Representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Perú coincidieron en los últimos días, con horas de diferencia, en hablar de la posibilidad y/o necesidad de imitar las políticas de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo que instaló un debate en el país sobre derechos humanos.
La presidenta Dina Boluarte abordó el asunto, pero advirtió que Perú debe transitar un camino propio, con lo que matizó las palabras del primer ministro, Alberto Otárola, uno de quienes iniciaron la polémica al elogiar públicamente las medidas salvadoreñas.
“Los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia; en consecuencia, de la mano con nuestra Policía y de acuerdo a políticas y lineamientos del gobierno, conforme a nuestra peculiaridad y particularidad de país, haremos frente al crimen organizado y la criminalidad”, afirmó la mandataria ante la prensa tras un acto público.
“Estamos pidiendo (como Ejecutivo) 120 días de facultades legislativas al Congreso, pido al Congreso que lo puedan poner ya en agenda para que podamos delinear las políticas”, agregó.
El Legislativo, afectado por una grave crisis de impopularidad, estudiará el pedido en los próximos días, sin que hayan trascendido mayores detalles de lo que piensa hacer el Ejecutivo con esas facultades.
La lucha contra el delito
La inseguridad en Perú creció de forma evidente en los últimos años, con notorio incremento del uso de violencia por parte de los delincuentes.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 22,3% de los peruanos afirmaba a diciembre de 2022 que había sido víctima de algún delito, lo que representaba seis puntos porcentuales más con respecto al año anterior.
Una encuesta de julio del Instituto de Estudios Peruanos encontró que 80% de los peruanos se considera expuesto a ser asaltado, incluido 45% que percibe esa posibilidad como muy alta. La sensación es más notoria en Lima, donde los que se sienten altamente expuestos suben a 53%.
El crecimiento también fue exponencial en delitos como la extorsión o el sicariato. Este último, que antes solo se daba en forma esporádica, deja ahora cuotas diarias de sangre.
En ese contexto, muchos ojos miran a El Salvador, donde Bukele desató una represión de alta escala contra las pandillas, una forma de organización que no es la más representativa en Perú.
Las políticas de Bukele, que incluyen el internamiento en cárceles con duras condiciones de cerca de 70.000 personas, permitieron bajar los niveles de homicidios de 2.390 a 496 por año, aunque a costa de un estado de excepción en el que se denuncian constantes violaciones de derechos humanos.
“Hay países que están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad y un ejemplo de ellos es El Salvador; ¿por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para ver cómo las adaptamos a la experiencia peruana?”, dijo el martes el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, en el discurso de apertura de un congreso internacional sobre flagrancia.
En medio del debate que generaron sus palabras, Arévalo aclaró al día siguiente: “Nunca he dicho que se aplique el plan Bukele a Perú; lo que he dicho es que las experiencias extranjeras se pueden tomar para adecuarse a la realidad, recibir la información”, dijo a la radio Exitosa.
Otros personajes políticos, sin embargo, no ocultan su simpatía con el modelo salvadoreño y, de paso, con los que desde la derecha se ofrecen en diferentes campos en otros países de América Latina.
“Perú no necesita un Bukele, sino dos, y también un Javier Milei (por el candidato presidencial argentino)”, afirmó el primer vicepresidente del Congreso, el fujimorista Hernando Guerra, percibido por analistas como quien maneja los hilos en la junta directiva.
Otros congresistas de bancadas de derecha coincidieron con Guerra, por lo que se descuenta que El Salvador será un eje de debate no solo cuando se discutan las facultades extraordinarias para el Ejecutivo, sino, sobre todo, en la próxima campaña electoral.
“El Salvador es hoy un ejemplo para el mundo y por supuesto para Perú”, dijo el fujimorista Pedro Spadaro, alcalde de Callao, ciudad aledaña a Lima que es históricamente una de las que más altos índices de delincuencia tienen en Perú.
Sin embargo, expertos como los exministros del Interior Gino Costa y Carlos Basombrío señalan que el modelo salvadoreño no solo sería cuestionable para Perú, sino que resultaría inaplicable por las diferencias entre los dos países.
“El Salvador es un país 60 veces más chiquito que Perú, con dos grandes maras (pandillas) que ocupan el territorio y están identificados los lugares con su presencia; entonces la política de control territorial, paso previo a la detención masiva, es relativamente fácil”, dijo Costa a la radio RPP.
“Nosotros no tenemos dos grandes organizaciones criminales de esa magnitud; las teníamos con el terrorismo y lo logramos (su derrota) con una política distinta”, añadió el exministro, para quien no es necesario arrasar con la institucionalidad para enfrentar a la delincuencia.
Los especialistas también resaltan que buena parte de la acción de Bukele se ampara en la política carcelaria, algo que marca diferencia. Si se conservan proporciones, en Perú habría 600.000 presos, cuando actualmente, con unos 90.000, se presenta una superpoblación de casi 100% en las cárceles.
Los analistas estiman sin embargo que modelos como el de Bukele en un país urgido de seguridad pueden alimentar discursos populistas, por lo que descuentan que el asunto será importante en los próximos comicios, pautados para 2026 pero de los que no se puede descartar que se anticipen.
Fuente Telam
