Después del pedido formulado por el abogado de Cristina Kirchner para que la Justicia le devolviera el manejo de sus empresas, sus hoteles y la administración de todos sus
bienes, el fiscal ante el Tribunal Oral oral Federal 5 (TOF 5), Diego Velasco dictaminó que debe hacerse lugar al reclamo de la familia Kirchner, haciendo cesar así la intervención judicial sobre Los Sauces SA, y el Condominio Máximo y Florencia Kirchner. Planteó que en el caso de Hotesur debe continuar la medida judicial.
La familia Kirchner reclamó ante el TOF 5 que finalicen de forma urgente, en un plazo de 60 días, las intervenciones ordenadas desde 2016 cuando se los investigó por operaciones de lavado de dinero.
Así, Máximo Kirchner perdió el poder de administración del Condominio que nuclea los 26 inmuebles que recibió junto a su hermana, producto de la sucesión de Néstor Kirchner. Además, fueron desplazados del manejo de la inmobiliaria Los Sauces y la firma hotelera Hotesur.
La semana pasada, Carlos Beraldi, abogado defensor, exigió el cual exige la finalización de las intervenciones judiciales de las empresas Los Sauces SA, Hotesur SA, el hotel Los Sauces y el condominio de Máximo y Florencia Kirchner en un plazo máximo de 60 días.
El pedido se lo hizo al juez del tribunal oral N° 5, Daniel Obligado, el mismo que permitió que Amado Boudou goce de prisión domiciliaria al comienzo de la pandemia sin estar incluido en las personas de riesgo.
Beraldi, además, requirió que los interventores presenten un informe final y que un equipo técnico audite el trabajo de los auxiliares de la justicia para determinar la situación patrimonial de las sociedades y el condominio.
Este miércoles, el fiscal ante el TOF 5, Diego Velasco, hizo lugar al pedido de la familia Kirchner y en su dictamen señaló que debe cesar la intervención judicial sobre “Los Sauces” y “Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner”. Sin embargo, consideró que la medida judicial debe continuar en la firma hotelera.
Tanto Los Sauces SA como Hotesur, son las firmas de los Kirchner investigadas por operaciones de blanqueo. Se determinó que fueron usadas para lavar más de 120 millones de pesos entre 2009 y 2013. El mayor inconveniente radica en la inmobiliaria, cuyos principales activos no lograron alquilarse nuevamente, y en el caso del Condominio, acumuló deudas impositivas por más de cuatro millones de pesos.
La Justicia determinó que Los Sauces no tenía como finalidad operar comercialmente, sino ser una “pantalla para poner en circulación de origen ilícito y así darle apariencia de licitud”. Mismo criterio rigió el funcionamiento de Hotesur que continúa operando bajo una intervención judicial.
El fiscal Velasco, en el escrito al que accedió Clarín, realizó una diferencia entre Los Sauces cuya pericia está por concluir, no así la de Hotesur Por eso entendió que debe esta última firma,.continuar intervenida.
Se trata de informes solicitados por Cristina Kirchner y Lázaro Báez uno de los principales inquilinos de Los Sauces, y responsable de explorar Hotesur hasta 2013.
La medida es previa al inicio del juicio oral. Las causas estan radicadas hace tres años en el TOF 5 que preside Daniel Obligado y que junto a Adrian Grünberg y Adriana Palliotti deberán decidir si ponen fin a las intervenciones judiciales.
Ante la vigencia de las intervenciones durante cuatro años, el representante del Ministerio Público Fiscal indica que la firma hotelera debe continuar bajo administración judicial. Como contó Clarín, el contrato de locación con la última empresa, Idea SA propiedad de Osvaldo Sanfelice (ex socio de Máximo Kirchner), quedó desactualizado, con una deuda en la que no se ponen de acuerdo, tornando inviable su curso comercial.
Idea SA también quedo intervenida ya que es parte de las compañías investigadas por lavado de dinero. Pero además, Hotesur SA se encuentra acéfala hace más de tres años, sin ña designación de autoridades, y con problemas para hacer frente al pago de sus gastos, “resulta necesario mantener la gestión del administrador”, expresó en su dictamen el fiscal.
También tuvo en cuenta, en el caso de Hotesur aún está en curso la pericia contable ordenado por el Tribunal. Según la justicia, la empresa hotelera manejada desde su compra en 2008 por Lázaro Báez (condenado a 12 años por lavado de dinero), fue utilizada para blanquear 80 millones de pesos,.simulando contratos de locación como alquiler de habitaciones con empresas del Grupo Austral que nunca se utilizaron. Para su gerenciamiento el empresario K utilizó Valle Mitre SRL que se financiaba con préstamos de Austral Construcciones, principal contratista de obras viales en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista.
Al rechazar que se finalice con la intervención de Hotesur, el fiscal dijo: “Dado que las funciones y objetivos de esa intervención aún se mantienen vigentes hasta tanto las conclusiones de los peritos analicen todos los puntos propuestos por las partes, tendientes a verificar la hipótesis imputativa formulada por el Sr. Fiscal instructor, como así también que sociedad sea normalizada en relación a sus autoridades conforme ha insistido el interventor”.
Planteo diferente tuvo respecto a Los Sauces, la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a Lázaro Báez y a Cristóbal López (fueron el 86% de la facturación). Las maniobras de blanqueo rondaron los 30 millones de pesos. Los principales activos de la firma se encuentran en Capital Federal, más específicamente en Puerto Madero, y en Río Gallegos. Esos inmuebles no lograron alquilarse.
Cristóbal López era quien alquilaba en Puerto Madero, y Austral Construcciones tenía varios de los contratos en Río Gallegos. El fiscal señaló que la pericia ordenada en este caso, “se encuentra en su etapa final” y que “los técnicos intervinientes (oficiales y propuestos por las partes) ya han dejado en claro el panorama ante los puntos solicitados por las partes”, explicó por lo que “se entiende que los objetivos de la intervención en este caso se encuentran cumplidos”.
Por ello dictaminó que es “conveniente el cese de la intervención judicial”, dictaminó Velasco pero le pidió al Tribunal Oral que designe dos veedores de la Auditoría General de la Nación para que “mantengan informado al Tribunal sobre el devenir de las personas jurídicas en cuestión y de los bienes del condominio, con prohibición de enajenación de bienes, activos no corrientes o repartición de dividendos”.
