La Unión Europea inició acciones legales contra el Reino Unido en una importante escalada de las tensiones entre las dos partes menos de tres meses después de que el brexit se
concretara formalmente.
La medida, que se produce tras la decisión unilateral de Gran Bretaña de retrasar la implementación de una parte clave del acuerdo sobre el brexit relacionada con Irlanda del Norte, podría dar lugar a sanciones financieras o la imposición de aranceles al Reino Unido.
Es probable que la disputa empeore la ya tensa relación entre las dos partes que ha llevado a desacuerdos sobre las exportaciones de vacunas contra el covid y la negativa del Reino Unido a otorgar todos los derechos al embajador del bloque en Londres. El acuerdo comercial posbrexit que ambas partes firmaron el 24 de diciembre aún no ha sido ratificado formalmente por la UE a pesar de haber entrado en vigencia el 1 de enero.
Un funcionario de la UE dijo el lunes a periodistas en Bruselas que el bloque consideraba que las acciones del Reino Unido eran un problema enorme y planteaba dudas sobre el compromiso del Gobierno con la parte de Irlanda del Norte del acuerdo sobre el brexit. El funcionario señaló que esperaba que el Gobierno mantuviera conversaciones con la comisión para encontrar soluciones conjuntas y poner fin a la acción legal.
La comisión aún está deliberando si otorgar a lasempresas financieras del Reino Unido un mayor acceso al bloque en virtud de la llamada decisión de equivalencia regulatoria. Si bien no existe un vínculo formal entre esa decisión y la acción legal del lunes, habrá una respuesta conjunta, dijo el funcionario, quien pidió no ser identificado porque el proceso es privado.
Bajo el acuerdo del brexit, Irlanda del Norte se mantuvo efectivamente en la unión aduanera y el mercado único de la UE. Esto evitó la necesidad de controles fronterizos en la isla de Irlanda, pero los introdujo por primera vez en los productos que ingresan a la provincia desde Gran Bretaña, lo que provocó retrasos e interrupciones.
Protocolo.
El primer ministro británico, Boris Johnson, ha sido objeto de una presión cada vez mayor por parte de miembros de su propio partido, así como de políticos unionistas en Irlanda del Norte, para renegociar el Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo del brexit.
El mes pasado, el Reino Unido dijo que retrasaría las reglas que deberían comenzar a regir el 1 de abril y que habrían requerido que las empresas que envían alimentos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte proporcionen documentación aduanera adicional, una medida que la comisión advirtió que viola los términos del Protocolo. Gran Bretaña también planea retrasos similares en otras áreas, incluidos controles sobre envíos de paquetes.
El Reino Unido está comprometido con el protocolo de Irlanda del Norte, pero quiere que se aborden los ámbitos que preocupan, dijo el portavoz de Johnson, Jamie Davies, en una llamada el lunes. Las medidas que ha tomado el Gobierno son “temporales” y “operativas” y están diseñadas para “minimizar la interrupción”, agregó.
La comisión inició procedimientos por infracción en virtud de la legislación de la UE, señaló el funcionario. Eso significa que, en última instancia, puede solicitar un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que podría imponer sanciones financieras. A pesar de que la influencia del TJUE en el Reino Unido fue motivo de controversia en la campaña previa al referéndum sobre el brexit de 2016, el Gobierno aceptó que el tribunal de la UE tuviera un rol en el tratado.
Largo proceso.
La comisión también está tomando medidas en virtud del mecanismo de resolución de disputas del propio tratado, que podría conducir al establecimiento de un panel de arbitraje y, si el Reino Unido pierde, podría ver la suspensión de parte de su acuerdo comercial general con la UE, o la imposición de aranceles.
Ambas opciones podrían tardar más de un año en concretarse y los funcionarios de ambas partes han dicho que quieren alcanzar un acuerdo antes de llegar a la imposición de sanciones.
La comisión inició previamente procedimientos por infracción contra el Reino Unido después de que el Gobierno de Johnson anunciara planes en septiembre para anular parte del Protocolo. Estos se retiraron cuando el Gobierno dio marcha atrás poco antes de que se firmara el acuerdo comercial en diciembre.
HV
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