Diversas organizaciones de inquilinos realizarán, en distintos puntos del país, un “ruidazo” este lunes 29 de marzo por la noche para pedir una nueva extensión del decreto que suspende desalojos y
congela el precio de los alquileres.
La convocatoria es a partir de las 20 y se concretará en distintas plazas de las ciudades, tanto de Capital Federal como del interior.
— Matías E Solano (@MatiasEzeSolano) March 29, 2021
La Federación de Inquilinos Nacional resaltó que “llevamos adelante varias acciones para que el Gobierno y en particular el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, revean la decisión de finalizar con el decreto y tengan en consideración la grave situación que se vive en términos sanitarios por la segunda ola y por la crisis habitacional producto del incumplimiento de la ley de alquileres y el golpe de precios que lleva adelante el mercado inmobiliario“.
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“Hemos hecho dos pedidos de informes, uno al Ministerio de Salud y otro al Ministerio de Hábitat para que nos respondan si tomaron esta decisión evaluando sus consecuencias. Además, presentamos una carta al presidente, Alberto Fernández, con las firmas de dirigentes sociales, sindicales y políticos, solicitando que extienda el decreto”, señaló la entidad.
#ruidazo por la extensión del decreto 320. @jorgeferraresi es urgente. Después de un año de protección no se puede dejar a la gente en la calle y a la deriva. pic.twitter.com/7qsYUJriRi
— Matías E Solano (@MatiasEzeSolano) March 29, 2021
Ese decreto, bajo el número 320/2020, se dictó el 11 de marzo de 2020, antes de que comenzara el aislamiento obligatorio, con vencimiento previsto para el 30 de septiembre de ese año.
Pero el Poder Ejecutivo lo prorrogó dos veces: primero hasta el 31 de enero de este año y luego hasta pasado mañana. Ahora, la decisión oficial es no extenderlo por cuarta vez, pero los inquilinos buscan que el Gobierno revea esa postura.
Los contratos de locación de inmuebles alcanzados por ese decreto son los destinados a vivienda única urbana o rural, habitaciones en pensiones, hoteles o alojamientos similares, los destinados a actividades culturales y/o comunitarias, los rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias.
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También, están incluidos los destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria; por las MiPyMES, destinados a la prestación de servicios, al comercio o a la industria y por las Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
La norma no suspende el pago de alquileres, sino que aquellos que no pudieran abonarlo acumularán la deuda y se les podrán aplicar intereses compensatorios, pero no intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad, de acuerdo con lo dispuesto oficialmente.
Una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional a fines de diciembre último, reflejó que el 40% de los inquilinos registraba algún tipo de deuda en el pago del alquiler.
J.D. / MC
