La polémica por las salidas de los presos en medio de la crisis carcelaria que generó el coronavirus no termina. Si bien los números oficiales indican que el otorgamiento de las excarcelaciones no es indiscriminado, algunas libertades provocaron un enorme repudio.
Es el caso de abusadores sexuales, femicidas y narcos que, pese a tener condenas elevadas o acusaciones por delitos gravísimos, fueron beneficiados con arresto domiciliario al menos hasta que termine la emergencia sanitaria.
Las salidas comenzaron a darse pocas horas después del decreto que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país.
Uno de los primeros que dejaron la cárcel fue el ex juez federal de Orán, Raúl Reynoso (61), condenado a 13 años de prisión por haber recibido pagos a cambio de beneficiar a narcotraficantes. La decisión la adoptó el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1 de Salta porque el ex magistrado es diabético y está en los grupos de riesgo. En este caso corre por sesenta días. Vencido ese plazo el ex juez salteño deberá regresar a su lugar de detención.
El caso de Pedro Olmos (68) es probablemente el que más revuelo generó en la opinión pública porque el presunto abusador regresó al barrio de la localidad de Burzaco, en el que atacó a su víctima, una nena de 13 años a la que supuestamente sometió en un cumpleaños familiar. Olmos fue apresado en septiembre del año pasado después de permanecer prófugo durante cinco meses, un antecedente que generalmente condiciona cualquier pedido de libertad anticipada. La Cámara de Casación Penal bonaerense ordenó su salida de prisión porque el acusado es mayor de 65 años, padece hipertensión y osteoporosis.
Víctor Violini explicó que Olmos está postrado en una cama y que además se encuentra bajo arresto domiciliario. Por eso lo dejó salir.
Otro violador que regresó a su casa por la excusa del coronavirus es Jorge Lucero, condenado a la pena de 11 años y 9 meses por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, en un hecho ocurrido en 2016. Según su ficha carcelaria debería recuperar la libertad dentro de seis años. Pero ya está en su casa.
Los de Néstor Ibars y Eugenio Llull son otros dos casos de abusadores sexuales a los que les otorgaron las domiciliarias. Ibars es de Punta Alta y había sido condenado a siete de prisión en noviembre de 2015 por abusar y dejar embarazada a una joven con retraso madurativo en el Patronato de la Infancia. Fue excarcelado el 7 de abril. Por su parte, Llull estaba en prisión por haber abusado durante cuatro años de su nieta, cuando la menor tenía entre 7 y 11 años en Junín de los Andes, en Neuquén.
El juez Richard Trincheri explicó que la decisión de liberar a Llull fue “para preservar el sistema sanitario de Junín de los Andes”.
Pero no son los únicos. En Misiones criticaron el otorgamiento del beneficio a un reconocido empresario de Eldorado. Carlos Dalmasso cumple una condena de 12 años y 6 meses por ser autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por el vínculo y suministro de material pornográfico a menores de 14 años. El fallo de los jueces aclara que la medida regirá “el tiempo que dure la emergencia epidemiológica y sanitaria por el coronavirus”. Le colocaron tobillera para controlarlo.
En Mar del Plata despertó un enorme repudio la excarcelación del femicida Héctor Barroso (62), preso en el penal de Batán por haber asesinado a dos mujeres en agosto de 2004. Barroso cumple una pena de 25 años de prisión. Su condición de hipertenso, que aumenta la letalidad en el caso de infectarse de coronavirus, le permitió salir por un tiempo de prisión.
En Mendoza, Diego Arduino (30), un asesino que lleva catorce años encerrado por el crimen del comunicador social Alejo Huanu, dejó el encierro pese a que en febrero pasado le habían rechazado el pedido de libertad condicional. Igual beneficio recibieron el presunto narco César Montiveros (54), detenido desde el año pasado con dos kilos de cocaína, y el ex profesor de la facultad de Ciencia Política de la Universidad de Cuyo, Mario Aguirre (67), sospechado de abusar de seis alumnas.
Otro violador alcanzado por el efecto coronavirus es Antonio Armando Di Palma (57), quien salió apenas seis meses después de haber sido detenido. La acusación que pesa sobre él es grave: abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, pero el cuadro de hipertensión y diabetes que padece, sumado al riesgo de contagio de Covid-19, le permitió volver a su casa mucho antes de lo que hubiese imaginado.
Más de 700 presos liberados
N.G.
El pedido de arresto domiciliario de presos como medida preventiva y sanitaria por la expansión del coronavirus en el país generó malestar en la sociedad. Las organizaciones de víctimas mostraron su repudio. Desde que se declaró la emergencia, fueron excarcelados más de 700 detenidos del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB) y Federal. Ahora cumplen sus condenas en sus casas.
Hasta el momento y en el contexto del coronavirus, 439 presos que estaban alojados en los distintos penales del SPB regresaron a sus casas. Lo que representa un 1% del total si se toma en cuenta que la población carcelaria en el ámbito bonaerense es de 43 mil.
Mientras que, de los más de 12 mil detenidos que tiene el Servicio Penitenciario Federal (SPF), fueron 320, hasta el momento, los que accedieron al beneficio de la prisión domiciliaria, según el acta firmada días atrás en la mesa de diálogo que se conformó tras el motín en el penal de Devoto.
El SPF realizó un análisis sobre la población carcelaria luego de que se lanzara el decreto de aislamiento obligatorio y estableció que existen 1.280 presos que forman parte del grupo de riesgo ante la posibilidad de contagio del coronavirus, ya sea porque es mayor de 65 años, mujeres embarazadas o personas que padecen enfermedades preexistentes, como insuficiencias cardíacas, respiratorias y diabetes, entre otras.
