Una fuerte polémica se desató este sábado en una localidad entrerriana: en medio de la segunda ola de contagios de coronavirus, la intendencia de Santa Elena organizó una fiesta
para 3.000 personas sin protocolos, de la que participó hasta el propio jefe comunal.
El evento se realizó en un terreno que consiguió la habilitación para hacer una obra en construcción en la costanera de la ciudad. Allí, el intendente Domingo Rossi inauguró un tramo de la obra y tras cortar la cinta dio inicio a los festejos.
El hecho quedó registrado en una serie de videos que recorrieron los medios locales y las redes sociales. Allí se puede ver a los presentes sin respetar las medidas de distanciamiento y el uso del barbijo, tal como establecen los cuidados contra el Covid-19.
Según información del sitio local El Once, a pesar de la gran concurrencia de gente, nadie de Prefectura Naval ni de la Policía de Entre Ríos intentó que no se lleven adelante los festejos, tal como tienen ordenado desde la Justicia Federal y el Ministerio de Gobierno de la provincia.
De la inauguración participaron también el diputado provincial Sergio Castrillón y el delegado del gobierno nacional en Vialidad, Daniel Koch.
La fiesta organizada por la intendencia de Santa Elena, para 3.000 personas. Captura de video.
El hecho ocurre unos días después de que se realizara otra celebración en la localidad de Crespo, también en Entre Ríos, para unos 500 adultos mayores. Igual que lo que ocurrió en Santa Elena, en ese caso no se trató de una fiesta clandestina, sino de un evento autorizado por el municipio local, encabezado por Darío Schneider, de Juntos por el Cambio.
En este caso, se trata de un repudiable hecho organizado por el intendente Rossi, quien según el sitio local Análisis, fue electo por la agrupación Vecinalismo y está al frente de su quinto mandato en el municipio. Antes había sido vicegobernador de la provincia, segundando al peronista Jorge Busti, entre 1987 y 1991.
Ese mismo sitio recordó que el actual jefe comunal “fue condenado por enriquecimiento ilícito tras comprobarse el movimiento de sumas millonarias en dólares, en cuentas de bancos uruguayos, en la década del ’90 y casi coincidiendo con la privatización del frigorífico Santa Elena”.
Por ese hecho, la justicia lo condenó en 2006 a una pena de tres años de prisión condicional. Actualmente, enfrenta junto a su pareja, la concejal Patricia García, “otro proceso judicial también por cuentas en el Uruguay”.
AFG
