas por ley y que difícilmente el oficialismo consiga los votos necesarios”, dijo Pablo Tonelli a Clarín. “Descuento que no la vamos a integrar, a mi modo de ver hay que impugnarla”, agregó el diputado del PRO e integrante del Consejo de la Magistratura.

“Están discutiendo el sexo de los ángeles. Por más que creen la bicameral, jamás van a poder traspasar las atribuciones que da la Constitución ni perseguir a los jueces. Que hagan las comisiones que quieran”, aseguró Graciela Camaño, de Consenso Federal, y según su registro tampoco hay antecedentes de bicamerales sin pasar por los recintos.

Otros dirigentes opositores remitieron a una bicameral de integración y cooperación con Brasil, conformada por resolución conjunta de los presidentes de las Cámaras, aunque hubo reclamos y luego se corrigió con un proyecto de ley. “Todos los antecedentes indican que se crean por ley o resolución con mayoría calificada. Cuando intentamos hacerlo por resolución administrativa, los representantes de todas las fuerzas políticas se negaron”, recordó sobre ese caso el radical Juan Tunessi, prosecretario Parlamentario del Senado.

Autoridades del bloque del Frente de Todos evitaron responder, con el argumento de que todavía no está definida la manera en que el oficialismo buscará poner en funcionamiento la comisión especial o investigadora. Los opositores a su vez estimaron que un DNU, técnicamente posible por ser equiparable a una ley, potenciaría los cuestionamientos porque se trata de una atribución del Congreso y en el período de sesiones ordinarias tampoco habría motivos para fundamentar la urgencia.

De entrada referentes de Juntos por el Cambio habían expresado un fuerte rechazo. “Inadmisible, no pasarán”, cuestionó el radical Mario Negri. “Es una propuesta que subvierte el orden constitucional”, dijo Juan López, de la Coalición Cívica. “Vamos a rechazar todo intento de coaccionar y amedrentar a la Justicia”, sostuvo Luis Petri, de la UCR. El interbloque reforzó esa posición este miércoles con un comunicado. “La única comisión que debería proponer el Gobierno es la que investigue el uso de privilegios para el acceso a las vacunas”, lo titularon, con el propósito de retomar las críticas sobre ese eje.

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