La titular de la ANSES y dirigente de La Cámpora Fernanda Raverta recibió dos denuncias penales por haber otorgado la semana pasada dos pensiones vitalicias a la vicepresidenta Cristina Kirchner, aunque
todavía está en trámite un propio recurso de apelación del organismo contra esa jubilación de privilegio.
Así Cristina, quien anunció la semana pasada que acató la obligación legal de dejar de cobrar el sueldo de vicepresidente, pasó a cobrar su pensión como ex presidenta y la de Néstor Kirchner que sumadas llegan a 1.600.000 pesos por mes. Además, de un retroactivo de unos 100 millones de retroactivo por esas pensiones honoríficas no cobradas desde el 2016 a la fecha.
Las denuncias fueron presentadas por la abogada Silvina Martínez y la dirigente de Bases Republicanas, Jimena De la Torre, ante la justicia federal. Se acusa a Raverta de tomar medidas contra le ley y de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación de Martínez, a la que accedió Clarín, señala que “la decisión de la ANSES de restituir el beneficio a la vicepresidenta, encontrándose un recurso de apelación interpuesto por la propia ANSES en la causa judicial, perjudica los intereses del Estado, ya que implica la erogación de una importante suma de dinero para Fernández de Kirchner”.
Por su parte, el organismo “no aplica el mismo criterio con el resto de los jubilados y pensionados quienes deben litigar años y hasta la Corte con motivo de los sucesivos recursos de la ANSES hasta que con suerte la justicia les reconozca su derecho”, agregó la abogada.
En este caso, “intencionalmente se perjudicaron los intereses del estado para beneficiar a la vicepresidenta de la nación, dictaminando de modo contrario a las previsiones legales como también a la postura del organismo explicitada en la causa judicial antes referenciada”, agregó la letrada. Su denuncia quedó radicada en el juzgado federal número 11.
El artículo 248 del código penal dice que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo.”
Mientras que el artículo 249 señala que “será reprimido con multa de pesos setecientos a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.
Por su parte, la dirigente de Bases Republicanas, Jimena De la Torre, presentó otra denuncia ante el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, “por haberle concedido el derecho al cobro de dos beneficios previsionales a Cristina mientras su propia entidad tiene apelado el fallo con efecto suspensivo”. “La contradicción de Raverta es flagrante”, agregó De La Torre.
La denuncia de Martínez y la de De la Torre se unificarán en una sola en los próximos días.
Mientras tanto, el juez de la seguridad social Ezequiel Pérez Nami aceptó una apelación de diputados de Juntos por el Cambio que reclaman mantener su rol de querellantes en la causa en ese fuero por la jubilación de privilegio de Cristina. Pérez Nami los aceptó en principio pero ante una presentación del abogado de la vicepresidenta dio marcha atrás.
Los legisladores Alejandro Cacace, Alfredo Cornejo y Graciela Ocaña, Luis Petri, Jimena Latorre y Dolores Martínez elevaron así su reclamo a la cámara de apelaciones de la seguridad social.
Cacace estimó que si la resolución de la ANSES número 02503/21 queda firme, Cristina cobrará unos “800 mil pesos por cada pensión, es decir 1.600.000 pesos en total”. Más “100 millones de retroactivo” por pensiones no cobradas desde diciembre de 2016 a la fecha.
Para el diputado puntano, la ley 24.018 estipula que puede cobrar “solo una pensión”. “Puede optar entre el sueldo de vicepresidenta (unos 300 mil pesos) y una pensión, pero no por dos pensiones” dijo a Clarín.
La semana pasada, en forma polémica el juez Pérez Nami le sacó el rol de querellantes a los diputados porque dijo que la ANSES “defendía los intereses el Estado”. Pero la resolución número 02503/21, que le concedió las dos pensiones, “demuestra que Raverta defiende los intereses de Cristina y no los del Estado y estamos ante un hecho nuevo”.
Además, la ANSES tiene diez días para fundar su apelación a partir de que la causa se eleve a la cámara. En ese plazo, puede presentar argumentos o retirar su apelación.
Recién después de que Raverta decida qué hará formalmente en la causa, los diputados decidirán si también formulan también una tercera denuncia penal contra la titular de la ANSES por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Hasta este martes, la ANSES no hizo ninguna presentación en la causa en un sentido u otro.
