La Asamblea General comunicó que llevará a cabo una sesión extraordinaria el próximo miércoles 6 de diciembre con el objetivo de debatir el veto parcial impuesto por el Poder Ejecutivo a los artículos 1, 2 y 3 de la ley para cubrir los créditos laborales de los trabajadores de Casa Galicia, aproado recientemente en el Parlamento.
Anteriormente, el Frente Amplio había elevado una moción presentada a la presidenta de la Asamblea General para que se realizara una sesión extraordinaria el 28 del mes corriente, una iniciativa que fue aprobada por varios senadores y diputados del Parlamento.
Esta decisión corresponde al artículo 138 de la Constitución que establece que, en caso de que un proyecto de ley haya sido devuelto por el Poder Ejecutivo con objeciones u observaciones totales o parciales, “se convocará a la Asamblea General y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado”.
Las objeciones del Poder Ejecutivo
La semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou definió el veto parcial para la ley aprobada en el Parlamento que establece la cobertura por parte del Estado para los créditos laborales de más de 1.000 extrabajadores de Casa de Galicia, que quedaron pendientes de pago tras el cierre del centro de salud.
La decisión de vetar parcialmente la iniciativa, resistida por los extrabajadores, se materializó el viernes pasado y tiene que ver con los artículos que refieren a los fondos previstos ya que la solución aprobada implica un desembolso de unos 30 millones de dólares, mientras la propuesta del gobierno planteaba un gasto de 8 millones de dólares.
En un encuentro con representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, el mandatario analizó razones económicas y de justicia y definió el veto, al considerar que algunos de los extrabajadores ya consiguieron empleo o cobraron un subsidio por desempleo. Vale recordar que el proyecto del Frente Amplio fue validado por el Senado por 19 en 20 votos gracias a los apoyos de Cabildo Abierto, así como dos senadores del Partido Nacional y uno del Partido Colorado.
El texto contempla a más de 1.000 personas despedidas y considera que el pago de los créditos laborales a los exfuncionarios debe financiarse con el fondo de insolvencia patronal, con un tope de 105.000 unidades indexadas, de cerca de 611.000 pesos. A la par, dispone la creación de una bolsa de trabajo a la que la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) y los prestadores privados de salud tendrán que acudir cuando deseen contratar personal.
Fuente Ambito
