En la localidad de Charata, provincia de Chaco, se hizo el juicio por el homicidio de Leandro Bravo, de 37 años, que fue torturado y asesinado. Cuatro efectivos de la Policía están acusados por los hechos acontecidos el 26 de febrero de 2022. Durante el debate, declararon varios testigos que señalaron la brutalidad que ejercieron los uniformados sobre la víctima. Sin embargo, este miércoles en los alegatos, la Fiscal de Cámara Susana Rinaldis pidió la absolución de todos los imputados.
No obstante, los abogados querellantes, que son miembros del Comité para la Prevención de la Tortura y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, fueron categóricos y pidieron la máxima pena prevista; prisión o reclusión perpetua. Los policías imputados son: Alexis Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Diaz.
El Tribunal está presidido por el juez de la Cámara en lo Criminal de Charata, Juan Carlos Clauter. Y es secundado por las juezas Andrea Sánchez y Lorena Cimbaro Canella. Ambas magistradas -de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral- reemplazaron a los dos jueces que debían intervenir en el juicio, pero fueron inhibidos. El próximo 12 de noviembre se conocerá su sentencia.
Durante el debate oral y público, distintos testigos brindaron testimonios esclarecedores. Entre ellos, una vecina que declaró. “Yo no llamé al 911 como dijo la policía, a mí no me quiso robar Bravo en ningún momento”. Además, dijo que los policías le pedían que firmara un papal que mencionaba un intento de robo, “pero no lo hice, me decían que era un acta sobre lo que había pasado”.
Otra testigo aseguró, “vi cuando los subían a la caja del móvil policial golpeado y esposado”. A pesar de todo ello, la fiscal decidió no acusar a los imputados y pidió la absolución. En esta línea la querella explicó que: “Fue un hecho de torturas seguida de muerte de los más graves, porque sucedió a plena luz del día y a la vista de los vecinos”.
La madre de Leandro Bravo, en lucha
En estas instancias definitorias del juicio, “lo que está en juego son las presiones políticas, de todos modos, seguiremos luchando por justicia, no nos van a doblegar», remarcó Nora, madre de la víctima. «Como familia creo que lo hicimos todo, lo dimos todo, lo dejamos todo”, expresó.
“Ahora todo depende de la resolución del tribunal. Espero que tengamos justicia, porque necesitamos que los asesinos sean condenados. La verdad es que los acusados tienen demasiadas pruebas en contra como para que queden libres», reclamó la mujer.
Florencia Sánchez, hermana de Leandro: «Quiero expresar todo el agradecimiento a todos aquellos que nos han acompañado en este proceso de búsqueda de justicia y esclarecimiento de los terribles hechos ocurridos aquel 26 de febrero de 2022”.
“Pongo en claro, que más allá de lo que resuelva este Tribunal, nosotros y nosotras sabemos qué fue lo que ocurrió. A Leandro los detuvieron en forma ilegal, porque no estaba cometiendo ningún delito y eso ya quedó demostrado, tampoco hubo orden judicial para ello”, remarcó Florencia.
“Lo detuvieron con vida, sin ningún tipo de lesiones en su cuerpo. Después de esa detención ilegal y de esa golpiza que le propinaron, lo bajaron del patrullero sin vida en el hospital. Todo esto que digo ya quedó demostrado en las cinco audiencias que se llevaron adelante la semana anterior”, denunció la joven.
Pruebas contundentes contra los policías
«Los aportes probatorios que tenemos en la causa son contundentes y concluyentes. Los aportes testimoniales, las cámaras de seguridad, las pruebas científicas, la autopsia y la re- autopsia, el informe de anatomopatología y el informe de psiquiatría forense muestras la culpabilidad de todos los imputados”, subrayó Jorge Ferronato, abogado de la familia.
El letrado continuó señalando que los uniformados protagonizaron: “Persecución, hostigamiento y las lesiones que se registraron en el cuerpo de Bravo”. Y que la causa de la muerte fue:” Asfixia traumática con compresión de cuello y tórax, en forma intermitente”.
Hechos que fueron comprobados
«Quiero rescatar el trabajo que hizo la familia en la investigación judicial. Porque sin la recolección de los testimonios, sin las cámaras de seguridad y sin haber visto el cuerpo en el velorio, esto no hubiese llegado a ningún lado”, valoró Romina Duarte, abogada querellante, representante del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco. “Porque es lo que suele suceder en las causas de violencia institucional en la provincia de Chaco”, denunció.
Roberto Sotelo, abogado querellante, también del Comité, sostuvo: «Desde el primer momento que nos constituimos como querellantes, hemos acompañado las decisiones de la familia. Sobre todo, sustentado los elementos de prueba, que están incorporados en el expediente y que dan cuenta que estamos ante un hecho que se califica como tortura seguida de muerte”.
Detalle de los hechos
Leandro Bravo, a los 37 años, esperaba cumplir su sueño, recibirse de abogado. Le faltaba solo una materia. Su familia lo recuerda con alma de poeta y una gran pasión por el Rock Nacional. En 2017 había sido detenido y golpeado por la policía. Y, a partir de ese momento, se agudizó su consumo problemático de sustancias.
El 26 de febrero de 2022 murió bajo custodia policial, luego de haber sido levantado de la calle sin haber ofrecido resistencia y en medio de una golpiza que le propinaron en el suelo un grupo de policías. Uno de los setenta videos que hicieron los vecinos -que están incorporados a la causa- muestra cuando lo suben a uno de los cuatro patrulleros que habían acudido al lugar.
Llegó al hospital sin vida, con lesiones en la cara, hombros, marcas en las muñecas y lesiones en las piernas. El 14 de marzo de 2022 -por este caso de violencia institucional- fueron detenidos cuatro uniformados: Alexis Fleitas Noguera, Franco Daniel Sosa, Carlos Agustín Díaz y Enzo Matías Gómez.
El terrible procedimiento policial quedó registrado en los celulares de los vecinos del lugar. En abril del mismo año, se pudo realizar la re-autopsia, que muestra la brutalidad policial que sufrió Bravo antes de morir. Los familiares están acompañados por organismos de Derechos Humanos, distintas organizaciones sociales y políticas que exigen justicia.
Finalmente, este miércoles la Fiscal de Cámara, Susana Rinaldis, a pesar de todo esto, pidió la absolución de los cuatro policías imputados. El próximo 12 de noviembre el Tribunal dictará su sentencia. Los familiares agitan que es “perpetua o impunidad”, esta frase quedó plasmada en la localidad chaqueña de Charata.
Fuente Tiempo Argentino
