Edenor y Edesur enfrentarán este martes la audiencia pública para los aumentos en las tarifas de luz. El ente regulador (Enre) realizó un informe resumiendo las posiciones de las compañías, pero ambas
disputaron las conclusiones del mismo. Edenor los describió como “ciertos errores o sesgos que pueden resultar confusos para quien no se encuentra inmerso en la temática de las revisiones tarifaria”. Edesur plantea que el regulador objeta la política energética de la administración anterior, pero que “a la fecha no hay un planteo en sede administrativa o judicial en los cuales se haga explícito qué o cuales normas del marco normativo vigente fueron incumplidas” anteriormente.
Tanto Edenor y Edesur consideran que el Enre cometió varios errores en su informe de situación. Edesur considera que el Enre le atribuye un aumento diferente al que pidieron ellos.
Las distribuidoras creen que gran parte de los aumentos de 2016 y 2019 fueron a las arcas de los generadores eléctricos, para que el Estado tenga que subsidiarlos menos, y no a las cajas de las empresas, como argumenta el Enre.
En el informe del ENRE, la quita de subsidios de la administración anterior derivo en una “mejora de ingresos de las concesionarias”. “No hubo tal transferencia de ingresos de las distribuidoras, sino un reemplazo de los subsidios que antes cobraban del Estado nacional por una mayor participación de los usuarios en la cobertura de los costos del servicio prestado por las distribuidoras”, le aclara Edenor.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad difundió que Edesur y Edenor pidieron incrementos del 81% y el 157%, respectivamente en las tarifas y plantearon una reducción en los indicadores de calidad del servicio. Las distribuidoras creen que hay una interpretación errónea de la información volcada en sus presentaciones. Edenor solicitó una recomposición del 31% en la factura final (que seria del 28% para los clientes residenciales) y Edesur requirió un 45% (que sería 38% para los hogares).
Según Edesur y Edenor, los mayores importes en las boletas no fueron para que esas compañías obtuvieran mayores ingresos, sino para que el Estado nacional tuviera que pagar menos subsidios a la generación eléctrica. Cuando las distribuidoras no pueden pagar la energía eléctrica que están distribuyendo, Cammesa -controlada por el Estado- se encarga de la diferencia. El Estado nacional la salda a través de subvenciones.
“Como puede verse en la recreación de los cuadros de la auditoría, el aumento se debió en gran medida a la eliminación de los subsidios del precio de la energía mayorista (y de distribución al comparar con 2015). La incidencia del CPD (N. de la R: costos propios de la distribución. o márgenes de las distribuidoras) de los usuarios residenciales se redujo de 56% en promedio a tan solo 21,2%. En los comerciales la incidencia se redujo de 71% a 53,9%”, pinta Edesur.
Tanto Edesur como Edenor creen que el Enre se contradice. “La propia auditoría en la reseña de la política energética del capítulo 4 muestra que las transferencias fueron de los usuarios al Estado, y como bien consigna la auditoría la principal estrategia fue reducir los subsidios al sector. Esto se evidencia principalmente en el mayor traslado a tarifa de los precios mayoristas, pero también cuando se analiza el segmento de distribución. En particular, la propia auditoria en el capítulo 7 afirma exactamente lo opuesto a la afirmación precedente”; critica Edesur.
“El Informe final es además contradictorio: por un lado, se critican las tarifas resultantes de la RTI porque resultaron –a juicio del ente regulador– excesivas o inaplicables y, por otro, se cuestiona la no utilización de un método que hubiese arrojado tarifas sustancialmente superiores”, explica Edenor.
El Enre detalla que tanto Edenor como Edesur tuvieron menor consumo al que esperaron entre 2016 y 2019. Que las recomposiciones que habían solicitado -en función de esos volúmenes- quedaron desfasadas con los números reales.
También las empresas cuestionan la metodología aplicada para el Enre para calcular sus ingresos futuros. “Para determinar la base de capital en el marco de la RTI, el ENRE eligió utilizar la metodología basada en el Valor Nuevo de Reposición o Reemplazo (VNR), un método ampliamente aceptado”. “Sin embargo, en varias partes del Informe final se afirma que ”la elección de la metodología para obtener los costos de capital tampoco fue lo suficientemente fundada’ y que no se analizó adecuadamente por qué no se utilizo el método basado en el Flujo de Fondos”, según Edenor.
