Mientras la Cámara en lo Civil y Comercial ratificó que en el caso de Oil Combustibles -la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa- hubo “hechos ruinosos o
fraudulentos”, por parte de la firma que se acogió “sistemáticamente a planes de pago para obtener liquidez de forma irregular” con la “complicidad de funcionarios estatales”, el dueño del Grupo Indalo está a un paso de recuperar la firma que fue denunciada por no haber pagado al fisco 8.000 millones de pesos y cuya quiebra se decretó en 2018.
La situación de Oil Combustibles se definirá en las próximas semanas. La jueza en lo Civil y Comercial Valeria Pérez Casado tiene 100 millones de dólares para distribuir entre los acreedores de la petrolera, liquidarla en su totalidad y dar así por concluido un proceso que inició en mayo de 2018, cuando decretó su quiebra.
Sin embargo, después de ingresar a la moratoria fiscal impulsada por el presidente Alberto Fernández que posibilitó que empresas quebradas obtengan un plan de facilidad de pagos; Cristóbal López inició otro proceso que transita sus instancias finales. Buscó un avenimiento, es decir, obtener la conformidad de todos los acreedores para encontrar otra camino para la cancelación de la deuda y así evitar la liquidación de Oil
El viernes pasado, el abogado de López, Eduardo Favier Dubois, presentó un nuevo escrito dando a conocer la conformidad de nueve acreedores que se sumó a un listado ya sumado al expediente, de otros 22. Es el cuarto informe que se presenta con el consentimiento de diversos acreedores verificados en el proceso de quiebra.
El 8 de marzo, la jueza Pérez Casado pidió más información al respecto. Lo cierto, es que pese a estar quebrada desde 2018, inactiva desde entonces y con sus principales activos ya vendidos, Oil va consiguiendo la conformidad para evitar la liquidación de lo que queda de la compañía. Es una carrera a contrarreloj, pero el dueño de Indalo está más cerca de levantar la quiebra de la petrolera.
La oposición en el Congreso se había opuesto a la inclusión de Oil en la nueva moratoria, y presentó una nota que detalla la deuda de la compañía, señalando que la firma “ha manifestando su voluntad de acogerse a un plan de facilidades de pago para cancelar la totalidad de sus deudas tributarias verificadas en el concurso (6.739.449.633 pesos), en la quiebra (1.507.702.128 pesos) y pendientes de resolución (3.548.496.183 pesos)”. En el fuero federal, donde se juzga por defraudación a los dueños del Grupo Indalo, la anterior gestión había reclamado una deuda con la AFIP de 10.000 millones de pesos.
Pero la petrolera sumó otro problema: en 2018 la quiebra se dictó con continuidad, y esto generó nuevas deudas por “el incumplimiento de obligaciones impositivas a su cargo motivadas en la continuidad de la explotación”, señaló la AFIP que además exige el pago de otros 20 millones de pesos.
Para Cristóbal López, la deuda no supera los 560 millones de pesos. Pero recientemente un fallo de la Sala D de la Cámara de Apelaciones del fuero Civil y Comercial reiteró sus duros términos. Al rechazar un planteo del empresario respecto a cuándo comenzar a contabilizar la cesación de pagos, los camaristas indicaron que Oil generó una “dramática realidad” que puso al fisco en una situación de “dificultad para el recupero de sus acreencias”, como “directa consecuencia de una desorbitada deuda fiscal cuya existencia no puede sino explicarse a partir de evidentes complicidades de funcionarios estatales”, en relación a la AFIP de la gestión kirchnerista, conducida por Ricardo Echegaray.
Para el síndico, el comportamiento de Oil “constituyó un modus operandi que implicó un medio ruinoso o fraudulento para obtener recursos“, ya que desde comienzos de 2011 “adoptó la política empresaria sistemática de financiarse compulsivamente contra el Fisco, para facilitar en préstamo los recursos así habidos (a veces siquiera sin plazo de devolución o sin tasa de interés) a otros integrantes del mismo grupo económico (principalmente a sus accionistas controlantes: Inversora M&S y Oil M&S), para así lograr la expansión del Grupo Indalo mediante compras de empresas”.
Por ello, la sindicatura dijo que se está “frente a un mecanismo reiterado y recalcitrante de no pagar un impuesto (ITC)” que se reflejó en el acogimiento a 192 planes de facilidades de pago, “desde el 5/2011 hasta el 12/2015”. El concepto final del tribunal de apelaciones fue más duro aún: “Toda la cuestión tiene un tufillo perturbador, porque se está ante una maniobra para hacerse de fondos” que luego se volcaron a las empresas, “mientras se afectaba de modo dramático la posibilidad de cumplir con las obligaciones”.
Rechazando todos estos términos, la defensa de Oil Combustibles fue con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, exigiendo además que se contabilice una deuda muy inferior a lo que busca reclamarse.
En el fuero penal, Oil fue denunciada por no pagar a la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner más de 8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC). Mientras no hacían frente a las obligaciones fiscales, sostuvo la imputación, los dueños de Oil decidieron ampliar el conglomerado empresarial, y para ello se valieron de “sistemáticos planes de pago” que concedió el organismo recaudador. Por eso se procesó a López, De Sousa y a Echegaray por defraudación al Estado y se encuentran en pleno juicio oral a cargo del Tribunal Oral Federal 3.
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