El kirchnerismo redobló sus presiones para pedir la renuncia del procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, en el marco de su ofensiva sobre la Justicia.
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Mientras el designado ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, adelantó que pedirá la renuncia del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la Comisión Provincia de la Memoria (CPM) que dirige el premio nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel apuntó contra Conte Grand.
Conte Grande antes de ser el jefe de los fiscales bonaerenses fue secretario Legal y Técnico de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Desde la procuración dio espacio a los fiscales para que investiguen múltiples causas por corrupción como el fraude a Independiente en que están involucrados Hugo y Pablo Moyano y el caso de La Salada, entre otros.
El gobierno de Axel Kicillof ya le había pedido sin éxito el año pasado a Vidal que le de los dos tercios del Senado bonaerense para echar a Conte Grand. Este ya fue atacado sobre todo cuando la CPM promovió, el año pasado, la polémica excarcelación de condenados comunes por la pandemia del Covid 19.
Ahora la CPM –la misma que acusó a periodistas de espionaje ilegal en el caso D’Alessio y está alineada con los K- elevó una nota a la Suprema Corte de Justicia de la provincia en que cuestiona a Conte Grand.
Consultadas fuentes de la procuración, señalaron que no harán comentarios hasta que la Corte resuelva si envía la nota a un fiscal o no para iniciar una investigación.
“Las irregularidades funcionales de los representantes del ministerio público fiscal de dicha jurisdicción (Loma) darían cuenta del desarrollo de investigaciones arbitrarias y selectivas por parte de funcionarios de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado a cargo de Sebastián Scalera”, dice la nota.
La nota llamativamente tiene párrafos copiados textualmente de un voto de disidencia del ex ministro de la Suprema Corte, Eduardo de Lazzari, en la suspensión del fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari. Esas copias, incluyendo errores ortográficos, muestran que De Lazzari estaría asesorando informalmente a la gestión de Kicillof.
Cuando de Lazzari el año pasado trazó esas denuncias en la fiscalía de Scalera, Conte Grande abrió una causa y la mandó a sorteo. Terminó en manos de un juez de La Matanza porque los de Lomas de Zamora se excusaron.
Y agregó la nota de la CPM a la Suprema Corte que “tales acciones habrían conllevado el involucramiento irregular de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia y del Ministerio Público de Seguridad de la Nación”.
La CPM se basó, también, en acusaciones del juez Gabriel Vitali quien cuestionó la actividad de Scalera en las causas del club Independiente y La Salada. Vitali, a su vez, dos causas abiertas en su contra.
El fiscal Scalera intervino también en la recusación del juez Carzoglio en la causa Independiente. El juez Vitali acusó a Scalera de iniciar investigaciones “con el objetivo de inclinarlas a sus intereses políticos o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios, entre otros donde han participado funcionarios de la Agencia Federal de Investigaciones de manera como menos irregular en consonancia con lo denunciado por diferentes magistrados de Lomas de Zamora tales como lo doctores (Luis) Carzoglio y (Gabriel) Vitale”.
En una causa conexa está imputado el abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, por instigar a un detenido a hacer una falsa denuncia contra Scalera.
La nota está firmada por Esquivel, Dora Barrancos y el secretario de la CPM y el “cerebro” de la organización Roberto Cipriano García. Esquivel apoyó abiertamente las candidaturas del Frente de Todos.
En concreto la se solicitó a la Suprema Corte de Justicia: “Remitir un informe circunstanciado en relación a las acciones desplegadas por esa SCJBA y la Procuración General respecto de las distintas presentaciones efectuadas por el juez de Garantías de Lomas de Zamora Gabriel Vitali”.
La CPM pidió además que “informe sobre las investigaciones y auditorias realizadas sobre la Fiscalía General de Lomas de Zamora, la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado a cargo del Dr Sebastián Scalera y la Fiscalía N°8 de delitos económicos y violencia institucional de Lomas de Zamora”.
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