La presidenta de Perú, Dina Boluarte, confirmó este martes que el próximo 6 de junio acudirá al Ministerio Público para brindar su testimonio por la investigación en su contra por las decenas de muertes que se produjeron en su país durante las protestas antigubernamentales desarrolladas entre diciembre y marzo pasado.
“Confirmo mi participación en la fecha indicada”, señala un documento difundido este martes por medios locales, en el que la mandataria agrega que decidió no utilizar la prerrogativa que le permite que su declaración sea tomada en el Palacio de Gobierno, por lo que acudirá “presencialmente a la Fiscalía de la Nación”.
Boluarte, no obstante, subrayó que solo ofrecerá su declaración ante la fiscal general, Patricia Benavides, ya que la funcionaria “es la única autoridad competente en las investigaciones de altos funcionarios del Estado peruano de acuerdo a ley”.
La Fiscalía de la Nación reprogramó la toma de la declaración de Boluarte, luego que ella pidiera cambiar la fecha inicial de la diligencia, informó el medio local El Comercio.
El fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, confirmó la modificación de la diligencia luego que la presidenta pidiera reprogramar la cita, que inicialmente iba a ser el 31 de mayo.
En el escrito, la mandataria ratifica que busca esclarecer los hechos y que, por esto y “a pesar de la inmunidad presidencial consagrada en el artículo 117 de la Constitución”, confirma su presencia en el interrogatorio y aseguró que responderá sin hacer uso de su derecho a guardar silencio.
“Yo voy a acudir al Ministerio Público, voy a contestar cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera. No voy a acogerme a ese derecho de quedarme en silencio porque creo que la primera persona que quiere saber la verdad de qué pasó con los fallecidos en esas marchas de protestas violentas es Dina Boluarte”, respondió el pasado viernes ante la prensa.
Investigación por las muertes en las protestas
La Fiscalía de la Nación anunció el inicio de las pesquisas preliminares contra la gobernante y varios de sus ministros y exministros el pasado 10 de enero por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante la represión de las protestas desatadas en el país tras la destitución del presidente Pedro Castillo, decida luego del intento de disolver el Congreso unicameral.
Los manifestantes exigían la renuncia de Boluarte, que tomó el poder tras la destitución de Castillo, el cierre del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
En las protestas murieron 61 personas, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río cuando intentaban huir de campesinos que los atacaron con piedras en Puno, epicentro de las manifestaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía denunciaron en términos similares los excesos de las fuerzas de seguridad.
Castillo, por su parte, se encuentra detenido por el delito de rebelión tras ser cesado por el Congreso el 7 de diciembre.
Fuente Telam
