A diferencia de Ginés González García, que se fue del Gobierno por algo que hizo, Marcela Losardo dejará el Ministerio de Justicia por algo que no hizo.
La abogada no quiso ser la cara de la avanzada del Poder Ejecutivo sobre la Justicia, el papel que le demanda la hora y, más que nada, Cristina Kirchner. Su salida deja al presidente de la Nación frente a un rompecabezas que no logra resolver.
Fernández no puede reemplazar a Losardo con alguien similar a Losardo, como hizo en el caso del cambio de González García por Carla Vizzotti, una funcionaria nacida y criada bajo el ala familiar y política de su predecesor en el puesto. En Justicia, el nuevo ministro tendrá que ser alguien dispuesto a tomar como propios al menos alguno de los reclamos de la vicepresidenta de la Nación.
El kirchnerismo, y la propia Cristina, ya dijeron de todas las maneras posibles -declaraciones públicas, presentaciones judiciales, votaciones en el Congreso, tuits, entrevistas y posteos en Facebook- que quieren que los jueces que juzgaron a la vicepresidenta, a su familia y a sus ex funcionarios dejen de ser magistrados. Debe ser muy frustrante para la vicepresidenta y sus fieles que Alberto Fernández no actúe siguiendo el lineamiento de lo que ellos esperan.
“El comité de notables que asesora sobre la reforma judicial propuso que el Congreso forme una comisión bicameral para controlar a los jueces. Un comité que propone que se forme una comisión: eso no es lo que espera Cristina. Sólo nos faltó decir que esa comisión bicameral va a llamar a la conformación de un observatorio para analizar qué hay que hacer”, admite, entre sonrisas, un funcionario con oficinas en el primer piso de la Casa Rosada.
Esa idea de crear una comisión bicameral para controlar a los jueces -que, a una semana de enunciada, ya empezó a dormir la siesta en algún cajón– se inscribe en una larga lista de proyectos irrealizables referidos al Poder Judicial que impulsó el Presidente en su gestión, como la Reforma Judicial o el nombramiento de Daniel Rafecas. Ninguno de ellos tiene los votos para pasar por la Cámara de Diputados, y el kirchnerismo más duro dice que eso no se consiguió porque el Presidente y Losardo nunca se preocuparon por conseguir esos apoyos. Ese es el reclamo que hicieron visible Cristina y sus operadores en las últimas semanas: basta de enojo con los jueces en las entrevistas y proyectos en los papeles y más cambios en los tribunales. Ese mismo es el agobio que denunció Losardo para justificar su salida.
Es cierto que hoy un ministro de Justicia no tiene en su mano ningún resorte para modificar por sí solo el paisaje del Poder Judicial, pero esa carencia está agravada porque el número dos de esa cartera, Juan Martín Mena, responde a Cristina en forma directa y exclusiva y porque al representante del Ministerio en el Consejo de la Magistratura -el único organismo con atribuciones para nombrar o destituir jueces- lo puso el ministro del Interior, Eduardo De Pedro. Su peso es, Losardo lo sabe mejor que nadie, simbólico.
Pero también es verdad que la demora del Presidente en designar un reemplazante recrea una forma de tomar de decisiones muy arraigada en la Casa Rosada. Allí, cada definición relevante debe pasar por una ronda de consultas que muchas veces se convierte en interminable.
El área que deja en evidencia con más frecuencia esos cordonazos es la de la Economía. Allí, a pesar de que el ministro Martín Guzmán sigue enunciando su vocación de recortar el déficit y encaminar la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, los políticos y empresarios van, de a poco, acostumbrándose a la idea de que, al menos por este año, no habrá acuerdo entre la Argentina y el FMI. No lo habrá porque Cristina considera que, si se firma un nuevo entendimiento, la Argentina tendrá que mostrar un programa de ajuste que implicará, entre otras cuestiones, aumentar las tarifas de los servicios públicos y reducir los niveles de emisión monetaria.
Es bastante conocida la intención del ministro de permitir algunos aumentos de tarifas de los servicios públicos y también la propia vicepresidenta dejó bien clara su intención de frenar esas subas, al menos mientras dure la campaña electoral. La idea de Cristina es permitir que siga creciendo el monto del subsidio estatal a las empresas que proveen esos servicios. Pero también hay otras motivaciones para pisar aumentos que enuncia el propio ministro hacia adentro del gabinete.
Guzmán rechazó en estos días un pedido para aumentar las tarifas del transporte en un 50%. En este caso, el ministro de Economía avisó que prefiere seguir engrosando el déficit antes que convalidar una suba que impactaría en el índice de inflación.
La contracara, otra vez, es que en el área del transporte público la montaña de subsidios ya trepó otra vez hasta niveles ridículos.
El “precio técnico” de un viaje en colectivo es hoy, según están terminando de calcular las propias empresas y la autoridad regulatoria, de 110 pesos. Eso es lo que debería cobrar un colectivo a cada pasajero si el Estado deja de subsidiar los viajes. Otro modo de decirlo es que el aporte público sobre esa actividad que sigue en manos de empresas privadas financia el 80% de la operación.
Si se analiza, en cambio, cómo funcionan los trenes de pasajeros bajo control estatal que comunican la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, se llegará a la conclusión de que el boleto que pagan los usuarios alcanza para pagar sólo el 5% del costo del servicio.
Para las dos líneas de trenes que siguen bajo gestión privada, la cuenta es todavía peor. Allí el subsidio estatal cubre el 97% de la operación. Técnicos del sector hicieron números y llegaron a una conclusión descorazonadora para cualquier economía de mercado: para el Estado, regalar el viaje sería más barato que cobrarlo. Frente a ese panorama, en el Ministerio de Transporte tomaron la decisión de seguir con las boleterías abiertas y los molinetes cerrados “por una cuestión cultural, para que la gente no se acostumbre a que viajar es gratis”. Pagar un pasaje y tomar el tren para ir a trabajar: la dificultad para tomar decisiones se ve también en los aspectos más insignificantes de la cotidianeidad.
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