Por la disparada de los precios de los alimentos, remedios y servicios de la vivienda, la canasta básica de los adultos mayores o jubilados y pensionados ya vale $
64.039.
En relación a 12 meses atrás, cuando ascendía a $ 45.020, representa un incremento del 42,2%, según los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.
Son $ 19.019 más que un año atrás. Es decir hace falta casi una jubilación mínima mensual más (hoy en $ 20.571) para poder hacer frente a la canasta este año.
Los rubros que componen esta canasta son alimentos, productos de higiene y limpieza, medicación e insumos de farmacia, impuestos y servicios, transporte, vestimenta, gastos de vivienda y recreación.
“Este monto continúa mostrando un desfasaje con los haberes de alrededor de 4.500.000 jubilados y pensionados que perciben una remuneración mínima de $ 20.500, con un bono no remunerativo de los que perciben hasta $ 30.800 de $ 1.500 que recibirán sólo en el mes de abril y mayo”, según Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad.
“Se evidencia claramente que esta gran proporción de mayores apenas alcanzan a cubrir un 30% de las necesidades básicas que deberían garantizar su vida digna. Sin olvidar que las Pensiones No Contributivas (por discapacidad) y la Pensión Universal para Adultos Mayores están en un rango del 70 – 80% menos de la jubilación mínima, $16.467 y $ 14.400 respectivamente, que perciben aproximadamente 1.500.000 de personas”, agregó el funcionario.
Alrededor de 2 millones de jubilados, además, perciben haberes medios cercanos a los $ 40.000.
En resumen, para Semino, “más de un 80% de los mayores no pueden cubrir sus necesidades básicas. Inclusive, en aquellos casos en los cuales se perciben 2 haberes (jubilación y pensión)”.
En base a estos valores, Semino reclama un ajuste de emergencia acorde a la canasta calculada por la Defensoría de la Tercera Edad, “teniendo en cuenta que desde hace un año este sector es el más vulnerable a los efectos del COVID 19, ya que el 83% de los fallecidos pertenecen a esta franja etaria. Y que los cientos de miles que cursaron la enfermedad hoy no son asistidos en los controles de salud post patología aguda, ni en rehabilitación, por parte de las obras sociales, de PAMI ni de las prepagas”, asegura.
Semino agrega que las familias que podrían ayudarlos económicamente también han perdido ingresos.
“A todo esto debe sumarse que el Estado incumplió sus reiteradas promesas de vacunación con el sector, ya que sólo el 12% de los mayores han recibido una dosis de la vacuna, teniendo que seguir confinados sin poder realizar actividades laborales que puedan completar sus ingresos, como lo venían haciendo previo a la pandemia, para subsistir”, detalla.
Con estos fundamentos, “nos ponemos a disposición del Ministro de Economía, de la Ministra de Salud, o del funcionario que designe el Poder Ejecutivo, para debatir este pedido públicamente, ya que los jubilados no necesitan una dádiva, sino que se reconozcan efectiva y no discursivamente, sus derechos”, concluyó Semino.
NE
