El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2012-2018), quien acaba de pedir asilo en la embajada de México en Quito, será imputado del delito de peculado en un caso conocido como “Reconstrucción de Manabí”, en una audiencia fijada para el 5 de enero de 2024, anunció la Fiscalía General del Estado (FGE).
“Por insistencia de Fiscalía, el juez nacional Luis Rivera señaló la audiencia de formulación de cargos por el presunto peculado -desvío de fondos públicos– para el viernes 5 de enero, a las 8,30″, informó la FGE, de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias Sputnik.
La decisión del juez Rivera se produce un día después de que la Asamblea Nacional de Ecuador no lograra los 92 votos para levantar la inmunidad al exvicepresidente
Por este caso serán procesados Glas, quien ocupaba el cargo de presidente del Comité de Reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto del 16 de abril de 2016, y los exfuncionarios Carlos Bernal, secretario de dicho Comité, y Pablo Ortiz, en esa fecha gerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico.
La decisión del juez Rivera se produce un día después de que la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Ecuador no lograra los 92 votos para levantar la inmunidad al exvicepresidente para que pudiera someterse a este nuevo proceso penal, que tiene lugar un año después de que saliera de la cárcel en régimen de pre-libertad (con requisitos) tras cumplir más de cinco años tras las rejas.
Desde el domingo pasado el exvicepresidente se encuentra en la embajada de México en Quito, donde solicitó asilo político al Gobierno de Andrés López Obrador.
Desde el domingo pasado el exvicepresidente se encuentra en la embajada de México en Quito, donde solicitó asilo político al Gobierno de Andrés López Obrador
Glas fue sentenciado a 8 años de cárcel por el llamado caso Sobornos 2014-2016 y logró la unificación de penas con la investigación sobre corrupción en la constructora brasileña Odebrecht, por el cual fue condenado a 6 años de prisión, y con ello pudo salir de la cárcel a fines de 2022, aunque con restricciones a su movilidad.
El caso que se le imputa actualmente es por la presunta existencia de irregularidades en la adjudicación del contrato para el proyecto vial Manta-Colisa de 22 kilómetros, por más de 68 millones de dólares.
En septiembre pasado, el exfuncionario afirmó que “el Comité (de Reconstrucción de la provincia de Manabí) no asignó fondos, no contrató, por lo tanto no puede haber habido un peculado”.
Fuente Telam
