El sector inmobiliario, entre la construcción y el real estate, representa el 12% del PBI de Uruguay. Sólo el año pasado, se firmaron 50.730 comprobantes de vivienda que representan 3.500 millones de dólares. No obstante, la informalidad supera el 50%, por lo que la Cámara Inmobiliaria de Uruguay (CIU) presentó al Parlamento un proyecto de ley para profesionalizar el oficio.
El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, Matías Medina, dio detalles del proyecto aprobado por la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados. La gremial considera que la falta de regulación favorece la presencia de “oportunistas” que operan al margen de la ley y pueden afectar a consumidores realizando estafas.
“Este proyecto de ley lo estamos proponiendo las gremiales más representativas del sector, la Cámara Inmobiliaria junto con todas las cámaras asociadas que trabajan en todo el territorio. Lo que queremos es formalizar y profesionalizar el sector. Eso consiste en hacer un registro de operadores inmobiliarios el cual esté bajo la órbita del Ministerio de Trabajo con una comisión que con tres integrantes del Ejecutivo y dos personas de las gremiales que sean los encargados de expedir las matrículas y cobrar los registros , ver que todos los operadores estén trabajando correctamente, sancionar en el caso que sea necesario y también lo que nosotros consideramos importante en esa comisión es la creación de un observatorio inmobiliario”, explicó a Ámbito.
La iniciativa incluye, además, que los interesados en ser operadores inmobiliarios deban realizar un curso de formación avalado por este por un instituto que esté reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura.
De acuerdo al proyecto a estudio del Parlamento, las inmobiliarias que estén trabajando y puedan probar una antigüedad de un año, se registrarían sin tener que realizar el curso de operador inmobiliario, pero a partir que salga de la ley. Los propietarios también podrán seguir vendiendo sin tener que incorporar a una inmobiliaria y quienes estén trabajando dentro del sector de manera informal o irregular, deberán formalizarse.
“Lo que busca la ley es solucionar diferentes aspectos que hoy están parcialmente ordenados. Viene a profesionalizar el sector como existe en todos los países del mundo. Acá tenemos desde una carrera de operador inmobiliario a nivel terciario, que tiene 1.664 horas de formación, cuatro semestres que la idoneidad para poder trabajar de forma profesional. De aquí para adelante, cada operador se formará de la mejor manera, pero eso es el mínimo que consideramos hay que tener para poder ejercer la actividad porque hay un riesgo también vinculado a lo patrimonial, las tasaciones, el plan de marketing incluso con el tema del lavado de activos” comentó el vicepresidente de la gremial.
Según estudio realizados por la consultora Exante para la gremial, existe actualmente un 50% de informalidad en el sector. Para la cámara inmobiliaria eso puede fomentar la creación de un mercado clandestino “que pone en riesgo la seguridad jurídica y económica de quienes participan en negocios inmobiliarios”.
“Lo que se necesita es que haya garantía en el negocio, que la persona esté capacitada para estar asesorando bien y al Estado teniendo una reglamentación que va a aumentar la recaudación y se va a dar cumplimiento con lo que exige la Senaclaft a los operadores inmobiliarios que somos sujetos obligados”, agregó Medina.
El proyecto ingresó al Parlamento en julio del 2022 y el año pasado se incorporaron algunas modificaciones, pero hace un año que no ha tenido movimiento ni ha pasado al plenario de cámara, denuncian desde la gremial. Confían en que este periodo legislativo quede aprobado, mas allá de las circunstancias de ser un año electoral. “Eso no debería incidir”, señaló el vicepresidente.
Fuente Ambito
