Martes por la noche. Al concluir la primera jornada del debate de la ley ómnibus en el plenario de comisiones de Diputados, los principales jefes de bloque de la oposición no peronista se reunieron a cenar bajo un lema en común: “estamos para ayudar”.
Rodrigo de Loredo, jefe de la UCR, Miguel Pichetto, titular de Hacemos Cambio Federal, Cristian Ritondo, jefe de los diputados del PRO, y otros legisladores como Emilio Monzó y Diego Santilli, comenzaron a delinear una estrategia conjunta para unificar una postura en el recinto a la hora de votar la ley ómnibus enviada por Javier Milei. De ese reservado encuentro salió el compromiso de volver a encontrarse cuando finalice el análisis en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General.
El apoyo de este pelotón de opositores le permitiría a Javier Milei, al menos, asegurar el quórum para comenzar el debate en el recinto. Pero además de la UCR, PRO y el peronismo federal, existen algunos gobernadores que hasta hace poco integraban el Frente de Todos y que estarían dispuestos a acompañar con sus diputados. Raúl Jalil, de Catamarca, estuvo la semana pasada en el despacho de Guillermo Francos en Casa Rosada y elogió varios aspectos de la ley ómnibus. Osvaldo Jaldo de Tucumán también está cerca.
Para habilitar el tratamiento de la ley en el recinto se necesitan 129 diputados. La Libertad Avanza aporta apenas 38. El PRO de Ritondo, otros 37. Hacemos Cambio Federal, 23. Y la UCR de Rodrigo de Loredo suma 34. Con esa base, la Casa Rosada tendría 132 legisladores dispuestos, al menos, a debatir la ley. Sin contar con aliados circunstanciales del peronismo o de partidos provinciales. Para “ayudar”, la oposición no peronista le envió un mensaje claro al Presidente. Jerarquizar dentro de los 664 artículos de la ley ómnibus cuáles contiene las medidas económicas más importantes para el gobierno nacional. La respuesta está en la reunión que mantuvo Milei con los 23 gobernadores en Casa Rosada donde les pidió que le voten la emergencia económica.
Más allá de los cambios introducidos en materia pesquera, de biodiesel, del sistema electoral. y de recorte al mapa de empresas públicas a privatizar -Banco Nación e YPF- , el artículo que más le interesa al Poder Ejecutivo Nacional es el tercero que declara la emergencia pública en once materias. Este martes, el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, admitió que con tal de que los diputados voten la emergencia con delegación de facultades para el Presidente, están dispuestos a acotarla a un año en vez de a dos como figura en la versión original del proyecto. Ese era uno de los reclamos de la UCR de De Loredo para acompañar. Limitar la declaración de emergencia pública en el tiempo y que no sea tan abarcativa.
En paralelo, el Ministerio del Interior recibe de a uno a los gobernadores. A los peronistas y a los de Juntos por el Cambio. El gobierno nacional se reserva aún una carta clave. El proyecto de impuesto a las Ganancias. Son fondos frescos para provincias que en varios casos enfrentan una emergencia financiera por la suspensión de partidas para obra pública y el congelamiento de los giros discrecionales. El martes, convocados por Axel Kicillof, los mandatarios de Unión por la Patria analizaron el tema en un zoom. No están dispuestos a pagar el costo político de reponer un impuesto que se anuló bajo la gestión de Sergio Massa para beneficiar a más de un millón de trabajadores. Y piden que esos fondos coparticipables se compensen vía impuesto al cheque y el impuesto PAIS.
Ayer en el plenario de comisiones continuó el debate. La Libertad Avanza aspira a emitir dictamen la próxima semana para intentar votar en el recinto el miércoles 24, el mismo día del paro de la CGT.
Ley Micaela y perspectiva de género
En el plenario el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, cuestionó la Ley Micaela y aseguró que para el Gobierno de Javier Milei “la violencia no tiene género”, por eso en la ley ómnibus se habla de “familiar” y no contra la mujer.”La Ley Micaela no está dando resultados, tenemos más muertes que antes”, resaltó De la Torre al exponer en la Cámara baja, ante los cuestionamientos de distintos legisladores por la idea de que no sea obligatoria la capacitación que brinda esa norma.
Al respecto, De la Torre completó: “La ley dice que para las personas que tienen competencia en el tema se capaciten de forma obligatoria y que lo demás sea optativo”. “La violencia para nosotros no tiene géneros”, sostuvo De la Torres sobre el cambio de redacción de “violencia contra la mujer” a “violencia familiar”.
“Necesitamos tratar de poner el dinero donde corresponde, esta ley no deroga ninguna ley de protección integral de violencia contra la mujer, ni la violencia integral, solo amplía derechos, nadie queda fuera de esta ley”, remarcó el secretario, abiertamente en contra del aborto. En tanto, al hablar de la ley de los 1.000 días, sostuvo que el objetivo es que “acompañemos a todas las mujeres” y en su rol de médico dijo que “las únicas personas que tienen capacidad de gestar son las mujeres”, ya que se eliminó el término “persona gestante”.
“No juzgo si después tiene otro tipo de orientación sexual”, señaló De la Torre, que sostuvo que la ley de los 1.000 días busca proteger al niño “desde la concepción hasta los primeros dos años”. “Los primeros mil días de vida son la etapa más importante del desarrollo en lo intelectual, cognitivo, motriz, social y emocional. Desde la concepción hasta los primeros dos años. 250 mil neuronas por minuto se desarrollan en el vientre. Si esa madre no está bien alimentada, consume, sufre violencia, tiene una enfermedad de transmisión sexual o de salud mental no medicada, ese chico no se va a desarrollar como corresponde y es el futuro”, indicó el funcionario.
En ese marco, afirmó que se utilizó el término “niño por nacer” en la ley para visibilizar el tema: “Si lo atendemos desde el nacimiento, perdimos nueve meses. Por eso es importante hablar de esa figura y de las madres que están en los barrios solas. Hay que acompañarlas”.
Fuente Ambito
