El dique de contención que el narcotráfico encontró en Rosario

de lo que nos pasa en términos de violencia en la ciudad, incluyendo balaceras, ajustes de cuentas, ataques a frentes de casas, etc., sin estudiar las raíces profundas del fenómeno, que no es nuevo ni en la provincia de Sante Fe ni, en forma particular, en Rosario.

El narcotráfico encontró en sectores de la clase media, media alta, profesional (abogados, contadores, dueños de inmobiliarias o financieras) todo un dique de contención no solamente para darle un viso legal a sus inversiones, sino también para defender sus intereses, a través de actores del mundo del derecho. Este ataque, como tantos otros que hubo antes, parece involucrar a personas que han decidido ser algo más que abogados defensores y ofrecen servicios, como asesorías letradas, a bandas narcocriminales.

Que no haya confusión, Zeballos es una víctima y su ataque debe ser investigado, pero no se debe perder de vista que la agresión no fue producto de un robo casual, sino de una agresión con perfil mafioso, en un contexto en el que el narcotráfico encontró tolerancia en sectores que, con el único afán de incrementar su poder y/o riqueza, ofrecieron su profesionalismo para garantizar protección.

La inseguridad en Rosario es estructural y tiene terminales de complicidad en distintos estratos. La policía de la provincia es uno. Días atrás, un alto jefe de la policía, el ex titular de inteligencia de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes. Pero no solo en la policía hay connivencia.

Otra terminal de complicidad es la justicia. Alcanza con tan solo citar la causa que investiga una red de juego clandestino vinculada a la banda “Los Monos” que ya provocó el desplazamiento y la detención de dos fiscales, Gustavo Ponce Asahad y el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal. Y en esa misma causa también se observan terminales de complicidad con la política, porque hay otros fiscales que están intentando imputar al senador del departamento de San Lorenzo, Armando Traferri. Lo consideran posible organizador de una asociación ilícita que protegía a esa red de juego ilegal. 

Entonces, en este marco de complicidades policiales, judiciales y políticas, combinado con un armado profesional que defiende y sostiene al narcotráfico, encontramos la causa profunda de este ataque que, en la superficie, puede ser visto como un pico de violencia.

Sería ingenuo además creer que lo que está ocurriendo en Rosario no está conectado a la batalla que decidió dar el gobierno provincial contra los nichos mafiosos. Ese control y castigo tiene lamentablemente una respuesta por parte de los miembros corruptos de la policía, de la política y de la justicia, quienes, administrando la violencia en el territorio, intentan generar caos, como ocurrió este fin de semana, con este ataque sicario en particular. Y frente a eso, la mirada condescendiente de gran parte de la corporación política y judicial.

En este escenario, la coordinación con las fuerzas federales es imprescindible para abordar de manera eficiente el complejo entramado de intereses y actores que forman parte de los múltiples brazos delictivos: financieros, económicos, institucionales y sociales. En lo inmediato, para bajar la violencia letal que tanto preocupa a los rosarinos es necesaria la presencia decidida y en buen número de agentes federales, porque su disposición le dará al gobierno provincial tiempo para encarar una reforma policial, que es muy necesaria y hasta el momento nadie logró.

Hoy la policía de Santa Fe es la más grande detrás de la Bonaerense, con aproximadamente 22 mil efectivos. Se trata de una estructura policial que por un lado atraviesa décadas de malas gestiones, salarios bajos y escasa capacitación, y que por otro lado está corrompida en niveles muy penetrantes por el narcotráfico. Debido a eso, es necesario su reemplazo por fuerzas que, incluso con dificultades, tienen mejores índices de transparencia y efectividad. La sustitución es una respuesta inmediata pero transitoria, porque a la violencia se la puede contener o correr, pero en Santa Fe es necesario transformar la policía. De manera contraria, no se puede dar seguridad con una herramienta que está contaminada.

Roy López Molina es abogado, escribano y vicepresidente primero del Concejo Municipal de Rosario.