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El Consejo General de Guerra que investig el hundimiento del submarino ARA San Juan, sancion al exjefe de la Armada Marcelo Srur con 45 das de “arresto riguroso” por haber informado en forma “incompleta” al Ministerio de Defensa los sucesos acontecidos con el submarino, se inform oficialmente.
Tambin dispuso la destitucin del capitn de navo Claudio Javier Villamide, exjefe del comando de la Fuerza de submarinos de la Armada.
El Consejo de Guerra est conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martn Paleo (Ejrcito) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Area), ambos en condicin de vocales, mientras que lo preside un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegacin expresa del ministro Agustn Rossi.
El funcionamiento del Consejo General de Guerra est reglamentado por la ley 26.394 (Justicia Militar) sancionada en 2008, que derog el Cdigo de Justicia Militar, introdujo modificaciones al Cdigo Penal y Cdigo Procesal (al personal castrense) y aprob el Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y otros conflictos, entre otras innovaciones.
En el caso de la desaparicin y hundimiento del ARA San Juan, el Consejo de Guerra analiz desde el mircoles 25 de noviembre ltimo, en audiencias celebradas en el Edificio Libertador (sede de la cartera de Defensa), la conducta y responsabilidad frente al hecho del exjefe de la Armada Marcelo Srur (a quien el exministro de Defensa Oscar Aguad le pidi el pase a retiro en diciembre de 2017) y del exjefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis Lpez Mazzeo, entre otros oficiales de la Armada.
El Consejo de Guerra tambin evalu las acciones y responsabilidades del exjefe de Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi; del exjefe de Operaciones Carlos Ferraro; el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; como tambin de los oficiales en actividad capitn de navo Hctor Alonso, capitn de fragata Hugo Correa y capitn de corbeta Jorge Sullia.
La resolucin dada a conocer este lunes es la cuarta intervencin del Consejo General de Guerra desde que el Congreso derog el Cdigo de Justicia Militar (a travs de la ley 26394), precisaron a esta agencia desde la cartera de Defensa.
La proximidad de la difusin del fallo del Consejo de Guerra gener en los ltimos das pronunciamientos de entidades ligadas a la Marina pero tambin de abogados que representan a familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan.
El Centro Naval, que nuclea a miembros de la Armada retirados o en actividad, difundi un comunicado en el que asegur que “los marinos estn en estado de vigilia por el cercano desenlace que juzga a un grupo de oficiales por los sucesos ocurridos con el submarino ARA San Juan”.
En el comunicado, el Centro Naval plante que “el nico responsable de la navegacin segura, del rendimiento de ingeniera, de los disparos precisos (en el caso de guerra) y de la moral de la nave es el comandante” y luego seal, en relacin al fallo, que “aguarda que el Consejo de Guerra, en su decisin, resguarde estos principios, valores y votos, porque de otra forma estara cambiando la esencia de la profesin del marino y la ancestral figura del Comandante en el mar”.
El ARA San Juan mantuvo su ltima comunicacin con tierra el 15 de noviembre de 2017, a las 7:30: la tripulacin estaba formada por 44 integrantes, entre ellos el comandante del submarino, capitn de fragata Pedro Martn Fernndez”
Tambin en relacin al fallo del Consejo General de Guerra, la abogada querellante Valeria Carreras emiti en las ltimas horas un comunicado en el que asegur que “los militares procesados que estn siendo juzgados disciplinariamente por el Consejo de Guerra han desplegado una serie de acciones de presin contra los miembros del jurado con el fin de no ser sancionados y as no perder su retiro (jubilacin)”.
Carreras, junto a sus pares Lorena Arias y Fernando Burlando, representa a la mayora de las familias de tripulantes en la causa por el hundimiento que tramita en la Justicia Federal de Caleta Olivia y en la que intervino la Cmara Federal de Comodoro Rivadavia.
“Indigna a los familiares de esta querella, no slo las presiones, sino el argumento de las defensas de los imputados, culpando a la tripulacin y su comandante por el destino final del submarino, tal como hizo el exministro de Defensa (Oscar) Aguad el 17 de mayo de 2019″, seal la abogada.
Los familiares de los submarinistas fueron espiados por la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia que encabezaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el marco de la gestin de Mauricio Macri, tal como denunci el mircoles 23 de septiembre pasado la interventora de la AFI, Cristina Caamao.
Esta denuncia deriv en la apertura de una causa por espionaje ilegal cuyos primeros pasos procesales y medidas de instruccin se realizaron en los Tribunales Federales de Mar del Plata aunque la semana pasada la Cmara Federal de esa ciudad atlntica orden el pase del expediente al Juzgado Federal de Dolores.
