La apuesta del Gobierno es mostrar cuánto antes, obras en todo el país

de la sociedad perciba una pequeña reactivación económica, porque cada puesto de trabajo que se genera replica en unas seis personas.

Los números. Esta primera etapa, con una inversión de unos 15 mil millones de pesos, comprenderá a unos 400 municipios de los 24 distritos del país, que representan entre el 60 y 70 por ciento de la población. Serán unas 300 localidades del interior y 100 grandes ciudades, oficialistas y opositoras, incluyendo todas las capitales provinciales y 30 municipios del Area Metropolitana (AMBA), la región más afectada por la pandemia.

Con los convenios ya firmados y con los proyectos presentados y aprobados en un 80%, la primera transferencia de fondos por el 30 por ciento de las obras llegará a los destinatarios en 10 o 15 días.

Para que las obras se realicen y no entren en una lógica de demora o falta de utilización de los fondos, el Ministerio de Obras Públicas va a implementar herramientas tecnológicas de control para la ejecución y finalización de las obras. “Incluso en los convenios estamos exigiendo que los intendentes pongan la coparticipación como garantía de ejecución de la obra. Para que si no cumplen la obra pero ejecutaron los recursos o incumplieron alguna cláusula, nosotros tengamos de donde agarrarnos”, afirman en la cartera. El ministro, Gabriel Katopodis​, conocido por su perfil austero, no quiere problemas en un área que ha estado en el foco de la corrupción y de la falta de transparencia en las últimas décadas.

Para el inicio de esta etapa, asegura un funcionario, fue clave que Alberto Fernández​ se fuera desmarcando de la responsabilidad de todo lo que ocurra en el periodo de cuarentena. En el caso de la obra pública, la responsabilidad es de los gobernadores e intendentes. “Nadie levanta la mano para pedir obras sabiendo que no puede cumplir con los requisitos y corriendo el riesgo que termine en contagios y muertes”, afirma un funcionario.

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Está claro que la prioridad será el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Y para ello tendrán un rol clave las grandes empresas, a cargo de los trabajos en rutas, y los intendentes, que deberán asegurar que los trabajadores de las obras en sus municipios sean residentes o que se alojen en el distrito -en hoteles o lugares acondicionados- mientras realicen su trabajo.

El control de ejecución no es un dato menor, con el uso de la tecnología. A través de imágenes satelitales, todas las obras serán monitoreadas desde el inicio. Incluso avanza un proyecto con el BID donde se vincula la imagen satelital con inteligencia artificial, de manera que las propias imágenes vayan registrando el avance si lo hay y con él, validando los certificados de obra que se hacen por tramo cumplido. Y paulatinamente se implementará el Mapa de la Inversión Publica para que todas las obras estén identificadas en una plataforma, con el mapa de ubicación, detalles de la obra, financiamiento, avance físico y al que pueda acceder la gente para hacer comentarios o denuncias. Promesas de transparencia que el tiempo determinará si fueron tales.

También empezará a funcionar, algo que le molestó mucho al ex ministro Julio de Vido, un Observatorio de la Obra Pública del que participarán ong’s como Poder Ciudadano y Cippec, además de distintas universidades públicas (UBA, Universidad San Martín, UTN) y privadas (Austral) aparte de la Cámara de la Construcción. Su rol, ayudar a establecer una agenda de la obra pública en función de necesidades, cumplimientos de procesos, mejora de la calidad, etc.

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El objetivo de la Casa Rosada es que en un periodo de entre 30 y 60 días, “se empiece a construir un mapa de la reactivación de la obra pública en la Argentina”, se entusiasma un funcionario.