La intervención del Poder Ejecutivo en el Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu) generó diferentes reacciones tanto en el gobierno como en las autoridades y los trabajadores de la mutualista.
Mientras la ministra de Salud Pública, Karina Rando, pidió evitar el tono “alarmista” de la palabra intervención y aclaró que el objetivo es “trabajar juntos para estabilizar la institución en lo financiero”, ahora el presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, aclaró que eso podría tomar una década.
En paralelo, los trabajadores valoraron que se intentará mantener los puestos de trabajo, pero de todas maneras mantendrán la medida de fuerza y empieza a aparecer cierto resquemor por la demora en el tratamiento del proyecto que el Ejecutivo envió al Parlamento.
Una intervención “positiva”, pero sin efecto inmediato
Rodríguez manifestó en rueda de prensa que la medida del gobierno fue tomada de manera positiva porque “se decidió a sacar el Casmu adelante”. Sin embargo, aclaró que la empresa atraviesa un problema “crónico” desde 2009 y advirtió: “No lo vamos a sacar en un año. Si todo anda bien, dentro de 10 años puede estar definitivamente saneado”.
El jerarca precisó que la mutualista “siguió funcionando con deudas por 100 millones de dólares en patrimonio negativo” y defendió el otorgamiento de un nuevo fideicomiso. “Tenemos dificultades para pagar a proveedores. Con eso vamos a lograr tener un respiro por varios años”, indicó.
La mirada de los trabajadores de Casmu y el paro de 24 horas
Por otra parte, Rodríguez destacó que “los puestos de trabajo están asegurados” e indicó que “no está planteado el cierre de ninguna dependencia”. De todos modos, desde la Asociación de Funcionarios de Casmu (Afcasmu) realizarán un paro de 24 horas este miércoles.
A partir de las 11, llevarán adelante una asamblea de carácter grave y urgente para determinar si ocupan o no el edificio, tal como estaba previsto en el caso de una intervención.
No obstante, el presidente de Afcasmu, Ariel Irigoitia, se reunió con la ministra Rando y manifestó que en el sindicato quedaron “ciertamente conformes”. “Queríamos garantías de los interventores de mantener los puestos de trabajo y que los compañeros que estén en el seguro de paro no pierdan el puesto de trabajo”, apuntó sobre los 300 trabajadores en esa condición.
“La ministra no nos garantizó esa parte, pero dijo que hará el trabajo con los interventores en ese mismo sentido”, sostuvo Irigoitia.
La demora del tratamiento del proyecto en el Parlamento
A su turno, la senadora del Partido Nacional, Carmen Asiaín, lamentó que el proyecto que envió al Ejecutivo no haya sido tratado en el cuerpo ante el pedido del Frente Amplio de que sea analizado en comisiones.
“Esto era un pedido urgente por una situación económico-financiera que así lo ameritaba”, manifestó la legisladora sobre la idea de “tratar cuanto antes” la iniciativa. “Esa comparecencia del Ministerio de Salud haga que no se pueda tratar el martes próximo que sería la próxima sesión del Senado”, cuestionó Asiaín.
La diputada blanca contrapuso la respuesta del gobierno con las demoras parlamentarias. “Me preocupa que se dio la respuesta de parte del Ejecutivo, que se estaba reclamando, pero que en los hechos no va a accederse al fondo de garantía con la celeridad con que se pidió”, concluyó.
Fuente Ambito
