Referentes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) cuestionaron el salvataje del Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay (Casmu) por 56 millones de dólares, abriendo un nuevo capítulo de tensión con el Gobierno frente a su pasividad para brindar una solución a su déficit.
La semana pasada el Parlamento aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone crear un fondo de garantía de 56 millones de dólares para el Casmu con el objetivo de realizar una reestructuración de pasivos. Una decisión que generó algunos descontentos, incluso entre los trabajadores de la propia mutualista, frente a la posibilidad de una intervención de autoridades, algo que el Ministerio de Salud Púbica (MSP) aún no confirmó.
Entre los descontentos, se encuentran algunos referentes de la Caja de Profesionales que cuestionaron el monto brindado a la mutualista mientras ellos todavía siguen esperando una solución para su situación financiera deficitaria. Su director, Robert Long, criticó que la mutualista no fue intervenida, una medida que le parece “incomprensible”.
“Podría comentar sarcásticamente que en nuestra situación tan complicada tal vez lo mejor es que nos intervengan, con o sin desplazamiento, y solucionen la asistencia financiera”, comentó Long , según publicó la diaria y agregó: “deja un gusto muy amargo, entre tristeza e indignación”.
Por su parte, uno de los directores de la CJPPU electos por los afiliados activos, Fernando Rodríguez Sanguinetti, dijo que “parece mentira el doble rasero”. “El Poder Ejecutivo y el presidente de la República quieren salvar una mutualista, que habitualmente está fundida y a la que se va salvando con millones de dólares de los contribuyentes, y ni siquiera hay un ‘préstamo puente’ para la Caja de Profesionales”, cuestionó.
La tensa relación entre el gobierno y la Caja de Profesionales
A mediados de mayo, la Caja de Profesionales alertó que tiene fondos hasta el primer cuatrimestre de 2025 y aseguró que la recuperación y las soluciones macro están en manos del Ejecutivo y el Parlamento.
Sin embargo, la Constitución establece que cualquier modificación en materia presupuestaria y, por lo tanto, también de cuestiones relacionadas a la seguridad social pueden realizarse hasta un año previo a las elecciones presidenciales. Por lo tanto, para poder encarar nuevas propuestas para la Caja de Profesionales, hay que esperar a que Uruguay elija quién será su próximo presidente, ya sea en octubre o en noviembre, luego de una eventual segunda vuelta.
Al respecto, el presidente de la Cjppu, Daniel Alza, explicó en su momento que el directorio está esperando a que pasen las elecciones para volver a plantear la búsqueda de una solución para la crisis financiera que atraviesa la institución y el escenario proyectado de un déficit de hasta 100 millones de dólares anuales en el próximo quinquenio. Esto, cabe recordar, luego de que no prosperara en el Parlamento el proyecto de ley durante el año pasado.
“Lo que este directorio podía hacer, ya lo hizo”, aseguró Alza, recordando que la actual cúpula ingresó en diciembre de 2021 y que en febrero de 2022 tomó “las primeras medidas correctivas tendientes a ir paliando la situación que tiene el instituto respecto de su equilibrio financiero”.
“Venimos haciendo correcciones, venimos trabajando en la gestión, pero aspiramos a presentar enseguida que sean las elecciones, con el partido que le toque, en definitiva, ya empezar a trabajar para buscar otro tipo de soluciones para la situación del instituto”, añadió.
“Tenemos que seguir buscando alternativas y presentar alternativas diferentes, o seguir insistiendo con algunas que son las que entendemos que le pueden dar viabilidad al instituto”, apuntó Alza.
En octubre del año pasado, el proyecto de reforma de la Caja de Profesionales no logró avanzar en el Parlamento a tiempo para cumplir los plazos constitucionales, y su rescate quedó suspendido hasta, por lo menos, fines de este año.
Fuente Ambito
