Patricia Bullrich, presidenta del PRO, reclamó este lunes que el Congreso trate “con urgencia” el proyecto de reforma del Código Penal presentado por Mauricio
Macri en 2019, con el objetivo de evitar las salidas de presos en casos de delitos violentos.
El pedido de la ex ministra de Seguridad de la Nación llega en medio del debate sobre las excarcelaciones y las prisiones domiciliarias por el coronavirus.
“Desde el PRO proponemos debatir con urgencia el Código Penal que presentamos en 2019: los presos que cometieron delitos graves tendrían la salida prohibida”, escribió Bullrich en su cuenta de Twitter.
Y agregó: “Planteamos un Código claro para que los jueces no busquen atajos que ponen en peligro la vida de los argentinos”.
También compartió un comunicado de la plana nacional del partido.
Allí el PRO denuncia que “en estas últimas semanas (…) miles de condenados fueron beneficiados con prisiones domiciliarias o salidas anticipadas”. Remarca que muchos “de los condenados habían cometido crímenes aberrantes y no les correspondía recibir estos beneficios”.
Destaca, asimismo, que la situación “fue aprovechada por motivos ideológicos y políticos” y señala “la falta de reglas claras sobre cómo tratar estos casos”.
El mensaje de Twitter de Patricia Bullrich sobre la necesidad de tratar el proyecto de reforma del Código Penal.
El documento detalla luego los aportes del proyecto sobre las excarcelaciones.
“Para el caso de las excarcelaciones establece dos cosas: 1. Todos los presos por delitos graves (como violación, homicidio o secuestro extorsivo) y los reincidentes no tienen derecho a la libertad condicional. Deben cumplir íntegramente su pena”, comienza la enumeración.
Y prosigue: “2. Le da un rango mayor al rol de las víctimas y sus familias, que deberán ser consultadas ante cada decisión de excarcelación. Esa obligación ya existe a través de una ley. pero depende de la buena voluntad de los jueces. Llevada al Código Penal, esa obligación será ineludible”.
Finaliza con la confianza en que el nuevo Código Penal les pueda “quitar de en medio las posibles motivaciones partidarias o excesivamente ideológicas para decidir sobre el futuro de los presos”.
El comunicado del Pro sobre la “urgencia” para tratar el proyecto de reforma del Código Penal.
La carpeta para reformar el Código Penal fue elaborada durante dos años por el Gobierno de Mauricio Macri, que lo introdujo en el Congreso en marzo de 2019.
Las diferencias con la oposición de aquel tiempo, así como algunas grietas internas, y las necesidades de un año electoral terminaron postergando su tratamiento en el palacio legislativo.
El debate por el otorgamiento de prisiones domiciliarias se incrementó después de que la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional recomendaran disminuir la “sobrepoblación” en las cárceles, a mediados de abril.
La acordada 9/2020 de la Cámara Federal llamó a considerar “medidas alternativas al encierro, como la prisión domiciliaria”, para determinados grupos de presos: personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no representen un riesgo procesal significativo; condenados por delitos no violentos que estén próximos a cumplir su pena; condenados a hasta 3 años de prisión; aquellos que estén por acceder acceder a la libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional; mujeres embarazadas o con hijos pequeños; y personas incluidas en grupos de riesgo por Covid-19.
En tanto, la acordada 5/2020 de la Cámara Nacional solicitó considerar medidas para mitigar la “sobrepoblación carcelaria”, en especial para las personas con factores de riesgo para el coronavirus.
Ambos documentos fueron declarados inconstitucionales por sendos fallos judiciales, ya que -afirman- no consideran el principio de independencia de los jueces.
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