Apremiado por el calendario electoral, el Gobierno tiene un mes para correr las elecciones. Técnicamente, el 10 de mayo el Presidente tiene que emitir el decreto de convocatoria de los comicios de agosto.
Por eso, antes de esa fecha debería quedar establecido el nuevo cronograma.
La oposición -que tiene que avalar o rechazar formalmente la propuesta oficial- también mira de cerca ese límite y no quiere dejar abierta ninguna puerta que permita “cambiar las reglas de juego” sobre la marcha.
“Una vez que el cronograma electoral está en marcha no le pertenece a Wado de Pedro, ni a Alberto Fernández ni a Juntos por el Cambio. Le pertenece a la Justicia Electoral. Y si bien la Argentina es débil institucionalmente, no es tan débil como para que no haya elecciones y que la Justicia no respete ese proceso”, advirtió este sábado el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan López.
El 10 de mayo son 90 días justos antes del 8 de agosto, la fecha de las PASO. Si la ley se modifica antes de esa fecha, todo el calendario se reacomoda. Por eso, la oposición advierte que no puede especularse con ese límite.
El trayecto está cargado de estaciones. Primero, el presidente de Diputados Sergio Massa, convocará para esta semana -el miércoles o jueves- al encuentro del ministro de Interior Eduardo “Wado” de Pedro con los bloques minoritarios de la Cámara que no estuvieron la reunión del martes pasado. Se trata principalmente de los dos interbloques federales y la Izquierda.
En paralelo y con el borrador del proyecto que, como prometió, envió De Pedro, la Mesa de Juntos por el Cambio tiene que volver a reunirse para emitir respuesta.
El viernes el interbloque de diputados conducido por Mario Negri se reunió virtualmente. Analizaron el texto pero quedaron en no dar opinión hasta que la Mesa se expida. Eso sí, van a pedirle a las autoridades partidarias que sea esta semana. “No se puede seguir manoseando este tema”, aseguran.
En una primera lectura, la oposición estaba conforme en que Wado cumplió en enviar un borrador de proyecto propio. No querían que se use de base iniciativas viejas presentados por el radicalismo. También celebraban que la propuesta se limita a correr la fecha de la PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y las Generales del 24 de octubre al 14 de noviembre.
Sin embargo, dos de los pedidos de JxC no van a ser contemplados. La oposición quería que el Ejecutivo revierta el decreto con el que anuló el voto de extranjeros por correo y pedía también la implementación de boleta única.
De Pedro aseguró que para cambiar el sistema de votación no hay tiempo y se comprometió a evaluarlo a futuro. Sobre la derogación del decreto de Mauricio Macri -que habilitó la forma de votación por correo- planteó que es inconstitucional haber cambiado un sistema de votación por decreto y que no habrá marcha atrás.
En la Mesa de Juntos por el Cambio persiste el tironeo entre los más duros, como Patricia Bullrich, que creen que no deben haber cambios y los que consideran que no es grave correr un mes la elección, como blanqueó la propia Elisa Carrió.
El grupo mayoritario se inclina en a avalar el corrimiento. Incluso algunos consideran que les conviene a ellos también porque da más tiempo para organizarse y que la gente salga a votar más confianza. Miran con preocupación el antecedente de la elección municipal de Río Cuarto -en noviembre de 2020- votó la mitad del padrón.
Más allá de la fase política, se debe contemplar el trámite parlamentario. La comisión de Asuntos Constitucionales sería la encargada de tratar el proyecto. Está presidida por el oficialista pampeano Hernán Pérez Araujo, que asumió ese cargo tras la salida de Pablo González a YPF.
Si obtiene dictamen podrá ir al recinto. Paso previo, se debe renovar el protocolo de funcionamiento mixto, presencial y virtual. La última prórroga estuvo libre de peleas y esperan que esta vez sea igual.
Al tratarse de una ley electoral, ambas Cámaras deben aprobarlo con mayoría absoluta: la mitad más uno de los miembros del cuerpo. En diputados son 129 votos. Recién pasaría al Senado que también debería tratarlo primero en comisión. El agravante es que la Cámara alta respeta los siete días de despacho de los dictámenes antes de llevarlo al recinto, lo que dilataría aún más el tiempo que es justo.
En el medio está la jueza electoral María Servini que tras dar positivo de coronavirus amenazó con no avanzar con el armado de las urnas si no vacunaban a su plantel.
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