El informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) conocido esta semana, sobre los incumplimientos del gobierno de Cambiemos a la hora de tomar el préstamo del Fondo Monetario, en 2018, confirmó denuncias previas, como la que elaboró el Banco Central en 2020 sobre el destino de fuga de capitales del endeudamiento en el período 2016-2019.
El texto se presentó el miércoles pasado en la sede de la AGN en una audiencia en la que los siete auditores se tiraron con munición gruesa: de un lado, los cuatro oficialistas, del otro, los tres opositores, incluido el presidente del cuerpo, Jesús Rodríguez. El informe fue aprobado por esos cuatro votos, mientras que los otros tres se opusieron.
El objetivo de la auditoría fue evaluar si el acuerdo stand by entre la Argentina y el FMI “se gestionó mediante procesos y procedimientos que asegurasen una gestión eficiente y efectiva de la deuda”, según expresó Javier Fernández, el abogado y auditor que llevó la voz cantante en la exposición del miércoles y que fuera socio de Sergio Szpolski en el Grupo 23 de medios en la primera mitad de la década pasada.
Para hacer esa valoración, la AGN analizó el cumplimiento de las normas y las “sanas prácticas internacionales” en la materia. También la “eficiencia, transparencia y efectividad en la gestión” y el nivel de impacto del endeudamiento “en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública”.
Según el informe, el acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda, “quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública”, según expresa el texto al que tuvo acceso Tiempo.
Tampoco se cumplió con el artículo 61 de la Ley 243.156, de Administración Financiera, que exige al Banco Central que, en caso de endeudamiento externo, debe emitir un dictamen sobre el impacto de esa operación en la balanza de pagos.
Otra norma obviada fue la Resolución MEyFP 108/09 (del año 2009 emitida por el entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto. “El 99% se hizo así, pero no el del FMI”, se señaló en un video difundido por las redes sociales desde el bloque oficialista de la AGN.
En esa misma resolución se indica que ciertas áreas del Poder Ejecutivo deben participar en el proceso de gestión de créditos con organismos multilaterales, concretamente para la autorización, negociación, contratación, administración, control y supervisión de los préstamos. Esas áreas técnicas específicas son la Secretaría Legal y Administrativa, la Subsecretaría de Asuntos Legales y Regulatorios, la Dirección de Programación e Información Financiera y la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales, distribuidas entre el entonces Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Finanzas. Tampoco se dio lugar ala intervención de la Jefatura de Gabinete ni al Congreso Nacional.
Quizá, el dato más elocuente de esta falta de cumplimiento de los controles haya sido el dictamen jurídico del Poder Ejecutivo que «se emitió fuera de término» y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo. Ese dictamen vio la luz pública el 22 de junio y se basó en un decreto de necesidad y urgencia del día anterior, que unificó los ministerios de Hacienda y Finanzas. Pero el acuerdo con el FMI se firmó el 12 de junio y quien estampó su nombre fue Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda y sin autoridad para dar ese paso.
Miguel Ángel Pichetto, uno de los auditores por la oposición, remarcó en eldebate del miércoles que este era un momento «inoportuno» para dar a conocer el informe dado que el ministro de Economía, Sergio Massa, se encontraba negociando con el FMI una nueva reforma al mismo préstamo de 2018.
Más allá de la chicana, lo cierto es que el gobierno del Frente de Todos legitimó un acuerdo que violó las normas argentinas y las del propio FMI, que otorgó al país un préstamo que superaba claramente el tope al que podía aspirar la Argentina y, al mismo tiempo, impuso un esquema de repago de imposible cumplimiento. «
Fuente Tiempo Argentino
