A un mes del crimen de Alejo Oroño, el joven de 22 años al que su pareja Nadia Navarro (de 24) apuñaló en el corazón en plena calle en Hurlingham, familiares
reclamaron este jueves en el Congreso por el tratamiento del proyecto de “ley Alejo”, para la protección de los varones de las mujeres violentas.
“Alejo quiso denunciar a la madre de su hijo [la pareja tenía un bebé de 18 meses], pero en la comisaría no se la tomaron por ser varón”, señaló su hermano, Leonel Oroño, que se presentó en el Congreso junto al diputado por San Juan Eduardo Cáceres, autor del proyecto que fue acompañado por la firma de una quincena de legisladores.
La iniciativa busca ampliar los alcances de la “Ley Micaela” (por Micaela García, la joven violada y asesinada en Gualeguay en 2017) de capacitación sobre la violencia de género para personal del Estado, para que esa formación se brinde “desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres”, según sus impulsores.
Alejo Oroño (22 y Nadia Navarro (24). La joven lo mató de una puñalada en el corazón, en Hurlingham, el 10 de febrero pasado. Eran padres de un bebé de 18 meses.
Este jueves se recordó en el Congreso que en el último mes hubo al menos 9 casos de varones víctimas. Entre ellos, Juan Manuel Padrón, el militante de la UCR asesinado en Río Gallegos por su novia, desangrado por tres puñaladas (“estoy re loca”, se conocieron audios de la mujer).
Pero la ley pone en foco además las falsas denuncias por violencia de género hacia los varones y tipifica los impedimentos de contacto con los hijos, como violencia psicológica.
“La violencia contra los hombres no está en la agenda de gobierno ni mediática, pero existen muchos casos, no sólo de asesinatos que ni se conocen, sino de todo tipo de violencia física, psicológica, financiera, económica, de impedimento de contacto con los hijos en materia de divorcios, es un flagelo cotidiano que afecta a miles de familias porque no sólo sufre el varón, sino también las madres, abuelas y hermanas de las víctimas”, aseguró el diputado Cáceres.
El caso de Alejo Oroño conmocionó al quedar registrado el crimen por una cámara de seguridad de un supermercado, cuando la joven le clava un cuchillo en el corazón, en plena calle.
“Ella le pegaba, le gritaba, no le dejaba ver al nene. Él jamás le pegó”, aseguró su hermano ante el Congreso, al pedir que se trate la ley.
El proyecto cita un informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema según el cual “los hombres tienen mayores problemas a la hora de pedir ayuda por el estigma que relaciona al varón con el sexo fuerte”. Y según esos números, el 23% de las personas denunciadas por violencia doméstica en 2019, fueron mujeres.
“Hay que borrar la grieta de géneros y no politizar, la violencia no tiene género, sólo si trabajamos juntos y analizamos la problemática de una manera integral, podremos evolucionar y acabar con los distintos tipos de violencia”, sostuvo el diputado Cáceres.
En tanto, el abogado de la familia Oroño, Fernando Soto, de la ONG “Usina de Justicia” aseveró que “Como a Úrsula [Bahillo, asesinada en febrero], a Alejo lo mató el sistema judicial porque no le tomaron la denuncia cuando necesitó hacerlo. Hay abuso de género pero esto no puede eclipsar la vulnerabilidad que también padecen hombres, esto no pretende minimizar la lucha de las mujeres, una vida es una vida”.
El proyecto recibió respaldo, entre otros, de Eduardo Awad, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. “La Ley Alejo busca la igualdad y protección de las víctimas sin importar su género”, señaló.
Respecto de las falsas denuncias y el impedimento de contacto contra los hijos, que padecen miles de varones en separaciones conflictivas, dijo que “son temas sumamente sensibles que se perciben en los tribunales en conflictos de divorcio”.
“Es entendible que, para los jueces, sea más tolerable el riesgo de equivocarse y ordenar la detención o imponer medidas de restricción de un hombre que, a lo largo del proceso, podrá comprobar su inocencia, pero que laboralmente y psíquicamente terminará muy afectado”, señaló.
La iniciativa tuvo adhesión de más de una decena de ONGs, como Infancia Compartida, Aafani, Papás en Lucha (San Juan), No más hijos rehenes, Papás en Lucha, Infancia X+Justicia (Mendoza), Adnap (Córdoba), A.P.A.U Asociación de Padres Autoconvocados del NOA, El Amor puede Más (Chubut), Crecer en Familia (Tucumán), Fundación Lazos, Padres Víctimas de Violencia, Movimiento de profesionales víctimas de falsas denuncias, Hombres Víctimas de Falsas denuncias (Mendoza) y Padres Autoconvocados de Quilmes, entre otras.
“Los abogados nos sentimos impotentes ante el impedimento de salvaguardar los derechos de familiares y/o del padre de familia; en especial cuando los hijos son utilizados, cosificados, para dañar al otro. Repudiamos la violencia como violencia en sí”, publicó en redes sociales el estudio Scimé.
La doctora en Ciencias Sociales Roxana Kreimer -con cuenta en twitter “Feminismo científico”- se mostró a favor del proyecto: “Creo que las comisarías y las fiscalías deberían ajustar sus protocolos para los casos de violencia doméstica, pero no sólo en defensa de las mujeres, sino también de los hombres, algo que se está trabajando en el proyecto de Ley Alejo. En muchas comisarías se burlan de los varones cuando denuncian que sus parejas les pegaron”, señaló.
Los principales puntos del proyecto de “ley Alejo”
1. Amplía los alcances de la “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres.
2. Se desarrollan políticas públicas en educación, justicia, seguridad y trabajo, entre otros organismos, y campañas de difusión.
3. Crea una línea gratuita de asistencia.
4. Comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de diferentes géneros, garantizando cupo igualitario en la atención y respetando el previsto por el Decreto 721/2020 para trans, travestis y transgénero.
5. Aborda derechos y garantías mínimas en procedimientos judiciales y administrativos, y crea un observatorio para analizar los casos.
6. Se tipifican las falsas denuncias y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica.
7. Establece mecanismos informativos y educativos en la capacitación dar a conocer las consecuencias legales de realizar falsas denuncias y publicar y compartir escraches en redes sociales.
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