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La reunión, que estaba prevista para las 10 de la mañana en la capilla del Complejo Penitenciario, se inició a las 12.30 y concluyó apenas una hora después por decisión de los representantes de los cinco módulos.
Fuentes judiciales indicaron a PERFIL que en la mesa participaron autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Subsecretaría de Política Criminal, la Cámara Nacional de Casación, Procuración Penitenciaria, entre otros.
En el acta se dejó constancia la disconformidad de los delegados de los detenidos, quienes pidieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 6 de mayo a las 10 de la mañana, al entender que “es imprescindible” la presencia del secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, los jueces de Ejecución y los secretarios de la Cámara de Casación para avanzar en los pedidos realizados en la reunión anterior.
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Emiliano Blanco, director del SPF, informó a los presentes que existen “805 informes de penados a menos de 3 años” y que comenzarán a trabajar con 405 personas que se encuentran en condiciones de acceder a la libertad asistida y condicional.
Además, explicó que se aceleró el trámite administrativo de los informes que presentan a solicitud de la Defensoría General y detalló que el SPF cuenta con 1.280 internos en condiciones de riesgo de Covid-19, de los cuales 320 fueron excarcelados hasta el día de hoy.
Por su parte, los representantes de los detenidos pidieron que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convoque a la próxima reunión a la totalidad de los jueces de Ejecución penal como así también a los miembros de la Cámara Federal de Casación.
De la misma manera, solicitaron “restablecer los interlocutores a nivel ministerial (en alusión a Juan Martín Mena, el secretario de Justicia)”.
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A su vez, reiteraron que mantengan el compromiso de no realizar traslados de los referentes de los pabellones y que se mejoren las condiciones y entrega de elementos de higiene frente a la pandemia de coronavirus.
También exigieron una respuesta “concreta” a las solicitudes de medidas excepcionales que sirvan para descomprimir la situación de hacinamiento.
Las negociantes entre las autoridades y los detenidos se iniciaron el viernes pasado, en medio del motín que se generó ante la falta de respuestas de los representantes de la Justicia.
