Coronavirus en Argentina: cómo es el plan de Sergio Berni para trasladar a 900 presos de comisarías a contenedores

virus importado de China, aún no se sabe cuándo se pondrá en marcha pero hay algunas precisiones sobre cómo es el plan.

El primer “complejo modular” se instaló en González Catán, a un lado de la Unidad Penitenciaria N 43, para ubicar los primeros 348 detenidos que permanecen en comisarías del municipio de La Matanza. El equipamiento ahora está vacío. El programa quedó inconcluso porque faltaba el aval de los organismos de derechos humanos y del Ministerio de Justicia provincial.

Es una propuesta que promovió el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y que comprende la construcción de 13 “Alcaidías Móviles” que se ubicarían en predios que pertenecen al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Debían ser controlados y administrados por agentes de esa fuerza que se encarga del manejo de las prisiones provinciales.

Cárceles y seccionales son dos sistemas saturados y desbordados de personas privadas de la libertad: el SPB con poco más de 24 mil plazas, aproximadamente 49 mil condenados y procesados ​​por la Justicia. Y las más de 400 comisarías que dependen de Seguridad, con 1.700 camastros en sus calabozos, tienen que atender a 4.160 prisioneros, según el último dato oficial del ministerio. “Los policías están para custodiar a los vecinos y no para vigilar presos”, repiten en Seguridad, como fundamento para los traslados.

Hay fallos de la Suprema Corte bonaerense que instan al Poder Ejecutivo a desalojar las celdas policiales. Y también impiden nuevos alojamientos. Pero la falta de espacios en las penitenciarías no dejan alternativa a los jueces.

Casi idéntico era el escenario hace un año, cuando la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal avaló el proyecto para adquirir 143 contenedores, que se armaron en una fábrica del Gran Buenos Aires. Se invirtieron 510 millones de pesos. La licitación la ganó una empresa que se dedica a construir obradores, módulos para hospitales y boxes para traslado fluvial de mercadería.

La iniciativa contemplaba colocar cuatro en La Matanza y 9 en los predios que el SPB tiene cerca de las diferentes unidades de Melchor Romero. Cada alcaidía modular está compuesta por 11 contenedores. Según se detalló entonces, son unidades similares a las que funcionan en Inglaterra, Nueva Zelanda, España y Australia. Cada una está compuesta por tres tipos de habitáculos. Las habitaciones: con calefacción, aire acondicionado, camas, baños y duchas. Tienen capacidad para doce camas tipo cucheta dispuestas en línea en los dos laterales. Cada par tiene su escalera y un espacio de resguardado privado, compartimentado en cuatro partes de 34 x 34cm y 70cm de profundidad, de las cuales dos corresponden a cada individuo.

Están equipadas con dos duchas, dos inodoros y dos bachas con espejos, todos de características antivandálicas y de acero inoxidable.

Los “comedores”: tienen cinco mesas grupales y televisión. Y en el módulo de ingreso: es para administrar la unidad, las visitas, el monitoreo de las cámaras de vigilancia y los lugares para recibir a las familias de los internados en cada pabellón. Trece contenedores serían usados como “administración” y 23, como sum.

“Sobre el final de la gestión de Vidal no se pudo avanzar con la iniciativa por el rechazo de los organismos de DDHH”, admitió a Clarín un colaborador del ex ministro Cristian Ritondo.

Berni retomó la idea y la planteó ante la Mesa Intersectorial creada por decreto por Axel Kicillof para analizar alternativas a la superpoblación carcelaria y al hacinamiento de la población penitenciaria. Según pudo saber Clarín, el proyecto llegó a la Comisión por la Memoria, pero no hubo respuesta. “Ahora, en este contexto de crisis, ese proyecto está paralizado”, reconocieron en la CPM.

“Los módulos que se empezaron a hacer en la gestión de Vidal están en la etapa de terminación y habrá que evaluar luego con el Ministerio de Justicia si tienen la capacidad técnica para permitir la persistencia o no”, reconoció el ministro en una declaración reciente.

Fue en la misma presentación en la que Kicillof negó cualquier intervención del Poder Ejecutivo en la decisión de otorgar beneficios procesales a presos en riesgo de COVID-19. Despegó a su gobierno del presunto plan para descomprimir el sistema carcelario que se inició después de un fallo del vicepresidente del Tribunal de Casación, Victor Violini. En esa resolución se instruyó a los jueces de primera instancia a revisar los casos de presos mayores de 65 años, con antecedentes de enfermades de riesgo y embarazadas. Debían ser imputados o condenados por “delitos leves”.

Pero, después de esa medida, se conocieron disposiciones judiciales donde enviaron a sus domicilios a acusados ​​por violaciones, abusos, femicidios y homicidios.El escándalo derivó en un pronunciamiento de Alberto Fernández: en un primer momento el Presidente había avalado la medida, con el argumento de los riesgos sanitarios por la situación de las cárceles. Pero dos días después aclaró que no estaba de acuerdo en que delincuentes peligrosos salieran de las cárceles.

Ahora, el dictamen de Violini llegó a la Suprema Corte. El máximo tribunal judicial bonaerense admitió un recurso de queja que presentó el fiscal de Casación, Carlos Altuve, y la semana que viene se pronunciaría sobre el fondo de la cuestión: se espera un texto que “ordene” en los fueron inferiores la mecánica para habilitar morigeraciones de pena, salidas transitorias y domiciliarias.​

La Plata. Corresponsalía​

PS​