El Gobierno nacional anunció el miércoles su intención de recuperar para el Estado argentino las 10.823 hectáreas que la empresa británica Hidden Lake, propiedad del súbdito inglés Joe Lewis, detenta en la región cordillerana de la provincia de Río Negro, en las cercanías de El Bolsón.
Lo hizo a través de la resolución 1063/2023 del Ministerio del Interior, firmada por el secretario del Interior, José Lepere, que declaró como “lesivas al interés nacional” las autorizaciones concedidas para la compra de aquellas tierras legalmente protegidas por ser Áreas de Frontera.
Para ello decidió iniciar una “acción judicial de lesividad contra Hidden Lake a fin de obtener la declaración de nulidad de las autorizaciones de previa conformidad” otorgadas a esa empresa subsidiaria de la corporación multinacional británica Tavistock Group.
La Lesividad es una figura del derecho moderno que le permite a los estados nacionales demandar la nulidad de un acto administrativo basado en fraudes y falsedades, pero que ha generado derechos.
En una extensa y fundada Resolución de cinco páginas, el Ministerio del Interior enumera un extenso listado de actuaciones fraudulentas e irregularidades administrativas que permitieron a la empresa británica, desde 1996, hacerse con las tierras que encierran al Lago Escondido.
La Resolución sostiene que “es correcto velar por que los actos ilegales sean declarados nulos de nulidad absoluta e insanable, y en consecuencia dejen de tener vigencia”. El Estado lo solicitará vía judicial en el fuero Contencioso Administrativo Federal, y en caso de una salida favorable, podrá retomar la propiedad de las tierras sin indemnización.
En apretada síntesis, la Resolución se fundamenta en que el origen del conflicto se cometieron reiterados actos fraudulentos con el fin de ocultar la nacionalidad de extranjera de los compradores de tierras que se encuentran dentro de una zona de Seguridad de Fronteras, y que por tal condición solo pueden concederse a ciudadanos argentinos y con un permiso previo especial.
La compra fraudulenta para ocultar al verdadero propietario había sido descubierta en 2012 por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Ésta se lo notificó a la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado), que en 2016 solicitó al Ministerio del Interior la declaración de lesividad y recuperación de las Tierras. Pero el entonces titular de la cartera y actual candidato a gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se negó a efectuarlo y ordenó archivar el caso. Semanas después, el procurador Carlos Balbín fue despedido por el expresidente Mauricio Macri.
La Resolución también cita una detallada investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que en abril de 2022 reveló que “la sociedad Hidden es nula por tratarse desde el mismo origen de un acto simulado, constituida con abuso de derecho y actividad ilícita”, por lo cual pidió su intervención y disolución.
Actualmente, el propietario de Hidden Lake, Joe Lewis, está preso en los Estados Unidos bajo un régimen de libertad vigilada tras pagar una fianza de 300 millones de dólares. Está acusado por 18 casos de fraude contra las leyes que rigen el sistema financiero de ese país.
La decisión del Ministerio del Interior se difundió el miércoles por vías extraoficiales pero está fechada el 23 de septiembre, y deja en posición incómoda al senador nacional y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien desde 2011 ha puesto todo su empeño legal, político e institucional para proteger los intereses de la multinacional británica.
La denuncia que llevó a la resolución del Ministerio del Interior fue iniciada hace más de un año por la exsenadora nacional rionegrina y actual diputada provincial electa, Magdalena Odarda, con el auspicio de los abogados Ernesto Mentecino Odarda y Juan Martín Palumbo. Odarda es también quien desde 2005 libra la batalla judicial por la apertura de un acceso corto y amigable al Lago Escondido a través del camino público de Tacuifí, ubicado a mitad de trayecto entre Bariloche y El Bolsón.
“El Gobierno Nacional se encamina a recuperar para el patrimonio nacional el campo que rodea al Lago Escondido y la misma fuente de agua dulce que desde hace 27 años se encuentra encerrada en el predio que se habría comprado en fraude a la Ley argentina, impidiendo el acceso libre y seguro de todos los argentinos”, resaltó Odarda.
Anunció además que al asumir su banca en diciembre intentará poner en marcha una Comisión Investigadora de Tierras (como la que funcionó entre 2012 y 2014). “Los negocios inmobiliarios con tierras rionegrinas que contienen espejos de agua y bienes naturales comunes -ubicados en áreas de fronteras- que involucran a funcionarios y empresarios extranjeros, deben ser investigados y eventualmente denunciados penalmente”, reclamó.
Tras casi cuatro años de gestión y a pocos días de unas elecciones impredecibles, el Gobierno nacional finalmente se decidió a tomar como propio un tema delicado que igualmente deberá aun transitar un largo camino administrativo y judicial.
Fuente Tiempo Argentino
