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El premio Nobel de Economa Joseph Stiglitz y otros 100 expertos ms “condenaron enrgicamente” las demandas empresariales contra la Argentina y Bolivia ante el tribunal del Banco Mundial en el Ciadi tras la reversin de los sistemas privados de pensin en dichos pases, y que en particular disolvi el sistema de AFJP en nuestro pas.
En un comunicado firmado por Stiglitz, Juan Somavia, Jeffrey Sachs, Jos Antonio Ocampo y ms de 100 expertos en desarrollo de alto nivel, se advirti que si Argentina y Bolivia pierden los pleitos (contra Metlife y NN Insurance Internacional, en el caso de Argentina, y Banco BBVA, contra Bolivia), significar que “los ciudadanos empobrecidos y los jubilados mayores tendrn que compensar a las corporaciones financieras adineradas”.
En concreto, los economistas condenaron que “las aseguradoras privadas estn demandando a Argentina y Bolivia por prdida de ganancias potenciales como resultado de la reversin de la privatizacin de los programas de pensiones”.
“Argentina y Bolivia se encuentran entre slo 30 pases (de los 192 del mundo) que experimentaron con la privatizacin de sus sistemas de pensiones”, y que hoy “la mayora de estos pases estn revirtiendo esta privatizacin” seala el texto conjunto.
“De seguir en la direccin equivocada, los ciudadanos empobrecidos y los jubilados mayores tendrn que compensar a las corporaciones financieras adineradas” ”
TEXTO DEL DOCUMENTO FIRMADO POR MS DE CIEN EXPERTOS EN DESARROLLO
“La poltica jubilatoria no se trata de asegurar beneficios para las empresas de seguros privadas. Los sistemas de pensiones existen para proporcionar seguridad de ingresos en la vejez, para garantizar que las personas mayores se retiren con jubilaciones adecuadas”, destacaron los firmantes.
“Es deber de los gobiernos de Argentina y Bolivia velar mejor por el bienestar de sus ciudadanos. En 2008-09, esto implic la reinstalacin de un sistema pblico de pensiones” afirma el documento.
Segn los expertos, estos pases “no actuaron solos; Otros gobiernos tambin revirtieron la privatizacin de las pensiones debido a deficiencias demostradas en el sistema de pensiones privado, como que las tasas de cobertura disminuyeron o se estancaron;
los beneficios de las pensiones se deterioraron; la pobreza en la vejez se agrav debido a las bajas jubilaciones; aument la desigualdad de gnero y de ingresos, entre otros”.
En la Argentina, desarrolla el comunicado, las tasas de cobertura para los hombres cayeron del 46% (en 1993, antes de la reforma) al 35% (en 2002) y para las mujeres a slo el 31%; y en Bolivia se estancaron.
A su vez, las estimaciones iniciales sitan el costo en 0,2% del PIB; posteriormente, el Banco Mundial aument la estimacin de costos al 3.6% del PIB, 18 veces la estimacin original; en Bolivia, los costos reales de transicin de la reforma fueron 2,5 veces mayores que las proyecciones iniciales, segn explica el comunicado recientemente difundido. .
Los expertos tambin se refirieren a los costos de administracin, que en Argentina “aumentaron del 6,6% de las contribuciones en 1990 antes de la privatizacin al 50,8% en 2002; en Bolivia, del 8,6% en 1992 al 18,1% en 2002 despus de la privatizacin”, entre otras cifras impactantes.
Adems, expresaron que “los sistemas privados eran costosos: los altos costos de transicin de la privatizacin crearon grandes presiones fiscales; las administradoras de pensiones privadas incurrieron en altos costos administrativos y extrajeron ganancias excesivas a travs de estas tarifas administrativas extraordinarias”.
Para Stiglitz y otros, “los gobiernos de Argentina y Bolivia tomaron decisiones legtimas en inters de sus ciudadanos que deben ser respetadas, como parte de la soberana de un pas”.
“Es reprobable que el arbitraje de tratados de inversin permita a las corporaciones iniciar soluciones de disputas contra los gobiernos —y en ltima instancia contra las personas— para seguir beneficindose”, subrayaron.
En otro orden de planteos, los firmantes del mismo documento se opusieron a la falta de transparencia del proceso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
“Si bien las corporaciones pueden argumentar que se necesitan protecciones procesales, estos casos afectan la vida de millones de argentinos y bolivianos. Deben ser abiertos y transparentes”, consideraron.
Por ltimo, consideraron que estos pleitos judiciales deberan servir como una advertencia para la mayora de los pases del mundo que no han privatizado las pensiones obligatorias pero que pueden tener presiones para hacerlo.
