En uso de las facultades delegadas por la llamada Ley Bases, el 11 de septiembre Milei firmó el decreto 819 modificando la ley de reconocimiento y protección del refugiado y la composición de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare). Diana Mondino y Patricia Bullrich acompañaron con sus firmas.
En los considerandos no se mencionaron los objetivos que persigue la Convención de Refugiados de la ONU, pero sí se hizo referencia a que no es aplicable a quienes cometen crímenes de guerra, contra la paz o contra la humanidad o un grave delito común.
Milei cometió un error –sin duda voluntario– al decir que los Estados parte no pueden poner en riesgo a quienes corren peligro de vida o libertad por sus “opiniones públicas”, cuando la Convención menciona “opiniones políticas”.
Tampoco se aludió al artículo de la ley nacional que establece la prohibición de expulsar a un refugiado –ya sea peticionario o reconocido como tal-, pero se citó la excepción a esa prohibición cuando existan razones de seguridad nacional o de orden público, y mencionó el “riesgo” de reconocer como refugiada a personas con graves antecedentes penales o ante la permanencia de quienes representen un peligro para la seguridad nacional.
Hasta la sanción del decreto, la Conare –que analiza y declara el status de refugiado– estaba integrada por miembros de los ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo Social y el Inadi. Como en agosto pasado, utilizando las mismas facultades delegadas por el Congreso, Milei disolvió el organismo contra la xenofobia y la discriminación, incluyó al Ministerio de Seguridad como integrante de la Conare. Y volvió a cometer una equivocación –no se trata de un dato menor– con el número del decreto por el que disolvió al Inadi.
El argumento –la seguridad interior– para incluir a un área que poco tiene que ver con el derecho internacional de los refugiados radica en la piedra basal de este gobierno: la represión y el menosprecio sistemático por los Derechos Humanos en aras de “seguridad”.
En junio pasado Milei otorgó (Decreto 496) a Mondino y a Bullrich la facultad de incluir a personas y organizaciones en el Registro de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo (Repet), con lo que, con esta nueva decisión, la otrora militante popular acrecienta su rol en esta gestión, que imperiosamente necesita de sus servicios para alimentar el eufemismo de “orden”, a la vieja usanza de las dictaduras y pieza constitutiva del plan Conintes (Conmoción Interna del Estado, antecedente de la metodología criminal de la última dictadura burguesa terrorista) creado en 1958 para reprimir las luchas sindicales, dando rol destacado a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Abrevando en tales fuentes, el 10 de septiembre pasado Bullrich dictó la Resolución 893 por la que creó el denominado Comando Unificado de Seguridad Productiva, con la excusa de la existencia de “graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos” –más eufemismos– en zonas de producción mineras, hidrocarburos, parques industriales, que hacen al crecimiento del país. Dicho comando debe prevenir y controlar el orden urbano en esas zonas.
Orden y seguridad son bases esenciales de esta gestión, que –no por casualidad– no pierde ocasión de reivindicar tanto la gestión económica como la criminal de la última dictadura. Se trata de un nuevo plan Conintes para disciplinar a los trabajadores y a sus organizaciones, demonizarlos a través de los medios afines y encausarlos y apresarlos con el auxilio de fiscales como Stornelli –cuya cabeza fue salvada por uno de los jueces invitados a los pagos de Lewis con fondos del grupo Clarín–.
Regresando al último decreto de Milei utilizando facultades delegadas, el derecho internacional de los refugiados recibe un duro golpe y la Conare quedará dominada por el criterio de seguridad –como sucedió en los sesenta y setenta con la Doctrina de la Seguridad Nacional– a cargo de Bullrich y de su asesor Carlos Manfroni, defensor de genocidas y uno de los reivindicadores más conspicuos de los campos de tortura y exterminio. Y de los eufemismos predilectos de los dictadores para ocultar que, al fin y al cabo, hicieron el trabajo sucio para los detentadores de grandes fortunas. «
Fuente Tiempo Argentino
