Los argentinos –los que todavía pueden darse el lujo de comer– ingerimos una “carga química diaria”. La conclusión –alarmante– se desprende de los resultados de los controles de detección de agrotóxicos en frutas, hortalizas, verduras, cereales, oleaginosas y especies aromáticas realizados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) entre los años 2020-2022, donde además se encontró que la mitad de los agrotóxicos son cancerígenos y están prohibidos en Europa.
La licenciada en Nutrición y coordinadora del Área de Alimentación y Agroecología de Fundación CAUCE, Glenda Mangia, y el abogado y referente de Naturaleza de Derechos, Fernando Cabaleiro, toman esos datos oficiales para realizar su propia sistematización. Así, acaban de lanzar la tercera entrega de “El plato fumigado”, el trabajo autogestivo basado en los controles que surgen del Plan Nacional de Control de Residuos e Higiene en Alimentos (CREHA) que “comprendió el análisis de 54 alimentos comercializados en toda la Argentina con 6.191 detecciones de agrotóxicos”.
Según el SENASA, el Plan CREHA “tiene como objetivo asegurar la sanidad e inocuidad de los alimentos para minimizar los riesgos de contaminación y proteger la salud de los consumidores, como así también busca sensibilizar a los/as productores/as sobre la importancia de los controles de residuos químicos y contaminantes de los alimentos”.
Se sabe, sin embargo, que aquello que se dice no necesariamente se cumple luego en los hechos. Los 54 alimentos analizados presentaron 83 principios activos distintos “cuya toxicidad intrínseca”, según la dupla de investigadores, “nos exhibe una situación de riesgo para la salud humana inaceptable”.
Alimentos con agrotóxicos
Desafortunadamente, hay más: de los 83 principios activos de agrotóxicos detectados por el SENASA, el 49% está considerado como agentes cancerígenos según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la Resolución 1272/08 de la Comunidad Europea sobre “clasificación, etiquetado y envasado de sustancias químicas y sus mezclas”.
De ese menú de 54 alimentos en apariencia saludables –frutas, verduras, cereales–, el 76% “presenta evidencias de comportarse como alteradores hormonales” si se considera, por ejemplo, la categorización que hace la Comisión Europea (la institución a cargo del cumplimiento de los tratados constitutivos de la Unión Europea) y las citas del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Con el fin de estimar una “carga química diaria”, el trabajo de Mangia y Cabaleiro simuló “una dieta típica de Argentina considerada saludable” que se tradujo en cuatro comidas “en base a creencias culturales y recomendaciones nutricionales” como, por ejemplo, dos rodajas de pan de molde con mermelada con frambuesa y jugo de dos naranjas en el desayuno; una pechuga de pollo con ensalada de tomate, lechuga, cebolla, zanahoria, berenjena, palta y limón para el almuerzo; ensalada de naranja, manzana, mandarina, pera y frutilla a la hora de la merienda y unos malfatti de acelga con salsa de cebolla y ajo acompañados de media copa de vino para la cena.
“Al realizar una sumatoria de los miligramos de agrotóxicos encontrados en los alimentos que forman parte de estos cuatro menús, pudimos calcular una cantidad total de 36,21 miligramos de químicos por cada kilogramo de alimento consumido, lo que es equivalente a 13,21 gramos de agrotóxicos ingeridos en un año”, sentencia el informe.
Cóctel de venenos
“Cuando creíamos que recomendar un consumo diario de frutas, verduras, frutos secos, legumbres y semillas era equivalente a una alimentación saludable y de buena calidad, el informe nos sigue develando cada vez con más fuerza que las calorías y los macro y micronutrientes que están dentro de cada alimento se encuentran contaminados con un cóctel de insecticidas, fungicidas, herbicidas, que de saludable no tienen nada. A los profesionales de cualquier especialidad dentro de las ciencias de la salud, nos debe interpelar los resultados de este informe, nos vamos a quedar siempre cortos si seguimos creyendo que prevenimos enfermedades consumiendo y aconsejando la ingesta diaria de frutas, hortalizas y verduras producidos bajo este modelo agroindustrial veneno-dependiente”, señala Mangia, y enseguida aclara: “El objetivo no es asustar, al contrario, es tomar conciencia de un problema que se invisibiliza”.
Cabaleiro aporta que la idea de este nuevo informe del Plato Fumigado “no es que funcione solo como un documento de información sino también como la prueba basal para avanzar, por un lado, en la prohibición inmediata de la mitad de los agrotóxicos que aparecen en los alimentos y están cancelados en Europa, y, por el otro, con la denuncia penal de las autoridades del SENASA que permiten eso”.
“Desde la perspectiva jurídica –insiste el abogado– el informe resalta la importancia de resguardar el derecho a la alimentación adecuada como un derecho preeminente, pues la alimentación es una determinación fundamental para la salud humana que, en su reconocimiento como derecho humano, implica que se deben garantizar las condiciones para alcanzar el máximo nivel de salud posible. Claramente un alimento con residuos con agrotóxicos no cumple con esa función”.
Una de las conclusiones del informe destaca que “estudios como el SPRINT (que Tiempo reveló pese al intento de censura oficial), y muchos otros más provenientes de investigadores, instituciones académicas y universidades públicas, han demostrado que esta exposición continua a los agrotóxicos –directa a través de las fumigaciones en las adyacencias de las viviendas e indirecta con el consumo de alimentos– tiene como consecuencia que dichas sustancias están presentes en el organismo humano, generando un riesgo significativo de daño a la salud”.
Por su parte, Mangia agrega una reflexión final: “El informe le saca el disfraz de saludable a todo aquello que creíamos que lo era, incluso lo que el mismo Estado y las academias dicen que tenemos que consumir a diario, o recomiendan a quienes somos trabajadores de salud. Queremos que el informe sea una herramienta de denuncia para transformar un sistema agroindustrial que viola derechos fundamentales con el guiño estatal”.
* El informe completo se puede descargar gratuitamente de las páginas de Naturaleza de Derecho y Fundación Cauce https://naturaleza.ar/ y https://cauceecologico.org/
Violación de Derechos Humanos
La tercera edición de El Plato Fumigado, la investigación a cargo de la nutricionista Glenda Mangia y el abogado Fernando Cabaleiro, considera que “la problemática de residuos de agrotóxicos en los alimentos es un asunto de violación de Derechos Humanos”. En detalle, se denuncia el incumplimiento al derecho a la alimentación adecuada, a la salud, a gozar de los beneficios de la diversidad biológica, al de los consumidores y consumidoras, y, muy principalmente, los derechos de la niñez.
Los investigadores proponen que “para un tratamiento adecuado y eficaz de la legislación constitucional e infraconstitucional vigente en la Argentina, las autoridades de los poderes públicos en sus respectivas funciones deberían aplicar estrictamente los principios de precaución, prevención y progresividad”.
“Las autoridades públicas –insiste el informe– deben actualizar constantemente los estándares de protección que se relacionan con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Concretamente el principio de progresividad tiene un vínculo muy estrecho con el concepto jurídico moderno del Derecho a la Salud, según el cual el Estado debe garantizar a las personas alcanzar el máximo nivel de salud posible, promocionando y elevando el resguardo de las principales determinaciones de la salud: alimentos, agua y ambiente”.
“Dichas determinaciones precisamente –concluye el trabajo– son gravemente impactadas por el modelo agroindustrial y el uso de agrotóxicos en el sistema agroalimentario nacional”.
El SENASA no protege la salud pública
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tiene como misión “controlar la calidad e inocuidad de los agroalimentos” y “proteger la salud pública”. Sin embargo, el informe denuncia que “no garantiza la inocuidad del consumo de alimentos esenciales y mucho menos protege la salud pública”.
“No es posible –justifican los investigadores– la calidad e inocuidad alimentaria y el resguardo de la salud pública si los alimentos que se comercializan y consumen a lo largo y ancho del territorio argentino contienen residuos químicos de principios activos con demostrados efectos
cancerígenos, neurotóxicos y disruptores endocrinos, entre otros, desencadenantes del riesgo a contraer enfermedades agudas y crónicas, – detectados en 54 alimentos entre los años 2020 y 2022 -, con el agravante que más de la mitad de aquéllos, fueron prohibidos en la Unión Europea”.
“Por ello correspondería que se evaluara la conducta de los funcionarios públicos dentro del marco de la normativa penal en cuanto a la figura punitiva de la omisión de los deberes de funcionarios públicos”, aconseja el informe.
Glifosato
Si bien el glifosato es el agrotóxico de mayor uso en la agricultura industrial de nuestro país (con registros de 423 formulados comerciales), se ha constatado su presencia solo en el poroto y soja, sin que ello implique que no se encuentre presente en el resto de los alimentos, dado que de acuerdo a los análisis del SENASA, el glifosato no es buscado en frutas, hortalizas, verduras y cereales.
Fuente Tiempo Argentino
