La canciller de Perú, Ana Gervasi, llevó este jueves al recinto de la Organización de Estados Americanos (OEA) los cuestionamientos de su país al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que advirtió sobre violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad durante las recientes protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
“El informe de la CIDH dice que en ese marco se produjeron hechos que podrían constituir violaciones a los derechos humanos que deben ser investigados, junto a otras apreciaciones con las que mi Gobierno discrepa respetuosamente”, remarcó Gervasi.
Durante la Asamblea General de la OEA, la diplomática insistió en que el Gobierno de Boluarte está comprometido con el respeto a los derechos humanos.
Aun así, reconoció que Perú “presenta ciertos retos en materia de derechos humanos”, de los cuales “muchos se arrastran de antiguo y son estructurales”, y otros tuvieron su origen tras la destitución en diciembre del expresidente Pedro Castillo, después de que este anunciara la disolución del Congreso.
El Ejecutivo andino, que considera el anuncio de Castillo un golpe de Estado, reseñó que ese “quebrantamiento del orden constitucional” fue públicamente condenado por la Secretaría General de la OEA y la CIDH.
“En estos últimos retos, se mezclaron al menos dos fenómenos. Por un lado, entendibles reclamaciones pacíficas producto de la frustración de poblaciones marginadas, que habían debido sufrir la incompetencia y corrupción de un régimen en el que la pobreza aumentó de un 20 a un 30 por ciento”, manifestó Gervasi, según la agencia Europa Press.
Advirtió sobre “los actos vandálicos de grupos violentistas que trataron de atentar contra el Estado de derecho afectando libertades y derechos de importantes sectores de la sociedad”.
La ministra sí aceptó que coincide con la CIDH “en que los hechos deben ser investigados, tarea a la que se han abocado las instancias judiciales competentes en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales”.
El CIDH concluyó en su último informe sobre la crisis política en Perú, publicado a principios de mayo, que se cometieron “graves violaciones” de derechos humanos durante las protestas contra la presidenta.-
Desde el 7 de diciembre, el país vivió episodios de violencia y represión policial en las manifestaciones, que dejaron 66 muertos y casi 1.000 heridos, según datos oficiales.
Fuente Telam
